Golpe del Tribunal Constitucional al Estado de derecho
«No debemos olvidar nunca a quienes prefirieron antes obedecer a un presidente que a su mandato constitucional. Sus nombres están ya unidos a ese día de la infamia»
Los jueces progresistas del Constitucional. | Ilustración de Alejandra Svriz
La fecha del 26 de junio de 2025 quedará ya marcada a fuego en la Historia de España como el día en que el Tribunal Constitucional, el encargado de garantizar la supremacía de nuestra Carta Magna, de defender el orden constitucional y de proteger los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos, dio el golpe más destructivo que se haya dado nunca al Estado de derecho en nuestro país.
El día de la Infamia en España es ya el 26 de junio de 2025. Ese día seis jueces del Tribunal Constitucional aprobaron la Ley de Amnistía en el más humillante ejercicio de sumisión y servilismo al Gobierno que se haya visto en lo que se suponía que era un órgano autónomo e independiente que debería de garantizar la estabilidad del sistema jurídico y la protección de los derechos fundamentales ante la ley.
No debemos olvidar nunca a quienes prefirieron antes obedecer, por miedo o fanatismo, a un presidente de Gobierno que a su mandato constitucional. Sus nombres están ya unidos a ese día de la infamia. El primero de ellos es Cándido Conde-Pumpido, un presidente que para muchos es más bien el delegado del Gobierno en el TC, al estilo de Armengol en el Congreso de los Diputados o de Tezanos en el CIS. No es nuevo en ese entusiasmo gubernamental. Lo hizo antes y durante siete años como fiscal general del Estado en los dos mandatos de Zapatero. (Siempre el nombre de Zapatero en todas las salsas amargas).
A la vera de Conde-Pumpido, al que por cierto espera suceder pronto, tenemos a la disciplinada vicepresidenta y ponente de la sentencia, Inmaculada Montalbán. Magistrada de reconocida trayectoria progresista. Tanto que acabó derrapando con su participación en la sentencia del caso de los ERE en los que exoneraba a los expresidentes de la Junta de Andalucía y del PSOE, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El mismo, este último, que en 2012 le concedió a Montalbán la Medalla de Andalucía, pese a lo cual ella no se abstuvo de participar en su exoneración, provocando las lógicas dudas sobre su imparcialidad.
Junto a ellos están cuatro vocales más del bloque progresista. Ramón Sáez, magistrado de reconocida experiencia y que aparece relacionado con el independentismo catalán por ser responsable de sentencias polémicas como la absolución de los acusados por el asalto al Parlament catalán en 2011 y por la también sentencia absolutoria del mayor Josep Lluís Trapero por los hechos del 1-O en 2017. En aquella sentencia se decía que Trapero no cometió delito penal, a pesar de que solo desplegó a 7.850 efectivos del total de 16.780 que tenían los Mossos y que de su política de minimizar daños acabó siendo de tal pasividad que de hecho permitió que se celebrara el ilegal referéndum de independencia de Cataluña. Pese a todo esto, salió absuelto.
No se queda atrás María Luisa Balaguer, la magistrada siempre proclive al nacionalismo catalán. Hasta tal punto que en su día mostró su rechazo a la sentencia que hizo el Constitucional sobre el Estatut de Cataluña. Decía Balaguer que esa sentencia negaba cualquier opción de soberanía al pueblo de Cataluña. Siempre ha mantenido una posición más cercana y comprensiva con la voluntad independentista que con el papel del propio TC al que llegó en algún momento a calificar de «comisario del poder constituyente».
Pocos magistrados han tenido una tan estrecha relación con la Generalitat como la magistrada catalana Laura Díez que fue incluso asesora del Gobierno catalán en la reforma del Estatut entre 2002 y 2004. Era solo el principio de una estrecha vinculación que la llevaría de 2004 a 2010 a ser adjunta al Sindic de Greuges de Cataluña (el defensor del pueblo catalán). Más tarde, entre mayo de 2022 y enero de 2023, fue vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat, donde por cierto participó en la elaboración del dictamen que avalaba la ley catalana del 25% de castellano en las escuelas. Asunto sobre el que se abstuvo de participar cuando la polémica ley llegó también al TC.
Y la sexta votante a favor de la Ley de Amnistía ha sido la magistrada María Luisa Segoviano, de una dilatada y prestigiosa carrera judicial que le llevó en 2020 a ser la primera mujer en presidir una sala del Tribunal Supremo en sus más de doscientos años de historia. Ya en su día manifestó que aunque existiera jurisprudencia previa, casos como el de la autodeterminación de Cataluña, deberían poder tratarse sin rechazar de entrada ninguna cuestión. Se entiende que ni siquiera la Constitución debería ser un freno para ello.
Y si todo esto no fuera ya determinante para una ley que lleva al Estado de derecho al máximo estrés no hay que olvidar tampoco el surrealismo añadido por la posición del que fuera ministro de Justicia con Pedro Sánchez y que este, incumpliendo una vez más su palabra, mandó del sillón ministerial a uno de los sillones del TC. Surrealismo total porque siendo Juan Carlos Campo ministro de Justicia, sí de Justicia, declaró por activa y por pasiva que una Ley de Amnistía sería claramente inconstitucional. Una ley del Gobierno del que formó parte. «Claramente inconstitucional». Campo por razones de coherencia e imparcialidad dio un paso atrás y se abstuvo.
«Y ojo que no está todo dicho. Queda la esperanza de que el TJUE de Luxemburgo arregle el desaguisado del TC»
Sin entrar en consideraciones de la sentencia como esa en la que se afirma que si la Constitución no prohíbe expresamente la amnistía pues entonces es legal, lo que nos llevaría por reducción al absurdo a que otras acciones ilegales o inmorales políticamente podrían ser legales porque tampoco están escritas expresamente en la Carta Magna. Sin valorar tampoco eso de que no es una ley arbitraria, ni fruto de un mero capricho político, cuando todo el mundo sabe que es un chantaje por siete votos de Junts en el Congreso. Sin querer quedar como tontos cuando nos dice que no vulnera la separación de poderes. Sin entender que en la sentencia se apropien de la propia explicación política del Gobierno para justificar medidas que reconocen que son extrajudiciales cuando ellos son los jueces garantes de que se cumpla la más alta ley que es la Constitución. Sin entrar siquiera en el pánico y prisas que les entró por decidir antes de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea les tirara abajo la sarta de atrocidades legales que supone esta Ley de Amnistía y que en toda la UE se sabe ya que es una ley de autoamnistía. Sin entrar en nada de eso, lo que sí podemos decir es que estamos ante el mayor golpe que se ha dado contra nuestro Estado de derecho y que ha sido tristemente ejecutado por el órgano que tenía que defenderlo.
La amnistía no está contemplada por nuestra Constitución, aunque lo diga el TC. Esta ley viola la separación de poderes, rompe el principio de igualdad de los españoles ante la ley, ha tenido una tramitación parlamentaria irregular e ilegítima, debilita el imperio de la ley y deslegitima las instituciones. Lo dicen los cuatro vocales que han votado en contra. Lo dice la oposición y lo dicen también destacados políticos socialistas, lo dice Europa, lo dice el sentido común y el sentido ético. Lo piensa la inmensa mayoría de españoles y lo prueba que Tezanos nunca haya querido preguntar sobre ello en el CIS.
No nos merecemos un Tribunal Constitucional que piense más en favores, ideologías y gustos personales, que en el futuro del Estado de derecho en España. No nos lo merecemos. Y ojo que no está todo dicho. Queda la esperanza de que el TJUE de Luxemburgo arregle el desaguisado del TC.