Opacidad fiscal y ganancia de pescadores

Hay que disculpar al ciudadano que proyecta una visión de túnel cuando se discuten asuntos fiscales: la mayoría solo piensa en su posición relativa dentro del sistema, desentendiéndose de la estabilidad presupuestaria o la justicia intergeneracional. ¡Ande yo caliente, indígnese la gente! Asalariados, pensionistas, autónomos o funcionarios suelen defender sus intereses a despecho de lo que digan los números y sin preocuparse demasiado por guardar las debidas proporciones entre lo que se da y lo que se recibe. Damos por hecho que el ogro filantrópico –o sea, el Estado– dispone de recursos ilimitados, como prueba la reacción habitual del pensionista máximo cuando se le señalan los desequilibrios del sistema: yo he cotizado 40 años y si hace falta más dinero que se lo saquen a los ricos o cierren algún chiringuito público.

Y hay que disculpar al ciudadano –aunque tampoco demasiado– porque la maraña fiscal del Estado del bienestar no se deja desenredar fácilmente. Así lo pusieron de manifiesto en su momento los teóricos libertarios norteamericanos: ¿cómo podemos llegar a saber si salimos ganando o perdiendo en relación con un poder público que tan pronto da como quita y viceversa? ¿De quién podemos fiarnos si gobiernos y partidos no dudarán en ocultar la verdad (fiscal) con tal de ganar votos cortejando a los grupos sociales con mayor poder electoral?

Ya lo decía Anthony de Jasay: cuando el Estado no puede contentar a todo el mundo, tendrá que decidir a quién contenta. Claro que el pensador húngaro no contaba con un gobierno que trata con cierto éxito de engañar a todo el mundo a la vez: mintiendo a unos y otros para que nadie crea salir perdiendo. Y así ha venido a recordárnoslo la polémica sobre las bases de cotización de los trabajadores autónomos, un colectivo que protestado con estrépito en lugar de seguir callado.

Sin embargo, tal como ha recordado Jahel Queralt, no es un asunto que se preste a la simplificación. A diferencia de las elevadas cotizaciones sociales que abonan los empleadores, contempladas por los asalariados como parte de su remuneración y no como el abultado coste laboral que obviamente son para quien los contrata, la cantidad que el autónomo transfiere al Estado se encuentra a la vista de todos: por eso duele más y llama más nuestra atención.

«Tres millones de votos pesan menos que diez: la tiranía electoral del pensionista no terminará a manos de los trabajadores por cuenta propia»

No obstante, la idea es la misma: contribuciones (menores y más flexibles) a cambio de prestaciones (menos generosas). Pero tampoco aquí salen las cuentas, máxime cuando el sistema beneficia a los pensionistas por razones crudamente electorales y el autónomo que contribuye modestamente al pago de sus prestaciones –porque así lo elige o porque no tiene más remedio– termina por concluir que también él es acreedor de un mejor trato. ¿Por qué no? También ellos votan. Claro que tres millones de votos pesan menos que diez: la tiranía electoral del pensionista no terminará a manos de los trabajadores por cuenta propia.

Sucede que la reforma pactada en su momento por Escrivá, que el Ejecutivo se ha visto obligado a retirar dejando así que las urnas pesen más que las convicciones una vez más, tenía poco que ver con los autónomos: ante todo se trataba de ayudar a financiar –apenas Unai Sordo lo ha dicho con claridad– el creciente déficit de las pensiones. Postergada la reforma de marras, en fin, seguimos aplazando el debate sobre la cruda realidad fiscal de nuestro Estado del bienestar –un debate que a duras penas será racional en un país donde según ha descubierto Funcas solo el 12,5% de los españoles sabe cómo se financia el sistema de pensiones– y solo nos queda contemplar cómo ese agujero negro se lo va tragando todo poco a poco.