Líneas rojas

No es fácil seguir el ritmo frenético de noticias que produce este Gobierno. Las novedades sobre los escándalos de corrupción que le rodean se mezclan con medidas políticas de gran calado que pasan a un segundo plano por culpa de las primeras. Y dada la situación de máxima debilidad de Pedro Sánchez para mantener el apoyo de sus socios parlamentarios, preparémonos para la avalancha de iniciativas legales que se aprobarán, todas destinadas a intensificar el desguace del Estado español y a dinamitar los grandes consensos del régimen del 78. ¿Cruzar líneas rojas? Pasen y vean. Y esto sólo en la última semana.

El presidente del Gobierno ha cerrado un acuerdo con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para crear un modelo de financiación singular para Cataluña y transferirle a partir de 2026 la recaudación del 100% del IRPF. Fue la exigencia de ERC para apoyar la investidura de Sánchez. Su aprobación expeditiva ahora supone el pago al balón de oxígeno dado por Esquerra al Gobierno en el Parlamento este miércoles tras el estallido del caso Cerdán. El plan cuenta con la colaboración del Banco de España que ahora preside el exministro José Luis Escrivá. La Generalitat usará una cuenta en el banco central nacional para que se le transfiera el IRPF. El nuevo gobernador ha decidido colaborar con el avance de un modelo confederal asimétrico que privilegia a los territorios más ricos frente a los más pobres, en lugar de cuestionar el impacto de esta medida en la cohesión económica y social del país como recoge su mandato. La cesión íntegra del IRPF y otros impuestos a Cataluña restaría hasta 22.000 millones de euros a la caja común, poniendo punto final a la solidaridad interterritorial que consagra el artículo 138 de la Constitución española.

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente reclamó el jueves pasado al Congreso de los Diputados y al PSOE toda la información sobre José Luis Ábalos para poder aclarar las cuentas sobre el patrimonio del exministro. Lo hace después tras recibir un oficio de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que revela discrepancias entre la información bancaria de Ábalos y el dinero entregado como donaciones al PSOE. ¿Puede ser esta la vía que vincule el caso Ábalos con una posible financiación irregular del partido en el Gobierno? Está por ver. ¿Cumplirán entonces Sumar y ERC su amenaza de que en ese caso abandonarían a su suerte a Pedro Sánchez para propiciar elecciones generales? ¿O seguirán usando la excusa de que con tal de que no gobierne la derecha y la extrema derecha es necesario prolongar esta agónica legislatura para así seguir sacando tajada de la vulnerabilidad de Sánchez? Lo que queda claro es la pulsión antidemocrática que une a todos los socios que sostienen al Gobierno: no creen en la alternancia en el poder y el Estado de derecho se la refanfinfla.

La mayoría parlamentaria que sustenta al Gobierno rechazó en la sesión de control del pasado martes las enmiendas del PP y Vox a la reforma del reglamento del Congreso que pretende sancionar a los pseudoperiodistas. Con la excusa de restringir el acceso a quienes para unos son sólo agitadores o activistas y para otros periodistas, como es el caso de Vito Quiles, la Mesa tendría la capacidad de decidir qué periodistas merecen o no la acreditación para entrar en el Parlamento. Es un paso inquietante que amenaza con socavar el papel de la prensa como contrapeso y fiscalizadora del poder. Que aspira a llevarse por delante el pluralismo. ¿Quiere esa mayoría parlamentaria que los periodistas no les hagan las preguntas incómodas a ellos y que sólo se las hagan a la oposición? Eso es a grandes rasgos lo que vino a decir Gabriel Rufián en su intervención. Un retroceso en la libertad de expresión. ¿Por qué no dejar que el lector o el espectador decida cómo informarse en lugar de iniciar una cruzada contra los medios que les resultan incómodos a los políticos que ostentan la mayoría del poder? 

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que preside Cristina Herrero, la única institución independiente que queda tras el asalto al Banco de España, anunció el pasado miércoles que había elevado una consulta a la Abogacía del Estado tras los últimos reales decretos con los que el Gobierno ha tratado de influir en la evaluación sobre la reforma de las pensiones hecha por la institución. El Ejecutivo ha conseguido obligar a la institución a repetir el examen de la reforma de las pensiones publicado hace tres meses en el que alertaba del insostenible gasto público en estas prestaciones. El organismo público, creado a raíz de la crisis financiera de 2008 y la Gran Recesión que se prolongó hasta 2013 para velar por la salud e las finanzas públicas de forma independiente se queja también de haber sufrido años de intervención directa del Ejecutivo contra su funcionamiento, su independencia y la autonomía de su gestión. Este intento de asalto por la puerta de atrás a la AIReF es una muestra más de lo mal que convive el Gobierno con los organismos independientes que deben de ejercer de contrapeso a su poder y un ataque directo al buen funcionamiento de nuestra democracia.

«La familia, dicen, es ahora la gran línea roja. Esa que decide el Gobierno dónde está según le convenga»

Son las cuatro noticias más relevantes de esta semana en cuanto al deterioro institucional que sufre el país. Por no mencionar las informaciones que se han conocido también sobre la protección policial especial brindada por el Ministerio de Interior a la fontanera Leire Díez por considerar su caso un «secreto de Estado». O el cese por acoso de Francisco Salazar como secretario general de Coordinación Territorial. Llamado a formar parte de la nueva Ejecutiva de Sánchez tras la purga del entorno más cercano a Cerdán. O la publicación del informe de la Comisión Europea en el que alertaba de un aumento significativo de la percepción de la corrupción en España durante el mandato de Pedro Sánchez.

¡Todo esto en solo una semana! Pero la línea roja, dice el Gobierno, la ha cruzado Alberto Núñez Feijóo. Fue en su intervención en la sesión de control al Gobierno del miércoles, cuando acusó a Sánchez de ser partícipe a título lucrativo del «abominable negocio de la prostitución» en referencia a los negocios de saunas gais y bares de alterne que dirigían el suegro del presidente y el hermano de este. Una acusación que hasta ahora no ha podido rebatir Sánchez. La familia, dicen, es ahora la gran línea roja. Esa que decide el Gobierno dónde está según le convenga. Tras años de arremeter con el padre, el hermano y el novio de Isabel Ayuso. De acusar falsamente a la pareja y la hermana de Feijóo de beneficiarse de subvenciones públicas. De recordar prácticamente en cada sesión del Congreso la foto del líder popular de hace 30 años con el que posteriormente fue condenado por narcotráfico, Marcial Dorado. 

Lamentablemente, la política española ha cruzado hace tiempo casi todas las líneas rojas. Y como resultado el debate parlamentario se ha degradado estrepitosamente.  Dicen algunos muy escandalizados que el ataque de Feijóo supone volar todos los puentes de entendimiento entre los dos grandes partidos. Pero esos puentes hace mucho tiempo que los voló este Gobierno con su decisión de expulsar del arco democrático a las dos fuerzas de la derecha y su asalto a todas las instituciones que podían proteger nuestra democracia.