A ciegas

El plazo vence este próximo martes 30 de septiembre. Será el tercer año consecutivo en que el Gobierno no ha elaborado ni presentado ante el Congreso un proyecto de Presupuestos Generales. Y un año más, España será el único país de la Unión Europea que no haya revelado ante Bruselas sus planes presupuestarios. Ni tan siquiera se ha molestado en aprobar un techo de gasto ni la senda fiscal. Todo un logro para ser un Gobierno que dice garantizar la estabilidad porque, como asegura una y otra vez Pedro Sánchez, «gobierna para la mayoría». Desde que llegó al poder apoyado en un heterogéneo bloque parlamentario tras las elecciones de julio de 2023, el Gobierno ha incumplido con la obligación de elaborar y presentar unas cuentas públicas que recoge el artículo 134 de la Constitución Española. Vivimos de la prórroga de los presupuestos de 2023, a pesar de que la situación económica es bien distinta y los desafíos, tanto internos como externos, se han agudizado. 

Es la gestión a ciegas de los recursos públicos. Y una muestra más del desprecio del Gobierno al cumplimiento de sus obligaciones y, por tanto, a los ciudadanos. Porque los presupuestos generales del Estado (PGE) son la ley más importante que define la acción de cualquier gobierno. Contienen la previsión de los ingresos fiscales, de los gastos y las inversiones del sector público y revelan el grado de compromiso del Ejecutivo con el cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda pactados con Bruselas. Las cuentas públicas sirven para que los ciudadanos conozcan y valoren las prioridades del Gobierno. Y son necesarias para que este rinda cuentas sobre su gestión. 

No sólo ante el Parlamento sino también ante organismos externos. Ya sean la Comisión Europea o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), creada en 2013 para velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas y evitar los fuertes desequilibrios que intensificaron los efectos de la crisis financiera de 2008 que luego mutó en la Gran Recesión. Mientras el Ejecutivo Europeo aún no se ha pronunciado sobre la ausencia de presupuestos, por tercer año consecutivo, en nuestro país, la segunda sí lo ha hecho. Su presidenta, Cristina Herrero, denunció esta semana: «El marco fiscal nacional está anestesiado, vive sin objetivos y sin Presupuestos». Herrero tiene motivos para estar cabreada. La falta de información por parte del Gobierno hace imposible cumplir con la tarea de supervisión que tiene asignada la institución que preside. «Estás completamente a ciegas». 

A ciegas y en un contexto cada vez más complicado. Por un lado, el gasto que se destina a las pensiones no ha parado de crecer. Puede que Bruselas no se haya pronunciado aún sobre la ausencia de presupuestos, pero sí lo hizo esta semana con respecto al gasto en pensiones. Y avisó que España será el país que más recaudación tendrá que destinar a financiar estas prestaciones. La generosidad del sistema español y el rápido envejecimiento obligarán al país a destinar el 46% de sus ingresos. Otro frente que amenaza con alterar el marco fiscal son los compromisos asumidos con Cataluña para asegurarse primero la investidura de Sánchez, con la condonación de 15.000 millones de deuda a Cataluña, y luego la de Salvador Illa como presidente de la Generalitat a cambio de la cesión del 100% de los ingresos fiscales. 

En el frente internacional, el aumento del gasto en Defensa al que se ha comprometido el Gobierno con sus socios europeos para hacer frente al desafío que ha supuesto la agresión rusa en Ucrania afectaría también a los recursos financieros del Estado. Sólo en agosto este se disparó un 40% hasta elevarse en 5.000 millones de euros. En ausencia de presupuestos generales, ese notable aumento se ha hecho sin la aprobación del Congreso por la vía de las modificaciones presupuestarias que ejecuta internamente el Gobierno. La necesidad de amortiguar el impacto de los aranceles de Donald Trump en las industrias exportadoras españolas a Estados Unidos que se vean más afectadas puede también obligar a destinar una parte de los recursos fiscales a este gasto extraordinario.

Entre los compromisos asumidos por el Gobierno para acceder y permanecer en el poder y el complejo contexto internacional, la ausencia de presupuestos es una colosal irresponsabilidad. Pedro Sánchez ha optado por hacer frente a estos enormes desafíos a su manera: desistiendo de sus obligaciones constitucionales, evitando la rendición de cuentas, negando la información a los organismos supervisores y, siempre que sea posible, de espaldas del Congreso.