Inmigración e integración

Al paso de los disturbios de Torre Pacheco el pasado mes de julio, en que fueron violentamente hostigados algunos inmigrantes tras conocerse la brutal agresión a un vecino de 68 años por un joven de origen marroquí, salió el jefe de la oposición, Sr. Feijóo, exigiendo «respeto e integración» a los inmigrantes que residen en España, advirtiendo que «quienes no lo hacen deben saber que no son bienvenidos».

Inevitable resulta inferir de las palabras del líder del PP, que, ante un escenario de inestabilidad política que hace no descartable un adelanto electoral, el principal partido de la oposición no va a renunciar a explotar la percepción problemática de la inmigración como un asunto central del debate político. Y empleo la expresión percepción problemática porque, a despecho de los datos objetivos, es eso lo que desde el punto de vista político en realidad cuenta en la competencia por el voto electoral: que la cuestión o asunto a gestionar sea un problema.

Con ello no cuestiono que exista un asunto migratorio que gestionar con una u otra política según las legítimas propuestas de los partidos, sino que llamo la atención sobre el hecho de que, sin haberse producido en los últimos tiempos una alteración sustancial de los datos, magnitudes económicas o sociales que describen objetivamente el fenómeno migratorio, el tema se haya convertido sin embargo en un problema, y en un problema con sex appeal electoral.

Si bien se observa la evolución de la opinión pública sobre la cuestión migratoria, evidenciada en los Barómetros de Opinión que realiza mensualmente el CIS, pronto se aprende que no es la realidad de los datos lo que ha dotado de protagonismo político y social a la inmigración. Así las cosas, a la pregunta de «¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España?», en el barómetro, por ejemplo, de enero 2024, había que descender hasta el octavo lugar para encontrar a la inmigración como un problema, quedando por detrás de asuntos tan etéreos a la hora de atribuirle una responsabilidad política en su gestión como, por ejemplo, «los problemas políticos en general» (2ª posición), «el mal comportamiento de los políticos» (4ª posición), o «la sanidad» (6ª posición).

Significativo del desnorte que nos afecta a los españoles a la hora de describir la problemática real de nuestro país es que en una encuesta tan reciente hubiera que apearse hasta la posición 12ª para encontrar «la vivienda» como motivo de preocupación, por detrás incluso de «la crisis de valores» (9ª posición). ¿Tan bien estaba –dicho sea en términos puramente dialécticos– el asunto de la vivienda en enero de 2024 como para preocupar menos que los valores en crisis? País axiológico el nuestro, sin duda.

«Si en España hay un problema con la inmigración lo había también en 2024 y sin embargo los españoles no lo percibían así»

Si por contra acudimos al último barómetro del CIS, de julio 2025, parece que ya conciliamos mejor los españoles la percepción con los datos, al menos en lo que a la economía doméstica se refiere, pues colocamos como el principal problema de España el de la vivienda. Ocurre sin embargo que escalan, al segundo puesto, «la corrupción y el fraude», y a un inédito tercer puesto, ahora sí, «la inmigración».

Con la corrupción y el fraude pasa algo parecido que con el fenómeno migratorio en su percepción como problema: por un lado, ocurre que, por políticamente relevantes que sean los asuntos de corrupción que han afectan al Gobierno –y especialmente a la cúpula del PSOE–, tienen más relevancia cualitativa en cuanto a factor disolvente de la confianza ciudadana en las instituciones que cuantitativa a efectos de comprometer bienestar material del país, y, por otro lado, su percepción como factor de preocupación social es imputable básicamente a la masiva visibilidad en los medios de comunicación de ambos problemas.

Véase al respecto la cobertura del veto en la localidad de Jumilla a las celebraciones religiosas musulmanas en instalaciones municipales, asunto que sostiene desproporcionadamente en los titulares de prensa el tema de la inmigración. Lo que quiere decirse es que, si en España hay objetivamente un problema con la corrupción o con la inmigración –sea en el plano legal, criminológico, económico o social–, lo había también en 2024 y sin embargo los españoles no lo percibían como tal.

Volviendo a la cuestión que abría esta columna, la impetración de Feijóo a la población inmigrante a «respetar e integrarse» –«adaptarse a nuestra cultura y a nuestras costumbres», en reciente reformulación de Abascal– no deja de ser problemático identificar seriamente en qué esquemas quintaesenciales del carácter español habría de diluirse la idiosincrasia propia de origen del inmigrante que viene a nuestro país.

«La religión no parece una seña nacional al que adaptarse en un país donde un escaso 17 % se declara católico practicante»

Así, al margen de la aconfesionalidad oficial del Estado, la religión no parece una seña de temperamento distintivo nacional al que adaptarse en un país donde un escaso 17 % se declara católico practicante. ¿Integrarse sería, por ejemplo, expresarse en la lengua común mayoritaria? Abstracción hecha de que la muy relevante inmigración latinoamericana maneja de ordinario mejor el castellano que muchos españoles autóctonos y que hay comunidades autónomas donde la pretensión es la de excluir la lengua común de cualquier ámbito que no sea el privado –la pretensión de asimilación de la inmigración magrebí vía la lengua catalana es problemático paradigma– no parece que este sea un factor identitario exigible a nadie para ser «bienvenido».

En esto de la lengua lo más respetuoso es ser radicalmente liberal y dejar que el mercado se autorregule, ya impondrá la realidad la lengua que permita al inmigrante según sus circunstancias desenvolverse: es contra lo que lucha precisamente el nacionalismo periférico, netamente intervencionista en lo lingüístico hasta con los españoles. De la cultura como rasgo de la colectividad nacional al que adaptarse, mejor no hablar, no hay que más que ver, por ejemplo, el contenido que expelen RTVE (o las televisiones autonómicas) o las consignas emanadas del Ministerio de Cultura para excluir, por pura misericordia, que a nadie se le exija adaptarse y aceptar eso como su cultura so pena de no ser bienvenido.

En resumidas cuentas, si de valores se trata, nuestro sistema ya establece cuáles son los caracterizados como superiores y que deben regir la vida pública: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, lo que junto con el corpus legal que ampara los derechos fundamentales, y entre ellos la igualdad, libertad religiosa y el derecho al libre desarrollo de la personalidad para que cada individuo para configurar su propia identidad y tomar sus propias decisiones sobre su vida –sin más limites que los impuestos por los derechos de los demás y el ordenamiento jurídico– conforman esquemas o coordenadas suficientemente claros como para andar improvisando ignotos valores identitarios de España; como aquellos, igualmente desconocidos y cuya crisis preocupaba a los españoles aún más que la vivienda en 2024.