Necesidad de los inmigrantes

Afirmaba en el artículo de la semana pasada que en el tema de la inmigración se cruzaban dos problemáticas que conviene tratar por separado. La primera se basaba en criterios humanitarios y compasivos; la segunda, en motivaciones económicas. Por razón fundamentalmente de espacio me limitaba entonces a la primera, dejando los efectos económicos para esta semana. Por lo tanto, en este segundo artículo me circunscribiré a analizar la conveniencia de atraer a los inmigrantes como mano obra, sin tener en cuenta otras consideraciones.

El Gobierno, por boca del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, mantiene la necesidad de que en los próximos años lleguen 3,5 millones de extranjeros a nuestro país para salvar así el sistema público de pensiones. Afirman que en la próxima década se producirán 5,3 millones de jubilaciones, mientras que, si no se pone remedio, solo se incorporarán 1,8 millones de jóvenes al mercado laboral.

El argumento desde luego no es convincente, porque una vez más permanecemos prisioneros de ese tópico que lograron imponer las entidades financieras: unir pensiones con el número de trabajadores o, lo que es lo mismo, mantener el dogma de que las pensiones se tienen que financiar exclusivamente con cotizaciones sociales. Tal exclusividad no se adecúa ni a la ley ni a la Constitución.

Es el Estado con todas sus fuentes de ingresos el que ha de sostener el sistema público de pensiones, al igual que lo hace con la sanidad, la educación, la dependencia, etc. En todo caso, lo que hay que examinar y estudiar es la financiación de la totalidad del Estado del bienestar, pero para ello lo importante es considerar lo que se produce y no cuántos son los que producen.

Es más, en sentido estricto lo que hay que tener en cuenta es la productividad. Si esta aumenta, aun cuando el número de trabajadores se reduzca, la producción puede ser la misma o incluso mayor. De ahí que, si en el futuro la productividad aumentase al mismo ritmo que lo hizo en la segunda parte del siglo pasado, es decir, hasta la creación del euro, es muy posible que no se precisase la incorporación de nuevos trabajadores. O al menos no al ritmo que plantea el Gobierno y, por descontado, no por el motivo de mantener el sistema público de pensiones.

«Actualmente el número de extranjeros en nuestro país asciende a 7,05 millones de personas, el 14,3% de la población total»

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha destacado la contribución de la inmigración en el crecimiento del PIB español después de la pandemia. El Gobierno se vanagloria de la mejora de la actividad económica, pero lo que no señala es que ello se ha logrado por un aumento importante de la población, especialmente mediante la entrada de inmigrantes. Actualmente el número de extranjeros en nuestro país asciende a 7,05 millones de personas, lo que representa el 14,3% de la población total. Mientras que en 2019, la población foránea alcanzaba los 5,03 millones, equivalente al 10,7% del total. En este periodo, por tanto, el número de inmigrantes se ha incrementado en un 40,1%.

Estos datos no pueden por menos que cuestionar la euforia del Gobierno. El incremento de la población ha absorbido el mayor crecimiento económico, esto es, se ha conseguido por el procedimiento de ser más a producir y por lo tanto a repartir, de manera que la renta per cápita apenas ha aumentado y claramente en un porcentaje inferior al de la mayoría de los países europeos. La conclusión inmediata es el estancamiento de la productividad.

El hecho de que el incremento del PIB se haya producido mediante la incorporación al mercado laboral de un número importante de inmigrantes también pone en cuarentena la fundamentación del optimismo gubernamental sobre las cifras de creación de empleo, ya que este apenas se ha traducido, como es lógico, en el descenso del número de parados.

La actual situación económica de nuestro país no deja de ser paradójica, tenemos el volumen de paro mayor de toda la Unión Europea, y eso que la manera de ofrecer los datos hace que varios colectivos que en realidad son parados no figuren como tal. La tasa oficial asciende a 10,29%, lo que corresponde a 2.533.100 personas. No obstante, si contabilizásemos los trabajadores en ERTE, los fijos discontinuos y otros colectivos que a pesar de no estar trabajando no se incluyen en las cifras oficiales de paro, el monto estaría próximo a los cuatro millones. De cara al futuro habría que añadir, además, el desempleo que se prevea que se va a producir en la automatización de algunos puestos de trabajo.

«Se unen cotizaciones con pensiones sin considerar el conjunto de ingresos y gastos»

Este enorme número de parados cuestiona medidas como las impuestas por Escrivá cuando era ministro y que han seguido desarrollando sus sucesores, incentivar económicamente los retrasos voluntarios en la jubilación. Del mismo modo, cuestiona la necesidad sin más de incorporar en los próximos años 3,5 millones de inmigrantes al mercado laboral.

Por otra parte, en el mes de julio el número de extranjeros afiliados a la seguridad social era ya de 3.096.015, a los que había que añadir los parados, con una tasa (15,79%) incluso superior en más de cinco puntos a la nacional (10,29%). Más allá del dato oficial, si de la población total de emigrantes deducimos el número de afiliados, llegamos a la cifra de cuatro millones de personas, que  si bien no todos ellos son parados ni forman parte de la población activa, de una o de otra manera participan de la distribución, y por uno u otro procedimiento, de las prestaciones y servicios públicos.

Se suele argüir que los trabajadores emigrantes cotizan y, sin embargo, en su inmensa mayoría no reciben pensiones. Una vez más, se unen cotizaciones con pensiones sin considerar el conjunto de ingresos y gastos. Lo lógico es que, perteneciendo la casi totalidad de ellos a las capas más humildes, los recursos que ingresen al erario público serán inferiores a los inputs que perciben por todo tipo de conceptos. Por ejemplo, muy pocos serán los que estén obligados a contribuir por el IRPF y los que lo hagan será por una cantidad mínima. Es más, en muchos casos, dado que la gran mayoría han dejado familiares en sus países de origen en una situación de grave necesidad, tenderán dentro de sus posibilidades a enviarles remesas económicas.

Es verdad que las patronales y empresas de determinados sectores económicos, hostelería, construcción, transportes, etc., se quejan de que no encuentran mano de obra, lo que sin duda es una paradoja en un país de cuatro millones de parados, y de otros tres millones de nacionales que se encuentran viviendo en el extranjero, muchos de los cuales han tenido que emigrar por no encontrar los puestos adecuados en España. La realidad es que estamos importando camareros y albañiles y exportando médicos, enfermeras e ingenieros.

«El diseño del Ingreso Mínimo Vital como impuesto negativo sobre la renta fue un error que lo ha lastrado desde el origen»

Como paso previo a determinar la conveniencia de la entrada de inmigrantes y su número, urge analizar cuál es la razón de este desacoplamiento, y cuál es el motivo por el que los parados rechazan los puestos de trabajo vacantes. ¿Quizás un sistema educativo totalmente divorciado del mercado laboral? ¿Tal vez por haber creado en la sociedad una cultura que denigra el trabajo manual? ¿Acaso por haber constituido un sistema de ayudas y subsidios excesivamente amplio y sin los controles debidos? Concretamente, el diseño del Ingreso Mínimo Vital como impuesto negativo sobre la renta fue un error que lo ha lastrado desde el origen. Además, la finalidad primera que tenía esta prestación que era la de unificar todas las que se concedían de cuantía y normativa diversas por las distintas autonomías, no se cumplió. Todo lo contrario, todas ellas se han declarado compatibles con la nacional. Y no solo es que no se hayan unificado las subvenciones autonómicas, sino que se ha fraccionado la nacional para transferir a Cataluña y al País Vasco la porción correspondiente.

Es posible también (e incluso probable) que los salarios y las condiciones laborales ofrecidas por las empresas no sean atractivos para los nacionales, en cuyo caso los inmigrantes adquieren la condición de ejército de reserva para mantener las remuneraciones del trabajo estancadas. Una especie de sustituto de la deslocalización. La izquierda ha estado siempre radicalmente en contra de la fuga de empresas, total o parcial, emigrando a aquellas latitudes en las que los salarios y los costes laborales son más reducidos. La paradoja se encuentra en que en estos momentos parte de esa izquierda defiende la inmigración sin control, sin calcular su necesidad y sin ponderar las circunstancias que pueden hacer que tenga los mismos efectos que la deslocalización.

En sectores como por ejemplo el de la hostelería habrá que preguntarse si las empresas no tienen margen para mejorar las condiciones laborales y los salarios, de manera que los puestos de trabajo pudiesen ser atractivos para los nacionales. La contestación afirmativa aparece tanto más probable en cuanto que el turismo está sufriendo un crecimiento desmesurado, lo que a veces plantea problemas a los naturales. Muy posiblemente, por tanto, sería factible subir los precios y tender hacia un turismo menos masivo y de mayor calidad.

Con carácter más general y más allá del problema estricto de la inmigración, habría que plantearse cuál es la razón de que dentro de ese mercado libre que es la UE, España haya tenido que especializarse en productos de poco valor añadido y que conlleva, como colofón, puestos de trabajos precarios y de baja calidad. Incluso tendríamos que valorar si en muchos casos llevados al extremo no estamos hablando de paro encubierto, con lo que en realidad cuando decimos que necesitamos manos lo que estamos reclamando es la llegada del exterior de semiparados, tendente a ocupar trabajos basura. Podemos preguntarnos también si este proceso no está ligado a nuestra entrada en la moneda única y a la devaluación interna a la que nos condujo.

Todo lo anterior induce a pensar que, desde la óptica meramente económica, la cuantía de inmigrantes, su carencia, características y cualificación deberán ser cuidadosamente estudiadas y no decididas alegremente, o más bien no asumidas pasivamente por una política permisiva.