Morir matando

Ya pueden constatar la Comisión Europea, el GRECO, los índices de valoración prestigiosos o la prensa internacional, el deterioro del Estado de derecho en España que nuestros políticos en el poder y, especialmente, el presidente del Gobierno, están como quien oye llover y disfruta de la melodía.

Tampoco hacen mella en el ánimo del presidente lo que la UCO va «descubriendo», los procedimientos judiciales en los que tiene inmersos a familiares y allegados ni los reveses que va recibiendo en el ámbito europeo e internacional. «Tirar la toalla no es una opción», afirma ante un Congreso de los Diputados en los que la oposición juega a la pelota como ante la pared de un frontón en la que ésta rebota la lance como se la lance y los mariachis que acompañan al Gobierno se revuelven en sus curules elucubrando acerca de cómo pasar caja de la manera más favorable a sus míseros intereses. Porque, no tengan duda, apoyarán la continuidad de Pedro Sánchez con una aparente crítica, por aquello de que algo tienen que decir, buscando la continuidad de una posición privilegiada que nunca hubieran imaginado y que les permita, durante el máximo tiempo posible, controlar una implosión con los menores efectos colaterales posibles. Hay que tratar de asegurarse los garbanzos futuros, que el caviar del presente se les acaba.

Por eso, que la Comisión Europea, con ese lenguaje propio de los informes basados en los criterios prefijados en el denominado «Cuadro de indicadores de Justicia», que se publicó por primera vez en 2013 y que se actualiza anualmente, deje temblando la mayor parte de los ámbitos examinados, afirmando en prácticamente la mayoría de los casos que España da cumplimiento parcial, es decir que, en el fondo, incumple las propuestas y recomendaciones que se le vienen haciendo, es irrelevante a los ojos de la coalición que nos (des)gobierna.

Repasemos un poco los temas. Tal como está estructurado el informe de la Comisión, se trata de constatar qué nos dicen acerca del sistema judicial, el marco de lucha contra la corrupción, libertad y pluralismo de los medios de comunicación y otras cuestiones institucionales entre las cuales sitúa a la Ley de Amnistía, el recorte de la iniciativa legislativa popular o los incumplimientos de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

Vayamos por partes. Pero antes, es necesario advertir, en primer lugar, que se trata de un informe que es un instrumento de verificación sobre el respeto al Estado de Derecho que analiza en qué grado se han cumplido las recomendaciones anteriores, por lo que incluye tanto los aspectos positivos como los negativos. Y, en segundo lugar, que lo elaboran los juristas de la Comisión Europea, a partir de las informaciones suministradas por el propio Estado, otros órganos públicos y las organizaciones de la sociedad civil que responden a la consulta que la Comisión organiza para poder contrastar hechos y datos. No es, pues, una sentencia de un tribunal, sino un instrumento de análisis que sirve a las instituciones europeas para que puedan realizar mejor sus funciones. Es cierto que el mismo Tribunal de Justicia de la UE puede tenerlo en cuenta como elemento de interpretación en sus sentencias y también lo es que los Estados y, concretamente, España, debería hacer lo propio para no caer en el descrédito internacional.

«La Comisión constata la baja valoración que la ciudadanía y las empresas otorgan a la independencia de jueces y magistrados»

En cuanto al sistema judicial, la Comisión constata la baja valoración que la ciudadanía y las empresas otorgan a la independencia de jueces y magistrados, pues sólo el 39% de la ciudadanía y el 40% de las empresas la consideran buena o muy buena. Aunque celebra que se hubiera renovado el Consejo General del Poder Judicial tras el procedimiento de diálogo estructurado facilitado por la Comisión Europea y que el Consejo va realizando los nombramientos que tenían pendientes de cargos judiciales, valora negativamente que no se haya adoptado la normativa prevista en este diálogo para reformar el modo de elección de los vocales de este órgano conforme a los estándares europeos.

Sobre el Fiscal General del Estado advierte el deterioro institucional que comporta el hecho de que esté encausado y se hace eco de la preocupación expresada por asociaciones de fiscales sobre los riesgos que la reforma que pretende el Ejecutivo, en la que se prevé que el mandato del Fiscal General sea de cinco años, para la independencia e imparcialidad de sus subordinados. Se hace eco también la Comisión de la alarma que suscita el hecho de que el Consejo General del Poder Judicial y las cuatro principales asociaciones judiciales adviertan sobre las declaraciones públicas de personajes políticos pretendiendo desacreditar al Poder Judicial. 

La Comisión ve aspectos positivos en la adopción de la nueva ley reguladora del derecho a la defensa y las mejoras en los recursos económicos del sistema judicial. En cuanto a los recientes proyectos de reforma en el acceso a la carrera judicial la Comisión únicamente constata la posición de las asociaciones judiciales contrarias a los mismos y el hecho de que el Consejo General del Poder Judicial afirme, como no puede ser de otra manera, que la huelga de jueces carece de fundamento normativo. Ojo, eso no significa, como algunos pretenden, que sea ilegal; únicamente que no está regulada; precisamente por ello el Consejo no pudo establecer servicios mínimos, que sí fueron de hecho adoptados por las organizaciones convocantes de la huelga.

El marco de la lucha contra la corrupción constituye el núcleo duro de las críticas de la Comisión en este Informe. Según el Eurobarómetro, citado por la Comisión, el 89% de los encuestados considera que la corrupción está extendida considerablemente. Afea a España que la estrategia nacional contra la corrupción tenía que haber estado adoptada en septiembre de 2024. También señala que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno carece de mecanismos para garantizar el cumplimiento de resoluciones vinculantes y que no se han tomado las medidas requeridas desde 2021 para regular los conflictos de intereses de los empleados públicos.

«El 40% de las empresas españolas afirman que la corrupción les ha impedido ganar un contrato público en los últimos tres años»

Por cierto, en el debate habido en el Congreso de los Diputados, Sánchez ha prometido una agencia especializada para luchar contra la corrupción, aunque sigue diciendo que no tenía ni idea de lo que sus secretarios de organización o su ministro tenían entre manos; menos mal que nadie sabía nada… o si sabían y todos, empezando por un presidente que, como mínimo, tiene culpa in vigilando, van a colapsar la unidad de quemados de La Paz, de tanto poner la mano en el fuego por aquéllos a los que, sorprendentemente, después declaran no conocer o que no tienen nada que ver con el PSOE.

Afirma también la Comisión Europea que, en España, la contratación pública, la financiación de los partidos políticos, los proyectos de infraestructuras y los contratos de servicios públicos son sectores clave con un riesgo elevado de corrupción. No lo dice sin fundamento: el Eurobarómetro refleja que el 40% de las empresas españolas afirman que la corrupción les ha impedido ganar una licitación pública o un contrato público en los últimos tres años. Especialmente pone el acento la Comisión en los partidos políticos, cuya financiación considera que es un ámbito de riesgo elevado debido a la regulación legal existente, que no es reformada a pesar de las reiteradas advertencias que se vienen realizando al respecto, entre otros, por el Tribunal de Cuentas.

En cuanto a los medios de comunicación, la Comisión constata la falta de eficiencia de las reformas legislativas sobre la radio y televisión estatales, que ni garantizan la idoneidad para ocupar los puestos directivos ni la transparencia debida en cuanto a la titularidad de tales medios o en cuanto al establecimiento de un nuevo marco jurídico sobre la publicidad estatal. En todos estos ámbitos se anuncian reformas legales que, o son insuficientes, o no acaban de ser adoptadas pese al aumento presupuestario que se viene aplicando a tales entidades.

Se hace eco la Comisión de las alertas del Consejo de Europa relativas a la seguridad e integridad física, acoso e intimidación sobre los informadores, incluidos los que ejercen sus funciones en el marco parlamentario, así como del hecho de que varios periodistas publicaran informaciones obtenidas con dudosa legalidad acerca de procedimientos judiciales. No olvidemos el rifirrafe existente sobre la filtración de datos existentes en un procedimiento administrativo sobre el expediente de un particular y las negociaciones por éste emprendidas ante la Agencia tributaria, que se encuentran sub iudice con la presunta implicación del Fiscal General del Estado.

«Advierte la Comisión de los cambios que se pretenden en la legislación procesal en relación con la acción popular»

La Ley de Amnistía, por su parte, es mencionada en el Informe advirtiendo que está siendo objeto de varias cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la UE, procedimiento en el que la Comisión ha emitido ya su posición por tener obligación de incorporarla a la causa. Posición muy crítica, recordemos, ya que la Comisión prácticamente la califica de «autoamnistía» prohibida por el Derecho de la UE y advierte de la incompatibilidad de varias de sus regulaciones con el debido respeto al Estado de derecho. Precisamente la próxima semana tendrá lugar la vista oral, ante el TJUE, relativa a las cuestiones prejudiciales que se han presentado, una de ellas por el Tribunal de Cuentas, a instancia de la entidad Sociedad Civil Catalana. Se espera que, posteriormente el Abogado General emita su preceptivo Dictamen y que antes de que termine el año sea dictada la correspondiente sentencia.

También advierte la Comisión de los cambios que se pretenden en la legislación procesal, concretamente en relación con la denominada acción popular, a la que se quiere restringir en forma que ha sido considerada excesiva por distintos sectores jurídicos y llama la atención sobre el hecho de que el 52% de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos afectando a España durante los últimos 10 años están pendientes de cumplimiento.

Como pueden constatar, no es un nforme complaciente el que ha emitido la Comisión, pese a que nuestro triministro afirme a diestro y siniestro que el Informe respalda las propuestas gubernamentales. Ya sé que es un tanto atrevido recomendar algo a quien tiene tan trialtas responsabilidades; no lo haré, pero parece evidente que debe mejorar su comprensión lectora respecto de los dictámenes e informes europeos. Ya intentó hacernos colar como favorable el de la Comisión de Venecia sobre la Ley de Amnistía. Y no contento con ello, sigue en la misma estela respecto del de la Comisión Europea. 

No enmendar lo equivocado es de alto riesgo. Pero eso parece no importar a nuestros (des)gobernantes. Se saben en la cuerda floja, cuando no a punto de caer al vacío. Lejos de hacer lo que en casos que no llegan, ni de lejos, a lo que aquí estamos padeciendo, hacen los políticos responsables en las democracias, que es presentar la dimisión y devolver la voz a la ciudadanía convocando elecciones que permitan ya sea ratificar a los que ocupan el gobierno o posibilitar la alternancia, se empeñan en continuar, en morir matando, si lo consideran necesario. 

«Van a acumular sendas nuevas derrotas internacionales por empecinarse en lo jurídicamente imposible»

Van a acumular sendas nuevas derrotas internacionales por empecinarse en lo jurídicamente imposible, como es el reconocimiento de las lenguas co-oficiales en el Parlamento Europeo, tema en el que insisten machaconamente seguramente por el chantaje que perpetran los separadores (los infames siete votos a cambio de la investidura, que se estiran como goma de mascar en todo lo que conviene). Van a tener que lidiar con los incumplimientos del Derecho de la UE que sistemáticamente realizan; en las últimas semanas, sendos procedimientos de infracción han sido incoados por la Comisión contra España por el tema del agua, el control de riesgos en el transporte de mercancías peligrosas o los impuestos a residentes extranjeros sobre sus viviendas en España. Veremos en qué posición queda España en el Informe sobre el cumplimiento del Derecho de la UE que está a punto de ver la luz. 

Asimismo, la Comisión ha decidido demandar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no haber transpuesto plenamente la Directiva relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles [Directiva (UE) 2019/1152]. Además de habernos retirado una buena cantidad de los fondos, unos 1.100 millones de euros destinados a España, en el marco del quinto tramo del plan de recuperación y resiliencia, por incumplir con varios compromisos. ¿Sigo?

Vale más que no. Si quieren morir matando que sepan que de tal modo les va a costar todavía más recuperarse del susto o miedo que les va a provocar el hundimiento. Ejemplos históricos los tenemos en medio mundo. Sólo hace falta leerlos, pero con comprensión lectora suficiente.