Manipular las elecciones: ¿la última tentación?

La democracia no consiste únicamente en introducir una papeleta en una urna. Es un sistema complejo donde interactúan la separación de poderes, la rendición de cuentas y el respeto al principio de legalidad. Si se erosionan esos pilares, el voto corre el riesgo de convertirse en una liturgia estéril, algo parecido a rogar un milagro en una iglesia desacralizada.

Nuestra democracia se adapta como un guante a esta metáfora. En los últimos ocho años, bajo el mandato de Pedro Sánchez, hemos asistido a una demolición meticulosa de los contrapesos institucionales; esto es, la desacralización de la democracia. No ha sido un golpe con tanques, sino a base de decretos, textos del BOE, trueques en la sombra, vaciamiento constitucional y sucia fontanería. Un tortuoso camino cuyo previsible final mejor no nombrar para no invocar a los demonios. Basta con recordar la advertencia de Tocqueville de que la tiranía puede estar más cerca de lo que se cree, bajo las formas suaves de la democracia.

Sánchez y sus antecedentes

Son demasiados los antecedentes como para no anticipar que lo peor podría estar aún por suceder. No es alarmismo, es la lógica inescapable de los acontecimientos. Sánchez ha convertido el decreto-ley en su herramienta predilecta, convirtiendo lo que debía ser excepcional en un mecanismo sistemático de abuso de poder. Ha declarado que no necesita al Congreso para gobernar y, en la práctica, así lo ha hecho. En 2021 concedió indultos a los condenados por sedición y malversación en el procés, presentándolos como «medida de concordia». El Supremo lo calificó como premio al delito; el Constitucional, controlado por Sánchez, lo bendijo. Fue el anticipo de lo que vendría después con la amnistía de 2024, un trueque descarado: siete votos de Junts a cambio de borrar delitos de extrema gravedad. De nuevo, el Tribunal Constitucional avaló este Black Friday de la legalidad. Y lo hizo con el agravante del procedimiento exprés para burlar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

A esto se añadió el indulto a los camaradas socialistas condenados por el caso ERE, una contradicción flagrante con el principal argumento electoral del PSOE de 2016. Sánchez prometió entonces que sería implacable con la corrupción. Una promesa que duró lo que tardó en aflorar la corrupción de su partido, de su entorno personal y derivadamente de él mismo. Ha convertido el Tribunal Constitucional, presunto guardián de la Carta Magna, en su sucursal jurídica. Una especie de comisariado político –o boutique legal– cuya función es legitimar sus excesos. Como guinda del pastel, pretende transferir la instrucción penal de los jueces a la Fiscalía, lo que equivale a poner al lobo a guardar las ovejas. Porque, ¿qué independencia puede haber en un órgano jerárquico dirigido por alguien nombrado en Consejo de Ministros o, dicho más crudamente, por el propio Sánchez?

Sus acciones, sin embargo, no se limitan a pervertir las instituciones convirtiendo el Poder Ejecutivo –su poder– en el poder de todos los poderes. Su pulsión dictatorial también se manifiesta en las formas. Los escándalos de corrupción como el caso Koldo, Mediador o la investigación sobre su esposa o su hermano las ha despachado con señalamientos a los jueces y acusaciones de lawfare. La culpa es siempre de los jueces, no de los sobres. Sus hechos, pero también sus palabras, no dejan lugar a la duda: Sánchez está fuera de control. Y mientras siga en la Moncloa, cualquier cosa puede suceder, por disparatada que parezca.

«La transmisión y consolidación provisional de los votos pasa por un filtro: el ‘software’ de Indra, inaccesible al escrutinio público»

En este contexto, los audios judicializados que apuntan a papeletas «extra» en las primarias de 2014, las mismas que auparon a Sánchez al liderazgo del PSOE, no son un detalle menor. Al parecer, nuestro inefable presidente ya practicaba el voto creativo antes de llegar a La Moncloa. Quien no respeta la liturgia del voto en su propia casa, ¿qué no será capaz de hacer en la de todos? Por ahora, España sigue teniendo urnas, aunque cada vez tenga menos contrapesos. Sin embargo, cuando los cimientos democráticos han sido desgastados con toda intención, no es descabellado anticipar que alterar la liturgia del voto será, por pura lógica, la siguiente tentación.

Un sistema de volcado de código cerrado

Aquí es donde cobran especial importancia las sombras que rodean al sistema electoral. El recuento oficial sigue siendo manual y está en manos de las mesas y de las juntas electorales, lo cual ofrece bastantes garantías. Sin embargo, la transmisión y consolidación provisional de los datos pasa por un filtro: el software de Indra, una caja negra de código cerrado, inaccesible al escrutinio público, y supervisado además por el Ministerio del Interior. Que los resultados preliminares dependan de un sistema opaco controlado por una empresa contratada por un ministerio que a su vez sólo rinde cuentas al propio presidente no es precisamente un matiz menor. En circunstancias de plena normalidad democrática –lo que no es el caso de España–, esta combinación ya sería discutible; en un contexto en el que quien gobierna ha demostrado carecer de escrúpulos a la hora de forzar la legalidad, esta opacidad deja de ser un mero detalle técnico para convertirse en un riesgo verdadero.

En España nunca se ha realizado una verificación amplia y sistemática que confronte los datos informáticos difundidos por Interior con las actas físicas firmadas en cada mesa electoral. Alguna vez se han solicitado contrastes parciales, pero jamás una auditoría generalizada que cierre de manera incuestionable la brecha entre el papel y la informática. La verificación del recuento provisional no depende sólo de la buena voluntad de los partidos, sino también de su disposición a trabajar, a dedicar recursos y a asumir el esfuerzo extra que exige salvaguardar la integridad del sistema. Y lo cierto es que, salvo excepciones puntuales, ese celo brilla por su ausencia. En consecuencia, el escrutinio provisional queda bajo una doble sombra: la opacidad tecnológica y la desidia política.

A esto se suma una circunstancia peculiar: el ciudadano, a título individual, no puede acceder a las actas ni solicitar copias de ellas. Ese derecho se reserva en exclusiva a los partidos, como si la transparencia electoral fuese un privilegio corporativo y no un principio democrático. Sin embargo, lo que está en juego en esas actas no es el voto de los partidos. El voto no pertenece a las organizaciones políticas: pertenece al ciudadano, que como mucho lo presta provisionalmente. Negarle el acceso directo a la verificación es, en el fondo, negarle la plena propiedad de su propio derecho.

«¿Por qué España debe resignarse a confiar a ciegas en un proceso cuya llave está en manos de un personaje como Sánchez?»

Lo razonable sería adoptar software de código abierto, auditable por cualquiera, con trazabilidad pública, mesa por mesa y bajo un control verdaderamente independiente. Otros países lo han hecho sin traumas, ganando transparencia y confianza. ¿Por qué España debe resignarse a confiar a ciegas en un proceso cuya llave provisional está en manos de un personaje como Sánchez?

Sombras del voto por correo

El voto por correo también tiene zonas de sombra. En 2023, colapsos en Correos dejaron a miles de españoles sin poder votar. Aunque, según datos oficiales, se resolvió el 94% de las solicitudes, el restante 6% supuso cientos de miles de ciudadanos silenciados. En democracia, ese margen no es tolerable. Menos aún lo es en un sistema electoral como el español, donde un puñado de votos aquí o allá puede cambiar el signo de numerosos escaños.  

A esto se suman los fraudes locales detectados en distintos municipios españoles, algunos protagonizados por militantes socialistas, con compra de votos o manipulación de censos. No se trata de un fenómeno generalizado, pero sí de una casuística los suficientemente nutrida como para que se encienda la luz roja: el sistema es vulnerable. Si añadimos el precedente de las primarias bajo sospecha, la conclusión es tan clara como inquietante: la tentación de «ganar como sea» está ahí. No es un delirio. Los antecedentes pesan demasiado como para ignorarlos por el miedo al qué dirán.

La vulnerabilidad del proceso electoral no flota en el vacío: es reflejo de un deterioro más amplio. La erosión de las urnas va de la mano de la erosión de las instituciones. Y ese deterioro no es una percepción privativa de un puñado de fachas, sino un hecho constatado por organismos internacionales. El Banco Mundial, en sus Indicadores de Gobernanza, muestra una acusada caída de nuestro país en calidad democrática, Estado de derecho y control de la corrupción. En el año 2000, España alcanzaba 1,41 puntos en Estado de derecho (escala de -2,5 a +2,5); en 2023 había descendido hasta 0,82. En control de la corrupción, la caída es aún más llamativa: de 1,33 a 0,63. No es opinable: nos alejamos de la media de las democracias consolidadas y nos acercamos peligrosamente a países en los que la corrupción y el clientelismo campan a sus anchas. Lo que algunos califican de «alarmismo» es, según observadores independientes, una realidad objetiva: nuestra democracia se degrada a gran velocidad.

¿Conspiranoia? No, prevención

España se juega mucho en las próximas elecciones generales, casi diría que se lo juega todo. Oposición y sociedad civil deben anticiparse y exigir garantías reforzadas. Código abierto en el software electoral, recuento paralelo ciudadano con publicación de actas fotografiadas y accesibles a todos, auditoría diaria del voto por correo, observadores internacionales de la OSCE y observadores locales reforzados, y una cadena de custodia estricta de actas y papeletas. No se trata de alimentar el conspiracionismo, sino de reforzar la confianza en el proceso para curarse en salud. Con Sánchez, del mañana nada se sabe. Lo ha demostrado una y otra vez. Mejor tener a mano un paraguas, aunque el cielo este despejado y luzca un sol radiante.

Plantear la posibilidad de manipulación electoral quizá suene duro, especialmente en una sociedad acostumbrada a dar demasiadas cosas por sentadas. Pero más duras podrían ser las consecuencias de ignorar los antecedentes. Un presidente que ha indultado a los suyos, amnistiado a cambio de votos, colonizado al Constitucional y violentado las reglas internas de su propio partido no merece confianza; mucho menos, una confianza ciega. La democracia a menudo no muere súbitamente con un golpe convencional, sino lentamente, mediante una demolición progresiva. Se liquida primero la independencia judicial, después el control parlamentario, luego la rendición de cuentas, después la libertad de prensa… hasta que al final, sólo queda una barrera: la urna. Si no defendemos ese último muro, es probable que sea demolido también.

En 1977, España votó con la ilusión de la novedad democrática. En 2025 debe aprender a votar con la prevención de la experiencia. La verdadera conspiranoia no sería temer un fraude electoral, sino mirar hacia otro lado y fingir que aquí nunca podría pasar.