La constitucionalización de la corrupción política y moral
«Se cierra así una página de nuestra historia y se da paso a una nueva, más oscura, en la que cualquier mayoría parlamentaria podrá borrar delitos a conveniencia»
Los magistrados progresistas del Tribunal Constitucional. | Alejandra Svriz
Hace unos meses, los medios publicaron que Cerdán se había comprometido ante Puigdemont a que el Tribunal Constitucional avalaría la constitucionalidad de la amnistía en verano. Que los seis magistrados progresistas ratificaran ayer el encaje constitucional de la ley, certifica que los susodichos son meros peones políticos al servicio del sanchismo para demoler la estructura democrática española y subordinarla a las necesidades del líder socialista.
Ayer fue el día en el que el Constitucional dejó de ser un guardián de la Carta Magna para convertirse en su enterrador. Cándido Conde-Pumpido y los suyos han rubricado una traición: han declarado que una ley nacida del chantaje -impunidad a cambio de una investidura-, tiene amparo constitucional, aunque dinamite principios básicos como la igualdad ante la ley, la separación de poderes y la seguridad jurídica. La amnistía, presentada como una herramienta de reconciliación, no es más que el precio de un acuerdo político que busca perpetuar a un presidente en el poder. Y el TC, lejos de frenarlo, lo ha bendecido.
No estamos ante un episodio de la crónica de degradación democrática española, sino ante su culminación. El sanchismo ha colonizado sistemáticamente los contrapesos del sistema: indultó a los líderes sediciosos catalanes, rebajó la malversación y derogó la sedición para borrar las ilegalidades cometidas. Ahora, con esta amnistía, se institucionaliza el olvido penal de todo aquello. Porque no se trata solo de perdonar a una banda de delincuentes, sino de borrar la historia del triunfo del Estado de derecho sobre quienes lo intentaron quebrar.
El principal y nocivo efecto que se desprende de la constitucionalización de la amnistía es que los españoles perciban que mientras la legalidad es un impedimento insalvable para el común de los ciudadanos, es solo un obstáculo negociable para las élites. Que la Constitución es un trapo que los políticos pueden usar para limpiar sus crímenes.
Porque esta ley no sólo amnistía al independentismo, sino al propio sanchismo. Borra también su complicidad, sus pactos con fugados, sus cesiones infames. Borra la propia indignidad de haber construido una investidura sobre la impunidad. La amnistía no es un acto de generosidad ni de reconciliación, es un blindaje. Es la autoabsolución de una clase política que se coloca por encima de las consecuencias legales de sus actos.
«El aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía consagra el giro autoritario de un país al que se engañó en las urnas hace apenas dos años con la promesa de que nunca se aprobaría»
El Tribunal de Garantías ya no interpreta la Constitución: la reescribe al dictado del sanchismo. Se ha arrogado la condición de poder constituyente, rompiendo el pacto del 78 sin consultarlo con los ciudadanos. Ha consagrado una «Constitución abierta» donde cualquier reforma encubierta cabe mientras beneficie la gobernabilidad de Pedro Sánchez. No estamos ante una ley más, sino ante la derogación de facto de los artículos 9.3, 14 y 117 de la Constitución, que garantizaban -hasta hoy- la seguridad jurídica, la legalidad, la interdicción de la arbitrariedad, la igualdad ante la ley y la potestad exclusiva del poder judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
Se cierra así una página de nuestra historia y se da paso a una nueva, más incierta y oscura, en la que cualquier mayoría parlamentaria podrá borrar delitos a conveniencia. Si esta amnistía ha sido validada, nada impide una futura amnistía al terrorismo, a la corrupción o al propio gobierno.
Y mientras tanto, los jueces que aplicaron la ley, los fiscales que persiguieron los delitos, los ciudadanos que confiaban en el sistema son abandonados, vapuleados y humillados. El Poder Judicial ha sido doblegado al capricho personal de un presidente, la legalidad excepcionada para amparar la conveniencia de un político.
El aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía consagra el giro autoritario de un país al que se engañó en las urnas hace apenas dos años con la promesa de que nunca se aprobaría. Pero ya se sabe que las promesas de los socialistas no valen nada. La amnistía es corrupción política porque usa la impunidad como moneda de cambio. Pero también es corrupción moral, porque destruye el valor mismo de la justicia y de la igualdad.