Amnistía y corrupción

Si una de las acepciones de corrupción es el “vicio o abuso introducido en las cosas no materiales” quizás la más grave corrupción de la democracia por este Gobierno no venga de los Koldos, Jésicas o Cerdanes, sino de la amnistía. Esto nos lo ha venido a recordar la Comisión Europea en su informe sobre la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Cuentas ante el Tribunal de Justicia Europeo. Cuestión que, por otra parte, tiene íntima relación con la corrupción en sentido estricto, pues lo que hace la ley cuestionada es impedir que el Tribunal de Cuentas cumpla su función de controlar los fondos públicos.

La reacción del Gobierno ha sido muy agresiva: el ministro de Justicia (y de Presidencia, y de Relaciones con las Cortes), publicó el siguiente tuit: “Un exjefe de gabinete de dos comisarios del PP coló su argumentario en el escrito. Le han relevado de su puesto. Por lo que sea”. Es decir, acusa nada menos que al director de los servicios jurídicos de la Unión Europea, Daniel Calleja, de actuar al dictado del PP y al mismo tiempo sugiere que la presidenta Von der Leyen le ha destituido precisamente por ese informe.

El comentario es, además de falso, inadmisible. El respeto que un ministro merece debería exigir en contrapartida una actuación mínimamente institucional. Es impresentable que el desacuerdo con un informe se convierta en un ataque personal a un alto funcionario de la Unión Europea, y que además sugiera que es el motivo de su destitución, cuando resulta que la presidenta de la Comisión Europea le acaba de nombrar el próximo representante de la Comisión en España.

Es difícil de entender una reacción tan irresponsable y poco institucional por parte de nuestro ministro, que coloca a España en pésima posición frente a la UE. Además, es incoherente, porque en el mismo tuit celebra que el informe advierta que no está clara la afectación directa de los intereses económicos de la UE por el proceso secesionista, lo que puede impedir que el Tribunal declare que la Ley de amnistía infringe el Derecho europeo (¿eso también lo ha colado alguien?).

Daniel Calleja no necesita que yo le defienda. Basta con leer su currículum, con casi 40 años de experiencia en cargos de gran relevancia en la Comisión, para comprender que poco le va a influir el PP, con el que la relación más reciente es haber sido jefe de Gabinete hace más de 20 de años de la vicepresidenta de la Comisión, Loyola de Palacio.

Pero sí me quiero detener, en el contenido del informe, pues más que a la opinión del PP se parece a la de cualquier jurista formado.

«El informe de la CE considera que la ley de amnistía vulnera los principios de igualdad y Estado de derecho»

La Comisión reconoce primero que el Tribunal de Cuentas efectivamente puede plantear ante el TJUE si la ley de amnistía vulnera la normativa europea. Además, señala que el principio de tutela judicial efectiva hace inaplicables los artículos de esa ley que limitan la función judicial al aplicarla: el plazo imperativo de dos meses, el levantamiento automático de todas las medidas cautelares, y la regla que impedía a una de las partes del proceso (en este caso Sociedad Civil Catalana) participar en el procedimiento.

Desde un punto de vista más general, recoge la crítica de la Comisión de Venecia de que no se aprobara por el procedimiento normal sino por vía de urgencia y, sobre todo, considera que la ley de amnistía vulnera los principios de igualdad y Estado de derecho consagrados en el art. 2 del Tratado de la Unión. Entiende que cualquier amnistía es contraria a la igualdad ante la Ley, por lo que para estar justificada debe responder a un poderoso motivo de interés general. El problema es que en este caso el interés es particular, porque “los votos de sus beneficiarios han sido fundamentales para su aprobación” y “porque el proyecto de ley es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España”. Por todo ello, partiendo de que una autoamnistía es contraria al principio del Estado de derecho, señala que “el mismo criterio habría que aplicar cuando quien está en el Gobierno garantiza la impunidad de sus socios a cambio del apoyo parlamentario”.

No hay en esto nada nuevo. Lo había dicho la Comisión de Venecia (que cita reiteradamente el informe), lo había explicado la Fundación Hay Derecho en el Senado, lo habían advertido numerosísimos juristas españoles, algunos tan poco sospechosos de seguir los dictados del PP como Manuel Aragón, Pedro Cruz Villalón o Víctor Vázquez. En realidad, lo había reconocido el propio PSOE al firmar los pactos con ERC y Junts, y el presidente cuando dijo que había que hacer de la necesidad virtud.

La razón del ataque es que el informe nos recuerda algo evidente, que la exposición de motivos de la ley (y al parecer la ponente del Tribunal Constitucional) tratan de ocultar. Su objetivo es hacer pasar por una idea de la oposición algo que todos -y el ministro- sabe: que la ley tiene un vicio de origen porque persigue el interés particular de unos políticos y no el interés general, y que por eso supone una corrupción de la Ley, una Ley contra el Imperio de la Ley.