La izquierda cuantitativa

La izquierda en general y el sanchismo en particular tienen un problema cuantitativo. Habían empezado a tomarse licencias con el lenguaje y de ahí pasaron a hacer lo mismo con las matemáticas. Todos recordamos a aquel Fernando Simón, coordinador de Emergencias Sanidad, diciendo tan ufano que «España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado» y manifestando que «no habrá transmisión local y en todo caso sería muy limitada y muy controlada».

Algún caso determinado fueron 130.000 muertos, pese lo cual la banda sanchista sigue poniendo como epítome del mal los 7.291 ancianos fallecidos en las residencias de Madrid, la undécima Comunidad en proporción luctuosa. Por delante figuran, atendiendo a muertos en residencias: Aragón, La Rioja, Castilla y León, Navarra, Cantabria, Extremadura, Galicia, Asturias, Castilla-La Mancha y Baleares.

Más problemas con las cifras: La hija de Sabiniano tiene un porvenir judicial tirando a oscuro debido a la amenaza de un cargo por malversación, al haber empleado los servicios de Cristina Álvarez, funcionaria que percibe un sueldo público, para gestionar sus negocios privados. En su cuarta comparecencia ante el juez Peinado, Bego Fundraiser admitió que Cristina le hizo algunos favores puntuales para su cátedra. Ella considera que fueron pocos, sin tener en cuenta que uno ya sería demasiado. Los suyos opinan que fueron pocos. Baltasar Garzón, un tipo que fue expulsado de la carrera judicial por prevaricador, mostraba su incredulidad: «Yo no veo indicios de delito. ¿Por cuatro correos?» Parece que fueron algunos más, aunque no llegaron a ser suficientes para convencer a la Defensa de Begoña ni a la Fiscalía, porque, «¿el fiscal de quien depende?», que preguntó su marido a un periodista de Radio Nacional. Sostienen el fiscal y el abogado de Begoña Gómez que 121 mails de la asesora con gestiones para la cátedra no suponen malversación. Lo mismo da ocho que ochenta, cuatro que 121.

El relativismo aritmético me ha hecho recordar un viejo chiste en el que durante un encuentro entre dos amigos que llevaban tiempo sin verse, uno le cuenta al otro que va a casarse en breve. «¿Y con quién?», pregunta éste. «Con Fulanita de Tal», responde el primero. «Ya siento decírtelo, pero por la cama de Fulanita ha pasado medio Bilbao». «Anda que no te gusta exagerar. ¡Me hablas como si Bilbao fuera Nueva York!».

En favor de la inocencia de Begoña Gómez ha venido a insistir un viejo conoció de la afición, el juez Castro, que escribió algunas páginas memorables de la historia del Derecho al instruir el caso Nóos. Puso todo su afán en que resultara condenada la infanta Cristina de Borbón, aunque el empeño le salió regular.

Era tal su inquina que el fiscal Horrach parecía el abogado defensor de la procesada. ¿Recuerdan haber leído en alguna parte que no tiene sentido el caso contra Begoña Gómez porque solo está sustentado en unas fotocopias de periódicos y en una querella del Sindicato de Funcionarios Manos Limpias? Pues la querella contra la mujer de Pedro Sánchez venía avalada por los mismos denunciantes que él consideró perfectos para la mujer de Iñaki Urdangarín.

Hay más. Cabe pensar que José Castro actuó cargado de prejuicios ideológicos. En noviembre de 2015, Castro era entrevistado en Diario de Mallorca, donde contó que una semana antes había mantenido una conversación telefónica con Pablo Iglesias Turrión y que el líder de Podemos le había ofrecido ir como candidato en sus listas electorales. El juez instruía el caso Palma Arena, del que decidió abrir como pieza separada el caso Nóos. Admitió que le habría gustado participar en el proceso de cambio impulsado por Pablo Iglesias, pero le venía mal. Ya estaba engolosinado con sentar a la hermana del Rey en el banquillo, y no encontró fecha más apropiada que el 22 de diciembre de 2014 para firmar el auto que abría el juicio oral contra la infanta Cristina de Borbón, enviándola al banquillo. Felipe VI iba a dirigir su primer discurso de Navidad a los españoles 48 horas más tarde. Para rematar el despropósito, Castro, que desconfía de la instrucción del juez Peinado del caso Begoña, incluye entre los Fundamentos Jurídicos (pág. 117 de su auto) que, tal como dice la publicidad de la Agencia Tributaria, «Hacienda somos todos», por lo que cabe considerar a Manos Limpias parte perjudicada. Se rebotó contra la abogada del Estado Dolores Ripoll, que trató adecuadamente la tontería del juez Castro y a quien la prensa sincopada acusó de «no creer que Hacienda somos todos». La cuestión era más simple: un eslogan publicitario, por muy razonable que sea, no puede tomarse por un fundamento de derecho.