Zapatero se cita con Pumpido
«La cita entre Zapatero y Pumpido evidencia que el control del orden constitucional ha sido ocupado por quienes trabajan, desde dentro, en su demolición»
Ilustración de Alejandra Svriz.
El pasado domingo, José Luis Rodríguez Zapatero se reunió con Cándido Conde-Pumpido en su hotel favorito de Madrid, según contó en exclusiva THE OBJECTIVE. Tras la entrada en prisión de Santos Cerdán, Zapatero se ha convertido en el valido oficioso del sanchismo: su encargo, blanquear al prófugo Puigdemont y pilotar la demolición pactada del Estado de derecho. A la cita se sumó el exministro socialista José Blanco, alias Pepiño, hoy reciclado como CEO de una consultora dedicada al lobby.
Dos días después, el tribunal que preside Pumpido admitió a trámite los recursos de amparo del expresident y de otros dirigentes independentistas contra los autos del Tribunal Supremo que les denegaban la aplicación de la amnistía por malversación. El Constitucional desestimó, además, las principales objeciones planteadas por el Supremo contra la ley. Lo que en cualquier democracia constitucional sería motivo de escándalo nacional aquí pasa por anécdota de sobremesa. Literalmente.
Zapatero va y viene de Waterloo como emisario de Moncloa, negociando con el prófugo el respaldo parlamentario de Junts a cambio de una amnistía cuya eficacia da por hecha. Primero la prometió Santos Cerdán, antes de acabar entre rejas. Luego fue él quien ratificó el compromiso con la seguridad de quien conoce el desenlace. Y en ese contexto, Conde-Pumpido no tenía nada que hacer en esa mesa. Ni como magistrado, ni como presidente del Tribunal Constitucional, ni como ciudadano consciente del cargo que ostenta.
La secuencia institucional es obscena. Primero, el Gobierno encarga a un expresidente su interlocución en un país extranjero con el máximo responsable de un intento de secesión. Luego, ese mismo enviado se reúne con el presidente del tribunal que debe resolver los recursos de ese prófugo. Y a continuación, el tribunal en cuestión allana el camino para cumplir con el pacto político. En lugar de esperar a la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la mayoría progresista del Constitucional opta por facilitar el calendario a Moncloa. Su función ya no es la de garantizar la supremacía constitucional, sino la gobernabilidad de Sánchez.
Los hechos hablan solos. Ya no se trata solo de que el Constitucional haya admitido los amparos de Puigdemont, Comín y Puig Gordi alegando «consecuencias políticas generales». Lo relevante es que ha desestimado las objeciones del Supremo a la ley de amnistía y que los acusados y condenados por malversar caudales públicos en nombre de una causa política están un paso más cerca de quedar absueltos por la puerta de atrás. Como si nunca hubiera pasado nada. Como si el golpe no existiera. Como si la Constitución fuera un papel reescribible al servicio de las necesidades concretas de gobernabilidad del sanchismo.
«El Constitucional, en lugar de actuar como garante de la Carta Magna, se ha convertido en instrumento de su disolución controlada»
Lo grave es que el Tribunal Constitucional ha decidido no suspender la resolución de los recursos sobre la ley de amnistía a la espera de que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Aun sabiendo que abre la puerta a un conflicto jurídico entre órganos constitucionales. Porque el TJUE ya ha establecido, en jurisprudencia consolidada, que un juez nacional no está obligado a aplicar una resolución de su Tribunal Constitucional si esta contradice la interpretación dada por el tribunal de Luxemburgo del Derecho de la Unión. Esto implica que si el Supremo considera que la sentencia del Constitucional vulnera la primacía del Derecho europeo, por ejemplo: porque la ley de amnistía contradice el principio de Estado de derecho –rule of law– o favorece la impunidad de delitos de corrupción puede legítimamente suspender la decisión sobre su aplicabilidad a la espera a que se pronuncie el TJUE.
Y motivos no le faltan. La Comisión Europea ya ha advertido que esta amnistía no responde al interés general, sino a un acuerdo político de investidura, lo que la convierte en una autoamnistía encubierta. Una norma que no solo quiebra la igualdad ante la ley, sino que cuestiona la independencia judicial, debilita la separación de poderes y pone en entredicho los compromisos del Estado con los valores fundacionales de la Unión.
Pero aquí la estrategia es otra: correr. Resolver cuanto antes. Consolidar jurídicamente lo que ya está atado políticamente. El Constitucional, en lugar de actuar como garante de la Carta Magna, se ha convertido en instrumento de su disolución controlada. Y su presidente, en lugar de comportarse como magistrado, no se molesta ni en aparentarlo. Curioso el silencio de quienes linchan a jueces por opinar en conferencias, pero no ven problema en que el presidente del TC comparta mesa con el negociador del prófugo. Al parecer, la toga se contamina más en las mesas redondas que en las de los restaurantes.
La cita entre Zapatero y Pumpido evidencia que el control del orden constitucional ha sido ocupado por quienes trabajan, desde dentro, en su demolición. Queda solo el Supremo. Y queda Europa. Porque del Constitucional ya no queda ni el nombre.