La Diada, colonia y metrópoli

Allá por el 2020 publiqué en la editorial El Viejo Topo un libro al que titulé Una historia insólita. Me refería al gobierno Frankenstein, que llevaba por aquel entonces dos años de vida, y a los hechos que iban sucediéndose y que parecían inauditos. En realidad, esa historia no había hecho más que comenzar y cada suceso acaecido después sobrepasaba al anterior, por mucho que en todas las ocasiones los apologetas del sanchismo nos hubiesen asegurado previamente que eso no iba a ocurrir.

Sería imposible, además de innecesario, citar y comentar ahora el catálogo de felonías acontecidas a lo largo de estos años. Son perfectamente conocidas. Haré referencia tan solo a una, porque tiene su réplica en los momentos actuales. El presidente del Gobierno se escudó en que había elecciones autonómicas en Cataluña para no presentar los presupuestos de 2024, incumpliendo así el mandato constitucional. El hecho es bastante significativo de hasta qué punto la política nacional está supeditada a los independentistas.

La réplica actual de la felonía anterior consiste en que el próximo jueves se va a suspender el pleno del Congreso por ser la fiesta de Cataluña, la Diada. No me detendré en lo que esta fiesta tiene de falsificación histórica, la transformación de una guerra de sucesión a la monarquía española en una batalla de Cataluña contra el resto de España. No deja de ser curioso que los catalanes lo que celebren, según dicen, sea su derrota y la pérdida de sus libertades.

Pensándolo bien, a lo mejor no es tan extraño porque parece ser que constituye una querencia española. Castilla y León tiene como fiesta autonómica el 23 de abril en conmemoración de la Batalla de Villalar, en la que fueron vencidos los Comuneros; y Madrid, sin ir más lejos, el dos de mayo. Es que, mal que les pese a los catalanes, somos todos muy españolazos, tal como le decía en el Parlament Alejandro Fernández a Torra, para rebatir su retahíla de que España tenía a Cataluña como una colonia. Físicamente, afirmó Fernández, usted tiene mucha más semejanza conmigo que con un noruego.

El señor Bolaños, con ese desparpajo que le caracteriza, ha afirmado que es normal que se suspenda la actividad en el Congreso por coincidir con el día de alguna autonomía. Tan normal que no ha sucedido nunca. Tan normal que el Parlamento continuó reunido designando los consejeros de RTVE, mientras se producía toda la catástrofe de la dana valenciana. Puede ser que dentro de poco se proponga la Diada como fiesta nacional.

«La pregunta es si actualmente el proceso no se está invirtiendo, si acaso no es el resto de España el que comienza a ser una colonia de Cataluña y del País Vasco»

Hay acontecimientos cuyas consecuencias a corto plazo parecen de poca importancia, pero que poseen un enorme simbolismo. Eso es lo que ocurre en hechos como el de haber utilizado las elecciones catalanas como argumento para no presentar los presupuestos del 2024 o que ahora se suspenda la sesión del Congreso por la celebración de la Diada. Unidos a otros lances como la visita de Illa a Puigdemont o que el reparto de migrantes se haya pactado con los independentistas catalanes y vascos, nos hace retrotraernos a aquella polémica entre Alejandro Fernández y Torra cuando este último se quejaba de que Cataluña era una colonia de España. La pregunta es si actualmente el proceso no se está invirtiendo, si acaso no es el resto de España el que comienza a ser una colonia de Cataluña y del País Vasco.

La ausencia de las banderas a petición de los independentistas en el encuentro de Illa con un prófugo de la justicia española en la sede de la Generalitat en Bruselas indica una vez más donde se encuentra el bastón de mando. Del mismo modo el hecho de que la matrícula del automóvil que transportaba a la cita a Puigdemont fuera 1-10-2017 (fecha del referéndum) prueba claramente el desafío soberanista y su conciencia de que continúa teniendo la sartén por el mango.

A pesar de su actitud despectiva y desdeñosa, Puigdemont buscaba una foto parecida. Ya que hasta ahora los jueces le han obstaculizado el poder presentarse, al menos completamente, como amnistiado, se han sacado de la manga eso de la amnistía política. Consciente de que maneja como quiere al Gobierno español, exige que al menos este le rehabilite.

Hoy por hoy, el único freno que se presenta contra el independentismo son los tribunales. De ahí los rebuznos de Jordi Turull tildando de fascistas a los jueces Marchena y Llarena y aconsejándoles que se afilien a Vox; y lo dice quien ha dado un golpe de Estado, y proclama que volverá a repetirlo, aparte de mantener una postura xenófoba no solo frente a los emigrantes impidiendo que entren en Cataluña, sino también contra aquellos españoles que no considera catalanes.

Illa va más allá de conceder la amnistía política, ha reclamado a los jueces que «respeten» las leyes y apliquen la amnistía de forma «completa» y «con diligencia». Con su tono jesuítico, les dicta que lo que tienen que hacer es plegarse a la voluntad de los que realmente mandan, que son los independentistas.

Sánchez, no solo en una entrevista en la televisión española, a la que controla absolutamente, sino también en la prensa internacional, ha declarado que en España muchos jueces se meten en política, lo mismo que hay políticos que quieren hacer de jueces. Se supone que en el primer caso engloba a Margarita Robles y a Marlaska, que llevan por lo menos siete años haciendo política -y de la más rastrera, ya que están integrados desde el principio en el gobierno Frankenstein.

Entre los políticos que quieren ser jueces podría citarse a sí mismo, ya que continuamente está sentenciando, por adelantado, la inocencia del fiscal general del Estado. Su intromisión en la judicatura va mucho más allá, desde el primer momento ha querido controlar a la justicia, al igual que al resto de las instituciones. Ahora será seguramente su máxima prioridad, porque es de lo poco que se le ha resistido y, además, tiene por uno u otros motivos un montón de casos abiertos que le afectan. Es por ello por lo que se ha unido a los independentistas para asegurar la existencia de guerra sucia en la justicia, lawfare.

«La situación es tan escandalosa que el Gobierno al menos ha prometido presentar los de 2025, pero sin ningún convencimiento de que pueda conseguir aprobarlos»

Es cierto que Sánchez en su papel de Tartufo afirma que la gran mayoría de los jueces en España cumplen con sus obligaciones y hacen su trabajo… Pero hay algunos, dice, que actúan por intereses políticos, y los identifica con todos aquellos que llevan sus casos. Pero es que son tantos y de lugares e instancias tan diferentes que por fuerza hay que reconocer que está teniendo muy mala suerte, le están tocando todos los prevaricadores.

La prueba de que el Gobierno de España no gobierna y son los otros lo que mandan se encuentra en una de las situaciones más insólitas, ¡y mira que las ha habido! Se trata de que en estos siete años solo se hayan aprobado tres presupuestos y en algunos ejercicios, en contra del mandato constitucional, ni siquiera se hayan presentado. Es más, los últimos aprobados y, por lo tanto, los que ahora están vigentes no pertenecen a esta legislatura. Los actuales diputados no los han votado.

La situación es tan escandalosa que el Gobierno al menos ha prometido presentar los de 2025, pero sin ningún convencimiento de que pueda conseguir aprobarlos, y poniéndose la venda antes de la herida, afirman ya que, si no se aprueban, no pasa nada; se puede seguir gobernando. Sí, pero habría que decir que no democráticamente. Sánchez ha mantenido que los presupuestos no son un fin, sino un medio para crecer más y hacer una política social. Olvida que los medios y las formas son consustanciales a la democracia. Cualquier día nos dice que las elecciones no son un fin, sino un medio y que, por lo tanto, no son necesarias. Todos los autócratas creen (o más bien nos quieren hacer creer) que poseen toda la verdad y que su gobierno es el óptimo, toda posible alternativa es peor. ¿Por qué cambiar entonces? Lo importante es el fin. Todo lo demás es secundario.

El presidente del Gobierno ha justificado también la no aprobación de los presupuestos en el hecho de contar con los fondos europeos de recuperación. Afirma que son, en realidad, otro presupuesto. El problema es que el desglose de la aplicación de estos recursos no ha sido aprobado nunca por el Congreso. Su reparto ha quedado a la arbitrariedad de Sánchez. Bueno, se supone que, más bien que de Sánchez, de sus aliados vascos y catalanes.

Como he escrito en alguna otra ocasión, aunque parezca paradójico, sería mejor que no se aprobase la ley de presupuestos, ni esta ley ni ninguna otra. Dado el equilibrio de fuerzas, solo lo que decidan y acuerden los independentistas saldrá del Congreso. En todo caso, más pasos y de mayor trascendencia, tales como el cupo catalán o la cancelación de la deuda, para convertir al País Vasco y a Cataluña en metrópoli y al resto de España en colonia.