Un decreto a medio voltaje: por qué el sistema eléctrico sigue atrapado en sus propios límites

El pasado 24 de junio, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 7/2025, que supuestamente contenía medidas urgentes para reforzar el sistema eléctrico español tras el grave apagón del 28 de abril. Aquel fallo, que dejó sin suministro a millones de hogares y empresas, puso al descubierto no sólo la fragilidad técnica de la red, sino también las limitaciones de un modelo regulatorio que no está a la altura del momento histórico que vivimos como es la aparición de nuevas actividades económicas que requieren de electricidad para desarrollarse.

En el plano estrictamente de análisis de redes e infraestructuras, tras una lectura detallada del decreto y su letra pequeña, cuesta compartir el optimismo institucional y de buena parte del sector. Si bien el texto incorpora ajustes relevantes —como la posibilidad de revisar la planificación de la red de transporte cada tres años o la inclusión más ágil de nuevas posiciones en subestaciones existentes—, lo cierto es que el núcleo del problema permanece intacto: seguimos sin capacidad real para invertir al ritmo que exigen la transición energética y la nueva industria.

La clave está en lo que el decreto no cambia. No se revisan los límites regulatorios impuestos a la inversión en redes de transporte y distribución. Estos topes, fijados en su día con lógica de contención del gasto, hoy actúan como un freno estructural a cualquier intento serio de modernizar la red eléctrica española. Sin romper ese corsé, ni el mejor fast track podrá resolver los cuellos de botella que hoy sufren industrias electro intensivas, parques de renovables o desarrollos de movilidad eléctrica que no logran conectarse a tiempo.

En materia de redes, el decreto incorpora un mecanismo para autorizar inversiones puntuales —hasta un millón de euros— en subestaciones ya existentes, aprobado por el Secretario de Estado de Energía cada cuatro meses. Una solución ágil, sí, pero insuficiente para cubrir el volumen de demanda acumulada. También se permite por primera vez que varios consumidores compartan posición en una subestación o que los distribuidores puedan desarrollar redes de 220 kV, algo que hasta ahora solo correspondía a los transportistas. Un cambio técnico relevante que permitirá aprovechar mejor la capacidad disponible. Pero, de nuevo, hablamos de aprovechar lo que ya existe, no de desplegar lo que necesitamos.

A estos pasos se suma un calendario más dinámico para las modificaciones de la planificación de red —cada dos años como mínimo— y la revisión trienal de la planificación general, que mantiene su horizonte de seis años. Un marco algo más flexible, pero que no escapa de la tramitación pesada, la burocracia técnica y los límites financieros que frustran tantos proyectos.

Lo más preocupante es que el propio decreto reconoce la necesidad de incluir actuaciones urgentes en la planificación actual (2021-2026), incluso con posibilidad de superar los límites de inversión anual. Pero ¿de qué sirve esta declaración de urgencia si no se desbloquean los mecanismos para financiarla con agilidad? La urgencia, sin presupuesto ni ejecución, se convierte en papel mojado.

Las asociaciones industriales llevan tiempo advirtiendo que la saturación de la red está dejando fuera proyectos clave para la reindustrialización y la transición ecológica. Muchos se están yendo a otros países con marcos más ágiles y menos encorsetados.

Por otro lado, el decreto incluye medidas valiosas en otros ámbitos, como la agilización de puntos de recarga, el impulso al almacenamiento eléctrico o la flexibilización del cumplimiento de hitos administrativos para instalaciones renovables. También avanza en la definición del agregador de demanda o en la regulación del gestor del autoconsumo. Pero son avances más cercanos a la eficiencia regulatoria que a la transformación del sistema.

Tras el apagón de abril, uno habría esperado un golpe de timón político. Un rediseño profundo que abordara de frente los límites que asfixian al sistema eléctrico: desde la lentitud de las autorizaciones hasta la rigidez de las reglas de inversión en redes. En su lugar, hemos tenido un decreto técnico, prudente, que intenta parchear sin tocar el marco de fondo.

España necesita hoy un sistema eléctrico robusto, flexible y preparado para absorber el crecimiento exponencial de la demanda eléctrica que trae consigo la electrificación de la economía, el despliegue de renovables, la industria del hidrógeno o la movilidad eléctrica. Eso no se consigue con retoques, sino con una apuesta clara y valiente por desbloquear la inversión en redes, facilitar la conexión de demanda y establecer un marco normativo adaptado al siglo XXI.

El RDL 7/2025 puede ser útil en lo inmediato. Pero no puede ser el final del camino. Si queremos evitar nuevos apagones —y nuevas oportunidades perdidas—, hay que salir del cortoplacismo regulatorio y encender de verdad las luces largas.