Elías Díaz: militantes, simpatizantes y cortesanos

A partir de mañana, y durante dos días, se celebra en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander un curso sobre el pensamiento de Elías Díaz, fallecido en febrero de este año, uno de los más decisivos filósofos del derecho españoles de la segunda mitad del siglo veinte en España, autor de una prolífica y muy influyente obra – una influencia que alcanza a la propia redacción de la Constitución española- y aglutinador de una “escuela” de muy notables iusfilósofos.

En una magnífica retrospectiva recientemente publicada en la Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid por Alfonso Ruiz Miguel, uno de los más perspicuos discípulos de Elías Díaz, se relata la ocasión en la que, allá por los inicios de los 90 del pasado siglo, cuando ya había explotado la connivencia del gobierno socialista con el terrorismo de Estado, Elías Díaz se presentaba públicamente como “militante, pero no simpatizante, del PSOE”. Años después, y tal como recoge Ruiz Miguel, Elías Díaz explicaba que lo hacía “… ante prácticas de corrupción que me parecían reprobables e, incluso, de guerra sucia atentatorias contra el Estado de derecho, por el que tanto habíamos luchado. Pero preferí seguir haciéndolo desde dentro”.

Me vuelvo a acordar de esta anécdota tan ilustrativa de la personalidad de Elías Díaz esta semana en la que hemos conocido un manifiesto “por avances en derechos sociales y políticos y contra los intentos de involución” firmado por 100 destacados representantes de la cultura, sindicalistas, abogados, magistrados, profesores, intelectuales y exministros de gobiernos socialistas. Un escrito, al cabo, en defensa del Gobierno de Pedro Sánchez frente al ataque de los “frentes reaccionarios y conservadores” y su reclamo de que, a la vista de variados escándalos recientes, no se convoquen elecciones. “Aquellos que solicitan que se celebren ya elecciones, sean de derechas o de izquierdas, lo único que desean es que llegue un gobierno de las derechas PP/Vox”, afirman los firmantes.

“Los abajo-firmantes tan celosos del mantenimiento y avance de los derechos sociales, tampoco han levantado el meñique siquiera cuando se ha sabido que sí, que Cataluña se encamina hacia un modelo de financiación singular, lo cual resulta profundamente regresivo”

Entre ellos, como señalaba, se incluyen profesores e intelectuales comprometidos con “valores progresistas” o de izquierdas, entre los que sin duda se encuentran el imperio de la ley, el valor del pluralismo político, la igualdad, entre otros, y que supuestamente están bien capacitados para el análisis sofisticado de la realidad social, jurídica y política y que señorean de “pensamiento crítico”. 

A lo largo de estos siete años de gobierno de coalición “progresista”, y en especial durante estos dos últimos, uno hace esfuerzos vanos por recordar las ocasiones en las que cualquiera de esos firmantes ha alzado su voz, o al menos mostrado públicamente su preocupación, por los acercamientos y luego pactos con partidos políticos declaradamente contrarios a la igualdad entre españoles, partidarios de consagrar y profundizar en los privilegios de origen; o con fuerzas políticas que, con parecida matriz xenófoba, apoyaron y jalearon en días no tan lejanos a quienes se empeñaron en liquidar el espacio político común mediante el uso indiscriminado del terror causando cientos de muertos e indecible sufrimiento; nada hubo que decir, por lo que parece, de la colocación de exministros o políticamente afines pero con más que dudosa cualificación en altas instituciones del Estado (Fiscalía General, Tribunal Constitucional, Consejo de Estado) o en los medios de comunicación de carácter público, minando con ello todo rastro de una neutralidad que ya venía siendo severamente puesta en riesgo; ni tampoco, al fin, y por no hacer excesivamente largo el inventario, sobre la gestación y desarrollo de la presente legislatura, el fruto de un pacto celebrado fuera de España entre el entonces secretario de Organización del PSOE y hoy en prisión preventiva acusado de gravísimos delitos de corrupción, y un fugado de la justicia pendiente de responder por hechos que pusieron a España ante su más grave crisis desde el 23-F, un acuerdo que ha consistido en que delincuentes y golpistas diseñen a su medida una ley de amnistía que se ha negado reiteradamente como constitucionalmente posible hasta minutos después de conocerse el resultado electoral del 23-J, cuando ya “daban los números” para hacer ese infame canje de votos por amnistía y que así Pedro Sánchez retuviera la presidencia del Gobierno. ¿Se les ocurre una instancia más definitoria de la corrupción política que mina la confianza ciudadana y el ideal democrático mismo? Conviene recordar que la autoamnistía estuvo precedida de indultos plenos contra el criterio del tribunal sentenciador, y previamente de modificaciones ad hoc del Código Penal para así beneficiar a los golpistas, justificadas con el expediente (fake) de que se trataba de “exigencias de la Unión Europea”. 

Y por si nada de lo anterior fuera suficiente, los abajo-firmantes tan celosos del mantenimiento y avance de los derechos sociales, tampoco han levantado el meñique siquiera cuando se ha sabido –desvelando la enésima mentira o “cambio de opinión”- que sí, que Cataluña, puesto que está “infra-financiada”, se encamina hacia un modelo de financiación singular, un concierto “a lo vasco-navarro”, todo lo cual resulta no solo falso en cuanto al diagnóstico, sino profundamente regresivo; como si se hubiera diseñado en un oscuro gabinete del exministro Montoro para así satisfacer los intereses de la “internacional reaccionaria y neoliberal”, vaya. Lo dice una legión de expertos constitucionalistas, economistas y hacendistas, y se suman también a la denuncia representantes institucionales, políticos o expolíticos, sindicalistas, entre otros, que pueden guardar la misma relación con la ultraderecha que Antonio Resines con la Orden Cisterciense de la Estricta Observancia. 

Es preocupante el dumping fiscal de Ayuso, la fuga de cerebros (youtubers fachas) a Andorra, pero que Asturias y otras tantas CC.AA., millones de españoles al fin y a la postre, vayan a disponer de peores prestaciones sociales, o que sigan enjugando vía impuestos el déficit de la seguridad social para que los vascos – que no lo sufragan- tengan las pensiones más altas de España, es el justiprecio por entender que España es diversa y que hay que entenderse con todos. Con todos, entiéndase, siempre que no sean el PP o Vox, salvo que los primeros sean necesarios para sacar adelante sin chistar un decreto-ley -la masivamente prostituida herramienta normativa con la que el Gobierno de coalición progresista puede legislar fraudulentamente si es que Junts lo permite-, decreto que conocerán ya cocinado en el último momento y sobre el que no podrán introducir enmienda o corrección alguna. Recuérdese que se cumplen ya dos años de incumplimiento por parte del Gobierno de su deber de presentar un proyecto de presupuestos generales del Estado al Parlamento. 

Arrancaba la campaña presidencial a comienzos de 2016 y Donald Trump afirmaba groseramente en Iowa que podría disparar a alguien en la quinta avenida de Nueva York y no perdería un solo votante. Salvando todas las distancias, tal pareciera nuestro estado de cosas patrio a propósito de los firmantes del manifiesto y de tantos conciudadanos que blasonan de una ideología progresista pero que se revelan –rebelarse más bien nada- políticamente refractarios a los hechos y también a los valores que dicen abrazar: fuere lo que fuere lo que haya que pactar, legislar, decidir, todo eso estará bien, será aceptable, constituirá el mal menor, mientras el PSOE mantenga el Gobierno –es decir, Pedro Sánchez siga presidiendo el Gobierno- frente a la alternativa –que será siempre, y oportunamente, una ad hoc representación de todo mal.

No, no es militancia y/o simpatía, sino pura y lisa cortesanía y sectarismo.