Mazón y el (sencillo) arte de dimitir

Pasaban los meses y se sucedían las encuestas que certificaban la muerte política de Carlos Mazón, pero Carlos Mazón continuaba al frente del Gobierno valenciano. Lo hacía en perjuicio de la dirección nacional de un PP que quiere ser tomada en serio como adalid del regeneracionismo democrático y, como señaló con acierto John Müller, de los barones populares que a no mucho tardar se enfrentarán a las urnas. Pero todo eso acabó el pasado lunes: Mazón, diciéndose agotado, presentó su dimisión. Y es el suyo un caso interesante que contiene no pocas enseñanzas sobre la praxis política en la democracia de masas.

Que Mazón permaneciera en su cargo tanto tiempo solo puede explicarse como resultado de la táctica electoralista o del empecinamiento personal, siendo ambas motivaciones perfectamente complementarias. De un lado, el partido creyó que su encastillamiento era más provechoso que su salida: la estrategia de limitación de daños pasaba por rechazar que el Gobierno valenciano fuera responsable de una desgracia cuya ocurrencia se explica —ciertamente— por un cúmulo de factores e incompetencias. A ello se añade el factor personal: el político valenciano se ha negado a aceptar que su desaparición en la larga sobremesa del día de marras tuviese influencia alguna sobre los acontecimientos y, en consecuencia, se resistía a abandonar la escena.

Ahora bien: incluso si admitimos que la ausencia de Mazón no tuvo efectos prácticos, su dimisión seguía siendo obligada. Máxime si ha ofrecido versiones contradictorias de lo sucedido en aquella sobremesa y su acompañante declara al juez que el presidente valenciano tuvo acceso al teléfono durante esas horas. La razón es sencilla: así lo exige el principio de responsabilidad política que va asociado a los cargos ejecutivos. Si Mazón ni siquiera estaba en el puente de mando aquel día, debía asumir las consecuencias y hacerlo a tiempo. Ahora es demasiado tarde: nadie puede atribuir a la virtud lo que solo es producto del cálculo.

Puede alegarse que una dimisión temprana hubiera convertido a Mazón en el único político español que asume su responsabilidad cuando las circunstancias así lo exigen. Y es verdad: hablamos de un país donde el mismísimo presidente del Gobierno, a la vista de los escándalos que lo rodean, habría debido dimitir hace tiempo; lo mismo cabe decir de ministros como Marlaska (recordemos la valla de Melilla), Ana Redondo (por el asunto de las pulseras), Víctor Ángel Torres (señalado por sus vínculos con Koldo y compañía), o del Fiscal General del Estado cuyo insólito juicio se celebra estos días. Ni han dimitido, ni parecen haber sufrido perjuicio por no hacerlo: sus votantes siguen donde están.

«No puede seguir en su cargo quien en el curso de una jornada trágica en la que murieron más de 200 personas desaparece»

La moraleja es clara: en tiempos de polarización y partidismo negativo, dimitir es un signo de debilidad que los rivales presentarán a la opinión pública como una admisión tácita de culpa. De manera que más vale tratar de «ganar el relato» para minimizar el daño electoral y confiar en que los votantes se olvidarán del asunto. En el caso de Mazón, sin embargo, las encuestas dicen que esa estrategia fracasó desde el principio. O sea: aquí lo más útil era hacer lo correcto. Y lo correcto era asumir su responsabilidad política por una razón elemental: no puede seguir en su cargo quien en el curso de una jornada trágica en la que murieron más de 200 personas desaparece sin una buena razón que lo justifique.

En suma: dado que los titulares de los cargos ejecutivos asumen una función representativa y simbólica que trasciende la toma de decisiones, deben actuar conforme a la dignidad que se supone a las instituciones democráticas; sean ellos mismos personalmente culpables de haber tomado esas decisiones o no lo sean en absoluto. Que otros escriban manuales de resistencia: quien se dice diferente, está obligado a dar ejemplo. Todos todos saldremos ganando. Y ellos, a la larga, también.