Normalizar Cataluña, 'desnormalizar' España

Quedarán excluidos del cierre de las centrales nucleares que sí se aplicará al resto de España por imperativo ideológico y en contra del criterio mayoritario de Europa. Acaban de añadir una nueva embajada, la de China, a las 21 delegaciones que tienen en el extranjero. Son las dos nuevas conquistas que Cataluña ha logrado en la última semana y que se suman a la financiación singular que han pactado el Gobierno central y el de la Generalitat al margen del resto de comunidades autónomas traicionando el principio de solidaridad interterritorial recogido en la Constitución. La lista de excepciones hechas por Pedro Sánchez a la comunidad autónoma no para de crecer. Y dada la situación de máxima vulnerabilidad del Gobierno, acorralado por múltiples casos de corrupción, seguirá haciéndolo. Sánchez es rehén de los votos de los dos grandes partidos independentistas catalanes, Junts y ERC, enfrentados en una pugna por ver quién logra arrancar más concesiones al Ejecutivo central.

El resultado es que todas las barreras que sirvieron para evitar que la declaración unilateral de independencia (DUI) en 2017 se hiciera efectiva se están desmantelando. Poco importa si esas cesiones ponen en riesgo el proyecto común de país, si tensionan las costuras del Estado o si algunas de ellas son reformas constitucionales encubiertas. Todo con el fin de lograr la normalización de Cataluña, nos dicen. No hay consenso en torno a si se ha logrado ese objetivo. Lo que sí es evidente es que ha sido a costa de generar una tensión sin precedentes entre los territorios. Desnormalizando la convivencia entre españoles con un trato desigual entre las comunidades que hoy enfrenta al Gobierno central y las comunidades autonómicas que gozan de más privilegios, Cataluña, País Vasco y Navarra, de cuyo apoyo depende la continuidad de la legislatura, con el resto de España, incluidas algunas de las gobernadas por el PSOE.

No sabemos si el Gobierno llegará tan lejos en sus concesiones como para consentir la convocatoria de un referéndum de autodeterminación. Suerte que las encuestas indican que ahora no sería un buen momento para hacerlo, pero si en un futuro no muy lejano estas les fueran favorables a los independentistas, el Gobierno de Sánchez les habrá allanado el camino para declarar la independencia.

Repasemos la lista de concesiones. La reciente más grave: la aceptación de un concierto que permitirá a la Generalitat gestionar el 100% de sus impuestos, incluyendo una Agencia Tributaria propia, devolviendo en forma de cupo algunos servicios del Estado. Esa financiación singular, que como siempre era impensable anteayer para el Gobierno pero que la necesidad de contar con los votos de ERC para la investidura como presidente de la Generalitat de Salvador Illa hicieron buena, ayuda a preparar el terreno para cualquier intento futuro de independencia.

De nuevo, ¿a quién le importa si sacar a Cataluña del régimen común puede restar entre 22.000 y 30.000 millones de euros de recursos al Estado, según las estimaciones de distintos expertos, y limitar los fondos dedicados a Educación o Sanidad, competencias transferidas, de las regiones más pobres? Pues parece que no mucho a quienes enarbolan la bandera de la solidaridad y el progresismo. Desde los sindicatos a ese grupo de intelectuales, famosos y políticos que firmaron el manifiesto en defensa de Sánchez, grandes demócratas contrarios a la alternancia en el poder, pasando por Sumar. Con las excepciones habituales pero improductivas de los socialistas Emiliano Page, presidente de Castilla-La Mancha, o Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias. Por eso se agradece la honestidad con la que el que fuera Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y miembro del PSC, Josep Borrell, casado con la actual presidenta del PSOE, Cristina Narbona, leal a Sánchez, criticó el pacto para la singularidad catalana: «El calibre del supositorio es demasiado grande para que pase de una vez», dijo en referencia a la falta de concreción de algunos puntos en el acuerdo.

«Lo que para el Gobierno es una financiación singular, federal y generalizada, para otros es un sistema asimétrico, insolidario y etnicista»

Cataluña pesa un 19% en el PIB nacional. Sumada su salida a la excepción del País Vasco y Navarra, cuyo régimen foral está recogido en la Constitución y cuyas economías pesan un 5,9% y un 1,7%, respectivamente, significaría que un 26,6% del territorio español estaría exento de contribuir al bienestar del resto del país. Por ser vasco, navarro o catalán. Lo que para el Gobierno es una financiación singular, federal y generalizada, para otros es un sistema asimétrico, insolidario y etnicista, además de inconstitucional. Por ir contra el artículo 138 que consagra el principio de solidaridad interterritorial.

Tan grave o más es este paso que la Ley de Amnistía. Fue la condición también necesaria para rehabilitar a los líderes del Procés dispuestos a hacerlo de nuevo. Si la de financiación singular es el pago al apoyo de ERC al Gobierno de Illa, la amnistía se aprobó a cambio de los siete votos de Junts que permitieron a Sánchez ser elegido presidente del Gobierno. Avalada el pasado junio por el Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido, el Tribunal de Justicia de la UE cuestiona su compatibilidad con el derecho de la Unión en lo referido al principio de igualdad y no discriminación y si la Ley responde a un interés general o es parte de un acuerdo político para la investidura. Si el TJUE concluye que no es compatible con el derecho de la UE, podría obligar a su modificación o anulación parcial o total.

Conseguir un Tribunal Supremo propio es otro de las batallas planteadas por Junts. El partido ha colado en la controvertida ley Bolaños una enmienda a la reforma judicial que pretende sacar adelante el Gobierno para crear un Consell de Justicia de Cataluña que asumiría competencias del Consejo General del Poder Judicial. Una medida que allanaría el camino hacia la independencia judicial de Cataluña.

También en la gestión de las fronteras y de la inmigración, el partido del prófugo Carles Puigdemont logró en marzo pasado arrancar un compromiso que debería avergonzar a cualquier Gobierno que se dice solidario. En su intento de competir con la xenófoba y racista Alianza Catalana que le está comiendo el terreno, Junts apuesta por tener el control de las fronteras y la seguridad, la gestión de permisos de residencia y documentación, de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) o la política de expulsión y de devoluciones de los inmigrantes. En definitiva, el Gobierno no necesita que Vox llegue al poder para aplicar una agresiva política restrictiva sobre la inmigración porque ya le ha cedido a su socio nacionalista y populista de derechas las competencias para hacerlo.

«Con todo el descaro han dejado a Cataluña y el País Vasco fuera del reparto de los menores no acompañados que se hacinan en Canarias»

Por no hablar del reparto de la presión migratoria entre las distintas comunidades autónomas. Con todo el descaro han dejado a Cataluña y el País Vasco fuera del reparto de los menores no acompañados que se hacinan en los centros de acogida de las Islas Canarias. Mientras, Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana, gobernadas por el PP, deberán acoger a cerca de la mitad. Y con una desfachatez similar, el Gobierno central exige reiteradamente a Europa que el catalán sea lengua oficial en las instituciones comunes, pero se desentiende de que la Generalitat que preside Illa cumpla la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que en 2021 declaraba firme la sentencia que establece el 25% de la enseñanza en castellano en las escuelas catalanas.

También Cataluña escribe su propia historia democrática. Para contentar a los independentistas y con el apoyo de Illa, el Gobierno hace pocos días declaró la sede de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, ubicada en la Vía Laietana, como lugar de Memoria Democrática por ser un espacio en el que se han cometido crímenes de lesa humanidad o contrarios a los derechos humanos. Una decisión que ha indignado a los sindicatos policiales que la consideran una traición al convertir a la Jefatura en un símbolo del independentismo.

Cada uno de estos pactos por separado debería hacer saltar las alarmas y, en algunos casos, provocar la caída de cualquier Gobierno. Por no hablar de los escándalos de corrupción de los hombres de confianza de Sánchez en el partido y de su entorno familiar. Pero es tal la avalancha de pactos, de iniciativas legales, mezcladas con la corrupción que no es de extrañar que los ciudadanos anden medio anestesiados, incapaces reaccionar. Sánchez sigue la estrategia de Donald Trump. Esa que Steve Bannon, el polémico asesor del presidente estadounidense, llama flooding the zone. Mientras, el Estado se va desguazando y la democracia debilitando.

Así, es muy posible que el futuro cierre de la central nuclear de Almaraz en Extremadura, programado para noviembre de 2027, para contentar al sector más izquierdista de sus votantes, conviva con el mantenimiento de la actividad de las catalanas Ascó y Vandellós. Es una muestra más del cinismo de Sánchez y la máxima expresión de la política de desigualdad territorial que con tanto descaro practica su Gobierno. Normalizar Cataluña para desnormalizar España.