Así se fabrican ciudadanos de segunda

Esta historia no comienza en un despacho, sino en una cocina. Ana, maestra en un pueblo de Soria, ha decidido cambiar la caldera de casa por una bomba de calor y ha peleado para que el ayuntamiento instale cargadores de coches eléctricos en la plaza del pueblo. Llama a los instaladores con la ilusión de estrenar invierno sin humo ni bombonas de butano. La respuesta la devuelve a la realidad: «La red eléctrica no tiene capacidad. Y con las nuevas reglas, tardará en llegar».

¿Qué está pasando? Que la nueva retribución para las inversiones en la red propuesta por el Gobierno va a dejar a mucha gente fuera de esa manida transición energética. Habrá españoles de primera y de segunda, dependiendo de dónde vivas. Discriminación en base al código postal, mientras te venden el cuento de la España vaciada.

La nueva metodología pretende retribuir las inversiones en la red a 233 euros por kilovatio cuando el coste medio real se sitúa por encima de 300 euros por kilovatio. ¿Cuál es el problema de hacer esto? Que las empresas únicamente invertirán allá donde haya un elevado consumo. Y, por tanto, no invertirán en sitios donde el consumo sea bajo porque sus inversiones irán a pérdidas. ¿Qué inversiones se van a caer? Aquellas donde el Excel diga que hay poca demanda. Es decir, en pueblos como el de Ana. Y también en estaciones de carga de vehículos eléctricos, en autopistas en medio de la nada.

El relato oficial es sencillo y puede sonar hasta lógico. Lo que pretende la norma es que se incentive la inversión allí donde hay consumo. Lo hacen porque, de este modo, la factura total de la electricidad disminuirá al distribuir los costes fijos entre más consumo. ¿Quién puede estar en contra de la eficiencia? El problema es que esta «eficiencia» convierte en trampa el futuro de buena parte del país. Si inviertes solo donde ya hay consumo, los lugares que necesitan la red para generar consumo —vivienda asequible, pequeñas industrias, agroalimentario, turismo— se quedan en lista de espera. Y como quedan en lista de espera, no despegan. Y como no despegan, nunca cumplen los «umbrales» para que la red llegue. Es la pescadilla regulatoria que se muerde la cola: no hay red porque no hay consumo, y no hay consumo porque no hay red.

Imaginemos por un momento que la red de teléfono fijo se hubiera desplegado con los mismos criterios. Imaginemos que únicamente hubiéramos hecho inversiones allí donde hubiera demanda suficiente para cubrir los costes de la inversión. Los pueblos pequeños jamás hubieran tenido línea telefónica. Precisamente eso es lo que se hizo con el despliegue de la red de gas natural, se retribuyeron las inversiones en base al consumo y, consecuentemente, las empresas únicamente invirtieron donde podían recuperar la inversión. Por eso no hay gas ciudad en pueblos pequeños; y por eso Ana tiene que calentarse con una bombona de butano o una caldera de gasoil. ¿De verdad queremos hacer lo mismo con la electricidad?

La gran paradoja es que se les llena la boca de «cohesión territorial», de «España vaciada» y de «no dejar a nadie atrás» mientras fabrican un país a dos velocidades. Ciudadanos de primera: los de los códigos postales donde ya hay consumo. Ciudadanos de segunda: los de la España que quiere subirse a la electrificación, pero a la que se le exige primero demostrar que consume lo que no puede consumir porque no tiene cómo.

El Gobierno nos explicará, con boato, que la inversión se dirige «donde más se necesita». Curiosa definición de necesidad. Mientras tanto, aprueban planes energéticos que prometen millones de coches eléctricos, climatización eléctrica, producción de hidrógeno y transformación digital. Para todo eso hacen falta cables, transformadores y subestaciones, no notas de prensa. El coste de todo eso son más de 300 euros por kilovatio. Si pagas 228 ya sabemos lo que va a suceder.

«Si inviertes solo donde ya hay consumo, los lugares que necesitan la red para generar consumo —vivienda asequible, pequeñas industrias, agroalimentario, turismo— se quedan en lista de espera»

La red no es un lujo para privilegiados. Es la infraestructura que decide si un pueblo puede atraer una quesería, una planta de procesado, una nave logística, un taller de carpintería con máquinas eléctricas o un pequeño hotel con puntos de recarga. Cada proyecto que no llega por falta de capacidad es empleo que se pierde y jóvenes que hacen la maleta. Es discriminación, sin paliativos.

La ironía se escribe sola: queremos electrificarlo todo, pero solo invertiremos donde ya está electrificado; queremos que el coche eléctrico sea para todos, pero los cargadores se instalarán donde ya hay coches eléctricos; queremos fijar población, pero la potencia disponible se adjudica a la ciudad que ya rebosa población. Es un modelo perfecto… para que nada cambie.

La alternativa no es complicada ni utópica. Empieza por aceptar que, si la media real de inversión supera los 300 euros, fijar la retribución en 228 es construir un muro invisible entre españoles. Sigue por planificar la red como un servicio universal del siglo XXI: no para perpetuar la foto de hoy, sino para permitir la de mañana. Y se completa con una idea muy simple: el Estado no debe distinguir entre ciudadanos por el tamaño de su contador.

Ana no leerá el BOE, pero sabrá reconocer la diferencia entre un país que la discrimina y uno que no. La transición energética será muchas cosas, pero no será justa si no es para todos. Pagar 228 por lo que cuesta más de 300 no es una política: es un filtro. Y los filtros se ponen para que solo pasen algunos.