La fuerza de su voluntad

En alguna ocasión, con el fin de ilustrar la evolución política de Pedro Sánchez, saqué del baúl de los recuerdos el episodio en que mi padre, buen tirador, intentó sin éxito enseñarme a disparar en una fiesta local. Un oso pequeño se desplazaba oculto, siguiendo una línea en movimiento, y de repente aparecía: era el momento de «cazarle». De acertar, como siempre lograba Antonio Elorza, padre, y nunca Antonio Elorza, hijo, el oso rugía, mostrando su enfado. Y nueva ocultación.

Nuestro presidente, como el oso del cuento, desempeña inmutable su peculiar modo de gobierno, hasta el momento en que tropieza con un grave obstáculo o se siente cazado, lo cual siempre provoca su respuesta violenta. A continuación, recupera la firmeza, hasta la próxima. La diferencia es que Pedro Sánchez no se limita a rugir cada vez que sufre un grave tropiezo o simplemente se ve descubierto, sino que la respuesta a cada una de esas crisis le lleva a dar una nueva vuelta de tuerca en su autoritarismo. Como consecuencia, va pasando de un grado al inmediato superior en la calificación obtenida por su ascenso a la autocracia. 

Su tendencia al caudillismo resultó ya innegable desde que se tuvieron noticias de su confirmación al frente del PSOE. Pero fue la crisis de la covid lo que destapó su propensión a subordinar sin reservas la realidad a su propio relato, y a castigar a aquel que no quisiera aceptarlo, sin que importaran la ley ni el respeto a los encargados de hacerla cumplir. Fue cuando aparecieron posibles responsabilidades por la desastrosa autorización del 8-M y una jueza, con el apoyo de la Guardia Civil, trató de investigarlas. Para el Gobierno y sus medios afines, aquello era una amenaza intolerable, una nueva «causa general» contra el recién constituido Gobierno progresista. Y a aplastar toca. La jueza cedió y la persecución de su auxiliar, un coronel de la Guardia Civil, se prolongó hasta ayer. Está ya ahí el germen de la descalificación posterior a toda actuación judicial adversa, culminada en la desautorización implícita del Tribunal Supremo, por atreverse a proceder contra su «reina» en esta partida de ajedrez entre democracia y autocracia.

Resultaba definida entonces la estrategia de juego, más tarde centrada en el problema catalán y en el cerco a corrupción presidencial. La máxima ciceroniana de que el bien del pueblo es la ley suprema –salus populi suprema lex esto- cedió paso a la de que la supervivencia del gobernante se convertía en la prioridad absoluta, incluso cuando la misma llevaba a vulnerar la Constitución y en concreto la separación de poderes. El caudillo se convertía en dictador.

Las elecciones del 23-J fueron el siguiente sobresalto, salvado a costa de la precariedad en la acción de Gobierno, al asegurar la supervivencia por medio de partidos opuestos a la propia legalidad del Estado. El diseño dictatorial se mantuvo: la concentración de los tres poderes en el Ejecutivo, por encima de Legislativo y Judicial. Un pato a la pata coja sigue siendo un pato. La doctrina del Muro, excluyendo de hecho a la oposición constitucional del sistema político, proporcionó a la vida política un aspecto de estado de excepción permanente, de una guerra imaginaria totalmente injustificada por la normalidad reinante en el país.

«La movilización contra la actuación de los jueces, tiene solo una calificación: guerra a muerte contra la autonomía de la judicatura»

La deriva antidemocrática tuvo su reflejo adecuado en la adopción de un rasgo propio de regímenes totalitarios: la fijación de un lenguaje de gobierno propio asentado en la manipulación y en la mentira, al modo del estudiado por Klemperer. LPS, el Lenguaje de Pedro Sánchez, de eficacia asegurada por el aparato informático, la pléyade de colaboradores técnicos y la transmisión final sincronizada. Solo queda entonces descalificar primero, y yugular finalmente, a las opiniones disidentes. De forma paralela al ataque en curso a la autonomía judicial, el proyecto de ley sobre secretos oficiales está destinado a salvaguardar el monopolio de la información en manos del Gobierno.

El siguiente golpe llegó en repuesta a las sucesivas indagaciones judiciales sobre corrupción, implicando a la esposa del presidente. La movilización de instituciones jurídicas del Estado, y de los propios ministros, contra la actuación de los jueces, tiene solo una calificación: guerra a muerte contra la autonomía de la judicatura, que ahora tratan de resolver con las reformas legales en curso. En palabras del viejo himno, «es la lucha final» entre dictadura y supervivencia de la forma democrática.

Paralelamente, tiene lugar el aseguramiento de dos claves del Poder Judicial en manos del Ejecutivo: el Tribunal Constitucional y el Fiscal general del Estado. El primero ha mostrado ya el papel decisivo que está dispuesto a desempeñar en la deconstrucción del orden constitucional vigente, al avalar la supuesta constitucionalidad de la Ley de Amnistía, no solo frente a la oposición, sino frente a la Unión Europea. La doctrina de Conde-Pumpido, heredera de tantas derivas antidemocráticas en los sistemas judiciales a escala mundial, hace entrar en juego el constructivismo, la pertinencia de introducir desde el TC la «constitucionalidad» de toda norma no explícitamente rechazada en la Constitución.

Y también, como se vio con los ERE y ahora tal vez pueda verse a favor de Cerdán, la capacidad para superponerse al Tribunal Supremo, como Tribunal de Casación, cuando los casos planteen «una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica, o tengan unas consecuencias políticas generales». Dicho en plata, cuando sean susceptibles de perjudicar al Gobierno o a los suyos -de Chaves en adelante-, incluso en términos generales e indirectos. Un verdadero bastión defensivo del poder vigente y del privilegio.

«Sánchez entró en el PSOE por solidaridad con Vera y Barrionuevo, pero luego se asocia con Bildu y exige el olvido de ETA»

En este recorrido, la caracterización de Sánchez por su forma de ejercicio del poder, también subió de grado ante la divulgación de los mensajes de Ábalos, con sus órdenes sobre como debía tratar a los dirigentes del PSOE díscolos, ignorando su legitimidad democrática. Ni respeto estatutario, ni argumentos: obediencia pura y dura. Paso de la dictadura al despotismo analizado por Montesquieu, el mando ejercido sirviéndose del odio y del miedo, encarnado a título personal en el último siglo por hombres como Mussolini o Berlusconi.

Y en cuanto a su hondo feminismo, ahí están los calificativos asignados por el presidente a Margarita Robles, «pájara», o a Susana Díaz, «jodida» por perder las primarias. Y el déspota se encuentra por encima del sistema legal, que sin embargo le sirve para asentar su legitimidad. De ahí el paralelismo con el funcionamiento de las organizaciones gansteriles clásicas, no porque el vértice del poder asalte bancos, sino porque ejerce un uso arbitrario de su dominio sobre el Estado.

Sólo cuenta Él, desde su vacío político, ideológico bajo la etiqueta mendaz de progresismo, compensado de sobra por su ambición. El hombre que entra en el PSOE, por apoyo a Vera y Barrionuevo, y luego se asocia con Bildu y exige el olvido de ETA. Fidel Castro podía decir que «yo soy la Revolución»; Pedro Sánchez afirma en todos y cada uno de sus actos que «yo soy el Poder». Eso le basta.

Nada tiene de extraño que dé el paso decisivo cuando un tribunal de justicia, y peor aun si es el Tribunal Supremo, pone en peligro una designación personal suya, cuyos servicios precisa, y encausa a su fiscal general del Estado. En su terminante declaración –«creemos en la inocencia del fiscal general del Estado»-, no está descargando su conciencia, sino expresando su supremacía sobre la institución judicial que procesa a García Ortiz. Lo que crea el individuo Pedro Sánchez no debiera contar a la hora de mantenerle o deponerle, a no ser que admitamos su propuesta imperativa, que Él se encuentra por encima de cualquier instancia judicial, de la interpretación de las normas y del espíritu de la ley. Decisionismo puro. Ni siquiera necesita expresar esa decisión. Una vez enunciada, su creencia está ya por encima de la ley.

«Mientras no pierda el poder, y él hará lo innegable para evitarlo, Pedro Sánchez impondrá la fuerza de su voluntad»

Es una actitud que nos introduce en otro espíritu, el del Tercer Reich: «El más fuerte tiene derecho a imponer su voluntad», declaró el Führer, aquí fiel discípulo de Carl Schmitt. Pedro Sánchez no alcanzó ese punto de llegada por reflexión, sino por intuición, guiado por la firmeza de la dimensión finalista de su individualidad: un poder personal que rige a la ley y a las instituciones.

Mientras no pierda el poder, y él hará lo innegable para evitarlo, Pedro Sánchez impondrá la fuerza de su voluntad, en el sentido más estricto, aunque su uso provoque el esperpento de que el más relevante de los acusados de delinquir sea encargado de establecer el balance de la situación de la delincuencia en España, en la inauguración solemne del Año Judicial, el próximo 5 de septiembre.   

Pedro Sánchez no podrá contar con Leni Riefenstahl para traducir en imágenes su aventura de poder, aun cuando tal vez lo haga un digno sustituto, Pedro Almodóvar, al modo en que León de Aranoa presentó el proyecto de Podemos. Lástima que el esperpento citado, y sobre todo, la larga historia del Peugeot, sean más adecuados para un film de Santiago Segura, eso sí con toques porno.

Tampoco este aspecto ha de ser menospreciado. Así como el área de capturas de Don Juan iba desde la que pesca en ruin barca a la princesa altiva, o el de la corrupción de March de la caseta de carabineros al Congreso de diputados, el de la degradación nacida del Peugeot es un sistema coherente de corrupción, y de consiguiente gestión gansteril de la acción de gobierno, que puede arrancar de un servicio sexual por helicóptero y culminar en torno al vértice del poder. Un vuelo vertiginoso, merecedor de ser reconstruido tanto en el plano político como en el moral, cuando se completen las piezas, de la base al aludido vértice.

«El recurso de Cerdán servirá para comprobar hasta donde llega la voluntad del TC para anular las competencias del Tribunal Supremo»

Tendremos la ocasión de empezar a visualizarlo pronto, ya que el azar ha entrado en juego, al coincidir la absolución del fiscal general del Estado por Sánchez, con el recurso de Cerdán al Tribunal Constitucional, para que le excarcelen de inmediato. Su pretensión de lograr la puesta en libertad se basa en su destacada exposición política, en su proximidad a Sánchez y en que la doctrina del TC es la antes citada, abiertamente favorable a todo cuanto huela al gobierno. Resulta obvio que el número tres no quiere comerse el marrón y que confía en una supuesta alianza entre sus intereses y los de su antiguo jefe para tapar el asunto mediante la ocultación de los rendimientos económicos. Y para ello, tal y como se teme el juez Hurtado, la libertad de acción es necesaria para proteger el encubrimiento y controlar declaraciones. Tampoco le gusta estar en prisión, naturalmente.

La ocasión es buena, por decirlo de algún modo, para comprobar hasta donde llega la voluntad del TC en cuanto a anular las competencias del Tribunal Supremo, así como para contrastar la posible (o inexistente) convergencia de intereses y responsabilidades entre el vértice del poder y sus corruptos servidores. Si Cerdán es atendido, nada resultará probado, pero todo quedará claro. También puede encontrarse ante la exigencia de Sánchez, de desmarcarse sin ambages del desafiante excolaborador.

El riesgo en ambos casos parece excesivo, por resuelta que sea la voluntad de poder del presidente, aun cuando, como bien sabemos, la autocracia siempre esconde miserias y Cerdán es el hombre que lo sabe todo. La partida es de mus y el político navarro enseña una carta para obligar al jugador principal a que empiece a descubrir su juego, aun a costa de que el observador exterior perciba que ambos forman pareja.