Sujétame el cubata: el Titanic cabe en la Constitución

A estas alturas de legislatura el dictamen del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Amnistía no puede haber pillado por sorpresa a nadie. Otra cosa bien distinta es pensar que un órgano político, cuyos miembros son nombrados gracias al reparto de puestos de los dos grandes partidos políticos, de PP y PSOE, en un momento de máxima crispación política, iba a abstraerse del viciado ecosistema que les envuelve. Eso sería de una ingenuidad extrema.

Vamos, que la Constitución, gracias a las múltiples ambigüedades e incluso omisiones con las que fue redactada en su momento, a fin de unir voluntades y no pisar callos ni sensibilidades en aras del entendimiento de los hombres y mujeres españoles, más allá de bandos y trincheras, tras la dictadura, se ha convertido en un enorme cajón de sastre en el que caben cosas que el legislador que la parió no creería. Ni lo creería ni lo admite, como hace Felipe González cuando asegura que esta Ley de Amnistía «es un acto de corrupción política en el peor de los sentidos». También carga contra ella Alfonso Guerra, quien, entre bambalinas y mano a mano con su rival político de entonces, el vicepresidente del Gobierno Fernando Abril Martorell, metía pluma o tijera según acordase ese dúo en la sombra, a los textos que los padres de la Carta Magna iban tejiendo en aquella ponencia constitucional. Eran ellos quienes bendecían o suprimían en su día lo que los padres de la Constitución les iban presentando.

Cuarenta y siete años después, clama Guerra desde el seno de su partido, donde sus herederos le han convertido en un «jarrón chino», que la voluntad expresa entonces fue no aceptar más amnistías políticas que la que se aprobó en 1977, que afectó a los represaliados por el franquismo, pero también a aquellos que cuerpos policiales y franquistas que ejercieron con mano de hierro los postulados del régimen. Pero clama en el desierto, por lo que a Pedro Sánchez y el resto de dirigentes socialistas, del sanchismo imperante, respecta.

El Tribunal Constitucional ha dictaminado que a esta Carta Magna le cabe la Constitución y hasta el Titanic, con toda su tripulación y pasaje diciendo adiós desde el puerto de Southampton, si es voluntad de las Cortes Generales. La tesis que defiende la ponente Inmaculada Montalbán y todo el bloque que ha suscrito su texto es que la voluntad del legislador actual representa a la voluntad popular y es la que prevalece, mientras que los pocos testimonios vivos de aquella obra de arquitectura de la convivencia e ingeniería jurídica siguen haciéndose cruces y aspavientos tan grandilocuentes como estériles. Aquel espíritu que reivindican ha saltado por los aires.

A estas alturas de la legislatura, quizás no sepan ustedes que la amnistía ya se está aplicando desde hace más de un año y que, de hecho, alrededor de 200 personas -tanto policías acusados de extralimitarse en sus funciones, como directores de centros escolares, profesores y conserjes que acogieron las urnas aquel 1 de octubre, pero también ciertos líderes políticos o directores de medios de comunicación- se han visto beneficiados por la misma.

“Dicen los suyos que Puigdemont volverá y que nadie va a atreverse a meterlo en prisión”

La amnistía está en vigor, pero la partida sigue. Quienes fueron condenados por sedición y malversación aquel 1 de octubre, como el líder de ERC, Oriol Junqueras, dicen estar convencidos de que, siguiendo el criterio del Tribunal Supremo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no les va a amnistiar la condena por malversación y el líder de Junts, no condenado tras su reconocido expertís en fugas, Carles Puigdemont, se lo pensará dos veces antes de volver a España, a Cataluña, aunque sea para hacer una peineta acelerada y volver a salir corriendo hasta que los talones le golpeen las posaderas.

Dicen los suyos -y llevan diciéndolo demasiado tiempo como para ser creíbles- que Puigdemont volverá y apuntan a renglón seguido que nadie va a atreverse a meterlo en prisión, diga lo que diga el juez que mantiene la orden de detención cursada sobre su persona. Pero la partida sigue viva y está por ver el dictamen europeo ante la malversación.

Lo que, en cambio, está visto es el miedo cerval que Puigdemont tiene a España, a sus servicios secretos (a los que ha burlado convenientemente en alguna ocasión, sea o no en una acción coordinada) y a un hipotético complot para acabar con su persona, según aseguran algunos de sus más cercanos.

El mandato de Cándido Conde-Pumpido en el Constitucional expira en enero de 2026 y ésta puede haber sido su última gran actuación, pero vendrán otros y el Tribunal Constitucional será, una vez más, lo que PP y PSOE quieran.

La Constitución tiene unas enormes tragaderas, o no le cabe un cacahuete a martillazos, según se mire o de acuerdo con las mayorías que la interpreten. Y la única forma de modificar esa tendencia es con el concurso de populares y socialistas, bien reformando la Carta Magna para aclarar ambigüedades y omisiones, o bien modificando el sistema de reparto de puestos en el Tribunal Constitucional, que se ha venido envileciendo, aunque manteniendo conscientemente en las últimas décadas. Ellos tienen en su mano la solución, la cuestión es si quieren aplicarla o esperar su turno.