La amnistía, máximo grado de corrupción

El cúmulo de datos y sucesos que se están haciendo públicos referentes a lo que se entiende normalmente como corrupción hace que pasen más desapercibidos o que desaparezcan rápidamente de la actualidad temas de mucha más importancia y con un grado de corrupción mucho mayor, aunque no se perciba así en la opinión pública. En concreto, me refiero a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía. En este caso habrá que mantener también la presunción de inocencia, pero los indicios de prevaricación son contundentes y es muy difícil creer que este delito no esté presente en parte del Tribunal.

La sentencia en su argumentación, al igual que el prólogo de la ley, va contra el sentido común. Hay cuestiones que no necesitan ninguna explicación, son evidentes por sí mismas. Uno tiende a pensar que plantearse el motivo por el que se ha aprobado la ley de amnistía carece de cualquier lógica. Es una pregunta inútil. La causa -al igual que la de los indultos o la de la modificación del Código Penal para eliminar el delito de sedición o la de la rebaja de la malversación, y la de la mayoría de las decisiones y actuaciones de Sánchez- está a la vista. Resulta palmaria: mantenerse en el poder a cualquier precio.

Sánchez, desde que a Carmen Calvo se le ocurrió la feliz idea, ha mantenido tajantemente que él no mentía, solo cambiaba de opinión, y en cierta forma es verdad, puesto que no tiene ninguna convicción y solo un único objetivo: el poder. Cambia de criterio según se modifican las circunstancias, pero no las económicas ni las sociales, ni siquiera las políticas, en el sentido noble del término. Las novedades que toma en cuenta son tan solo el número de diputados que le faltan para tener mayoría y, por lo tanto, las exigencias que los dueños de esos escaños le reclaman para garantizar su permanencia.

En la realidad política española hay un antes y un después respecto de la moción de censura con la que Pedro Sánchez logró apoderarse del gobierno. Lo que hace a este suceso tan especial no es que lo consiguiese con tan solo 85 diputados, sino el hecho de que sean golpistas, independentistas y filoetarras los que han nombrado y mantienen al presidente del Gobierno. Es este hecho el que lo cambia y lo contagia todo. Cada actuación posterior del Ejecutivo está contaminada, y convierte en sospechosas todas sus decisiones. No hay por qué extrañarse, por tanto, de los múltiples despropósitos y tropelías, entre ellos la ley de amnistía, que desde entonces se están sucediendo. El discurso y el comportamiento de Sánchez tienen su razón de ser a la luz de esta realidad.

El enfoque más certero ha partido precisamente de las filas del mismo PSOE, lo puso sobre la mesa desde el principio el presidente de Castilla-La Mancha, García-Page, al afirmar que el quid de la cuestión se halla en que no se puede dialogar con los secesionistas cuando se depende de ellos. En definitiva, el problema radica en que, a partir de la moción de censura, todas las actuaciones del Gobierno en lo tocante a Cataluña son sospechosas.

«Sánchez y sus acólitos pretenden que aceptemos una motivación de sus actos y decisiones distinta de la que es evidente que tienen, esto es, pagar a los golpistas»

Si Sánchez no hubiese necesitado de todas las excreciones del Frankenstein para mantenerse en el poder no habría habido ni indultos, ni eliminación del delito de sedición, ni modificación del de malversación, ni la Abogacía del Estado hubiese cambiado de rebelión a sedición la calificación de lo ocurrido con el procés. Seguramente tampoco se hubieran acercado, por lo menos al ritmo y en el número que se ha hecho, los presos de ETA a Euskadi, ni se hubiesen dado las otras concesiones realizadas a los independentistas vascos y catalanes.

Es más, si el 23 de julio los resultados no hubiesen sido desfavorables al conjunto Frankenstein, y no tuvieran necesidad de sumar a Puigdemont y a sus huestes, no se habría aprobado la ley de amnistía, ni habría relator en Ginebra, ni se hablaría de la condonación de deuda, ni de cupo, ni siquiera Francina Armengol sería hoy presidenta de las Cortes, ni se habría convertido el Congreso en una nueva torre de Babel, cometiendo el disparate de hablar varias lenguas cuando todos los diputados se entienden perfectamente en una, que además es la oficial de todos los españoles.

Lo más indignante de todo esto es que, contra toda razón y evidencia, Sánchez y sus acólitos pretenden que aceptemos una motivación de sus actos y decisiones distinta de la que es evidente que tienen, esto es, pagar a los golpistas y demás compañeros de viaje el peaje correspondiente. Por ello resulta tan provocativa la defensa que por primera vez hizo Sánchez de la amnistía, contradiciendo todas sus tesis anteriores. Fue en un comité federal cuando proclamó con tono enfático, pero al mismo tiempo con todo cinismo, que si la preconizaba era por España, por el interés de España.

En realidad, la justificación que se pretende dar a la amnistía por los sanchistas y que aparece tanto en la ley como en la sentencia del Tribunal Constitucional es el interés general, concretado en lo que denominan la «normalización de Cataluña». Es la misma excusa que han empleado todo este tiempo desde la moción de censura para justificar la infinidad de cesiones que se han ido concediendo a los independentistas.

Si hay algo que repiten continuamente todos los integrantes del equipo de Sánchez es que hay que devolver la normalidad a Cataluña. No diría yo que la normalidad haya sido precisamente la característica más habitual de esta comunidad. Es más, el nacionalismo odia la normalidad. No quiere el café para todos. No quiere que Cataluña esté dentro de la norma, una región más. Ansía que sea especial. Reclama su especificidad, es decir, sus hechos diferenciales que, como es lógico, piensan que son mejores que los hechos diferenciales del resto de las regiones, porque si no ¿para qué se van a demandar con tanto ahínco?

«Los golpistas en ningún momento han desistido de su objetivo, continúan reafirmándose en el 1 de octubre y en la declaración unilateral de independencia»

Para justificar la amnistía, los sanchistas, bien sean políticos o periodistas, contraponen la Cataluña actual con la del año 2017, esto es, la de la rebelión y del golpe de Estado. A pesar de que Sánchez nos quiere hacer creer que la anormalidad en Cataluña proviene de que Rajoy no supo dar una solución política al conflicto mediante un diálogo con la Generalitat, lo cierto es que su origen se encuentra exclusivamente en que las autoridades de una comunidad autónoma, valiéndose de los instrumentos de poder que le otorgan la Constitución y el Estatuto y la complicidad de ciertos empresarios, medios de comunicación y asociaciones civiles, han dado un golpe de Estado en toda regla. Golpe de Estado que, si bien por el momento ha fracasado, está lejos de estar totalmente desactivado, lo que se nos olvida con frecuencia. Digamos que una cierta normalidad se estableció cuando, por una parte, actuó la justicia y, por otra, se implantó el artículo 155 de la Constitución. Fueron el fracaso del procés y la reacción del Estado, incluyendo las acciones penales, las razones que convencieron a los independentistas de que era necesario esperar tiempos mejores.

Es ello lo que da la falsa sensación de normalidad. Los golpistas en ningún momento han desistido de su objetivo, continúan reafirmándose en el 1 de octubre y en la declaración unilateral de independencia y consideran esta etapa como un paréntesis en el que fortalecerse para volver a dar otro golpe de Estado. Son conscientes de que habían minusvalorado la fuerza del Estado y sobrevalorado su propia capacidad y medios para declarar la independencia, pero nunca negaron su intención de repetirlo. Necesitaban un tiempo para rearmarse y corregir los fallos cometidos en el primer intento, y la situación creada con un gobierno en extremo débil y dependiente precisamente de ellos era la mejor posible. Cada cesión sería un paso más hacia la meta que jamás han abandonado.

No, ni la amnistía ni las cesiones anteriores ni las muchas que se produzcan en el futuro como la condonación de la deuda, ayudarán a la reconciliación en Cataluña. Todo lo contrario. Paradójicamente, cuanto más ibuprofeno, más hinchazón. Las cesiones y la pasividad de Sánchez solo han servido para que el independentismo se encuentre más crecido que nunca e imponga en Cataluña, al margen de la ley, todas sus tesis, a pesar de estar gobernando Illa. Poco a poco ha ido recobrando fuerzas (embajadas, educación, leyes inconstitucionales, etc.) y se divide más y más a la sociedad catalana.

Menos aún van a contribuir a la unión de Cataluña con el resto de España. El supremacismo, la arrogancia y la insolencia de los independentistas, unidos a un falso victimismo que exige privilegios económicos frente a las otras regiones menos afortunadas, solo pueden despertar el rechazo en las otras comunidades autónomas. Cada día la brecha entre Cataluña y el País Vasco con el resto de España es mayor. Y es inevitable que se agrande si se continúa por el camino que Sánchez está trazando.

Todos los gobiernos de la democracia, cuando han estado en minoría, han cedido al chantaje de los nacionalistas comprando su apoyo en el Parlamento de Madrid mediante nuevas transferencias y prebendas. Es indudable que las cesiones de todos estos años se encuentran en el origen de los problemas actuales, pero en descargo de esos gobiernos se puede aducir que quizás no eran conscientes de lo que iba a venir después, ya que entonces los nacionalistas no habían traspasado aún la raya. La situación ahora es muy distinta; la gravedad, mucho mayor. Sánchez y sus acólitos no tienen disculpa cuando han presenciado todo lo que ha ocurrido estos años, y son conscientes de que el golpe continúa vivo. Los secesionistas aprovecharán la primera oportunidad que tengan para repetir la rebelión. Concederles más competencias y medios es armarles y equiparles para que la próxima vez tengan éxito.

Hay un factor que colaboró activamente en el fracaso de la rebelión: el hecho de que la Administración Tributaria estuviese en gran medida centralizada y que fuese el Estado el que recaudaba, excepto en el País Vasco y en Navarra, la casi totalidad de los impuestos, aun cuando después los distribuyese en buena parte entre las autonomías. Es por ello por lo que, además de por otros motivos, la petición de que se transfiera a la Generalitat la totalidad de los impuestos se convierte en un tema sumamente preocupante. Facilitaría, y mucho, un nuevo golpe de Estado.

Otro elemento que sin duda intervino en el fracaso del golpe del Estado de 2017 fue la falta de apoyo exterior. ¿Podemos asegurar que Europa y el resto de países van a responder de la misma manera después de que han sido el propio Gobierno y el Congreso los que han terminado legitimando las actuaciones anteriores de los golpistas? Me temo que el daño producido en la opinión pública internacional será muy difícil de revertir.