¿Socialdemocracia o barbarie?

Supongo que con la frase, rastreable hasta Rosa Luxemburgo (quien a su vez la toma en préstamo de Engels) empleada por el ministro de Justicia en una reciente entrevista televisiva – «tal y como estamos viendo al PP y Vox, el dilema que vamos a tener en las elecciones de 2027 es socialdemocracia o barbarie»– se buscaba un titular con pegada y que contrarreste la equivalente simplificación con la que Ayuso concurrió a las últimas elecciones en la Comunidad de Madrid; ya sabe: «comunismo o libertad». Supongo que podemos proyectar una mirada caritativa sobre ambas proclamas y conjeturar que ni los propios emisores estiman en serio que estemos ante alternativas exhaustivas y mutuamente excluyentes. Al menos así lo quiere creer uno. ¿Se imaginan a Suárez diciendo algo parecido al lema de la campaña de Ayuso tras la legalización del PCE? Cualquiera podría haber señalado legítimamente que una disyuntiva semejante era perfectamente incongruente con la admisión de ese partido en la España democrática que comenzaba a andar en junio de 1977.

Pero ahora presten atención a lo siguiente: «La estabilidad [de un gobierno] no la da una mayoría absoluta. El señor Rajoy tuvo una mayoría absoluta y hubo contrarreformas que fueron en contra del interés de la gente, de los trabajadores, de los pensionistas, por ejemplo. Bueno, no quiero hablar de la crisis territorial que hubo en Cataluña. Este Gobierno garantiza la estabilidad, no porque tenga una mayoría parlamentaria absoluta, como tuvo Rajoy, sino porque gobierna para la mayoría. La estabilidad que nos interesa es la de los sueldos, la de los trabajadores, la de los funcionarios, la de la prima de riesgo, esa es la que nos preocupa y ocupa» (el énfasis es mío).

Son las palabras pronunciadas por el presidente del Gobierno en la última sesión de (des)control en el Parlamento. Sea que fueron memorizadas, y, por tanto, previamente escritas, reflexionadas y aprendidas, sea porque son improvisadas, resultan perturbadoras a poco que uno las rumie. En particular por lo que parecen avizorar.

Y es que, en la mente del presidente del Gobierno, y/o de sus asesores, y/o de quienes le apoyan en el Parlamento, y/o, tal vez, también en la de los militantes de su partido o en la de sus votantes, existe algo así como una noción de «mayoría» que no remite al recuento de votos, sean los de los electores, o al número de escaños que obtienen sus representantes, sino a una suerte de fantasmagoría al estilo de la «voluntad general» de Rousseau; esto es, a la cualidad de ciertos grupos sociales con independencia de la representación efectiva que se alcance mediante las urnas, y al tipo de «políticas» y «leyes» que se desarrollen o aprueben en su beneficio o interés, que, por lo que parece, serían exclusivamente las que promuevan los gobiernos del PSOE, independientemente de con quien se hayan negociado o quiénes las apoyen (ya saben que la condición de «ser de derechas» de Junts o el PNV tiene la fijeza de una afirmación apodíctica, reiterada y enfatizada del Presidente Sánchez). ¿A qué queda entonces reducido el valor del «pluralismo político» que proclama nuestra Constitución y cualquier concepción sensata de la democracia constitucional?

Como en muchas ocasiones anteriores, de los recortes que tuvieron que hacerse en España de resultas de la crisis del 2008 no cabe predicarse su carácter «infame» hasta tanto no llegara al Gobierno el Partido Popular con Rajoy a la cabeza. La célebre sesión parlamentaria del 12 de mayo de 2010 en la que Zapatero anunció una batería de ¿bárbaras? medidas «antisociales» para evitar el «default» parece haber desaparecido de nuestro imaginario como lágrimas en la lluvia. También del propio recuerdo del actual presidente del Gobierno que votó a favor de ese «austericidio».

Y no sólo. Refiriéndose ahora a la estabilidad que solo puede garantizar un gobierno de su partido, también parece haber olvidado su voto favorable a la reforma del artículo 135 de la Constitución española para garantizar que todas las administraciones públicas adecúen sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria, reforma propiciada, de nuevo, por el presidente Rodríguez Zapatero y lograda gracias al apoyo expeditivo del Partido Popular. En un artículo publicado en El Periódico el 3 de septiembre de 2011 bajo el título ‘Estabilidad y justicia social’, defendió esa posición de modo contundente. «La estabilidad no está reñida con la justicia social – concluía-, al contrario, la alimenta al garantizar la sostenibilidad del Estado del bienestar». En esto, también el presidente Sánchez ha cambiado de opinión.

Hay algo de aviso a navegantes tanto en la soflama del presidente del Gobierno en la sesión de control, cuanto en la síntesis excluyente del ministro Bolaños al aventurar los términos de la futura batalla electoral. Así lo ha escrito con pertinencia y perspicacia Manuel Arias Maldonado a raíz de la protesta violenta que consiguió impedir que la Vuelta Ciclista a España culminara en Madrid con normalidad, una suerte de ensayo general de lo que cabrá esperar si el equivocado electorado eligiera «barbarie» y no «socialdemocracia». En el fondo, la barbarie o la inestabilidad serán profecías autocumplidas pues «la mayoría», «el pueblo», «la gente» que eventualmente no gane las elecciones, sí ganará la calle imponiendo su voluntad como ha venido haciendo en las pasadas semanas en las carreteras de España y en las calles de Madrid.

Pensando sobre el alegato del presidente Sánchez no he podido evitar recordar aquello del diputado socialista Ángel Galarza en el Parlamento de la II República cuando se discutía el sufragio activo de las mujeres y él justificaba su voto en contra. Corría el 1 de octubre de 1931 y Galarza afirmaba: «… voy más allá que vosotros… porque yo, que me precio de demócrata, de republicano y también de socialista, porque por algo estoy en este partido, aunque no tengo la disciplina ni del vuestro ni del marxismo, os digo que tiene que llegar un momento y una época en que no haya posibilidad de que el derecho de voto lo tenga nadie más que una clase trabajadora, intelectual o manual, y que el parásito, hombre o mujer, no tenga derecho a intervenir en la legislación del país, no pueda tener voto, y se avance, que indudablemente lo será con el tiempo, con esta Constitución lo impedís también. ¿Qué derecho tiene la rancia nobleza española, que está viviendo del trabajo de los demás y de la renta, a intervenir en nuestra legislación y en nuestra organización? Demasiado haremos si la dejamos vivir» (Diario de sesiones, número 48, p. 1359).

En el debate de la moción de censura a Mariano Rajoy de 2018, el entonces candidato a la presidencia del gobierno y hoy presidente del gobierno, acusó al Partido Popular de tener «una visión patrimonialista del país», contraria al ideal democrático. «Es el o yo o el caos» del chiste de El Roto, decía el candidato Sánchez, y «usted señor Rajoy es el caos», concluía (en la viñeta, un político se dirigía al pueblo en un mitin planteando esa disyuntiva).