Memoria y mezquindad 

El 22 de noviembre de 1975, a sus 37 años, Juan Carlos I fue proclamado rey de España ante el pleno de las Cortes Generales. Dos días antes había muerto, en la cama, Francisco Franco, Jefe del Estado durante los cuarenta años precedentes. El joven Rey heredó de Franco, no sólo todos los poderes que el dictador ejerció de manera omnímoda durante esas largas cuatro décadas, sino también un marco legal organizado a través de las Leyes Fundamentales del Reino y los Principios del Movimiento Nacional. 

Con unas Cortes y un presidente del Gobierno (Carlos Arias Navarro) «franquistas», Don Juan Carlos se puso en marcha, sin perder tiempo alguno, articulando a su alrededor un grupo de personas que le ayudarían en el empeño que desde tiempo atrás tenía previsto como proyecto político para su reinado. 

Tuvo la visión de nombrar a Torcuato Fernández Miranda presidente de las Cortes el 1 de diciembre de 1975, apenas 8 días después de su proclamación, manteniendo en su puesto al presidente del Gobierno. «Aguantó» los desplantes e impertinencias políticas del presidente Arias durante siete meses, no sin antes, el 2 de junio de 1976 (seis meses en el Trono) pronunciar un histórico discurso ante el Congreso de los Estados Unidos que supuso un compromiso ante la comunidad internacional de sus intenciones políticas: «first and foremost», convertir a España en una democracia absolutamente homologable con las existentes en Europa. Discurso que mereció una ovación inolvidable del Congreso americano y que aún hoy, emociona escuchar (disponible en YouTube). 

A punto de cumplir siete meses como rey, «despidió» elegante pero inapelablemente a Arias Navarro del cargo, y nombró a Adolfo Suárez nuevo presidente del Gobierno, decisión criticada inicialmente por muchos, dado el origen franquista del nuevo presidente.

No fueron tiempos fáciles ni tranquilos, pero en los meses siguientes, hacia el verano de 1976, esas Cortes repletas de camisas azules y casacas blancas presididas por Torcuato Fernández Miranda y el Gobierno dirigido por Suárez, llevaron a las Cortes la Ley de Reforma Política que aprobarían finalmente. Esta ley permitiría la estructuración de los partidos políticos y, muy importante, la legalización del Partido Comunista de España. Con estos mimbres, finalmente, el día 15 de junio de 1977, se celebraron las primeras elecciones generales verdaderamente libres en España desde la guerra civil. 

«Se cumplirán, pues, en este mismo mes, 50 años del comienzo de estos históricos acontecimientos, del nacimiento de la democracia española»

Habían transcurrido menos de 19 meses desde la proclamación de Juan Carlos I como rey de España, quien lideró de manera impecable el proceso anunciado. Una gesta histórica que ha merecido el reconocimiento y alabanza de incontables lideres políticos mundiales, historiadores y analistas políticos. ¡De la dictadura a la democracia en menos de dos años!

Se cumplirán pues, en este mismo mes, 50 años del comienzo de estos históricos acontecimientos, del nacimiento de la democracia española, del asentamiento de nuestro Estado de derecho, que ha permitido la alternancia en el poder ejecutivo de UCD (partido de centro) entre 1977 y 1982, del PSOE de 1982 a 1996 y de 2004 a 2011, del Partido Popular, de 1996 a 2004 y de 2011 a 2018, y más recientemente del Gobierno actual, difícilmente calificable, desde 2018 hasta la fecha.

Esta efeméride plena de fechas señaladas: proclamación del Rey, primeras elecciones libres y democráticas, aprobación por las Cortes el 31 de octubre de 1978 de la Constitución…, justifica una celebración histórica, no un «acto institucional» organizado con la simplicidad (vulgarmente conocida como «cutrez» y falta de boato a la que nos tiene, lamentablemente, acostumbrados el Gobierno de coalición social comunista.

Pero no. Lo que se nos anunció, hace ya casi un año, es que lo que realmente merece la pena celebrar, conmemorar y festejar es la muerte del anciano dictador. Pero como no se puede obviar el cincuentenario anteriormente mencionado, se ha programado un «evento» conmemorativo en el Congreso de los Diputados y una entrega de condecoraciones en el Palacio Real. Todo ello basándose en los 50 años transcurridos desde la Restauración de la Monarquía, y sin invitar a S. M. Juan Carlos I por haber manifestado en 2019 su deseo de «dejar de desarrollar actividades institucionales», es decir, acogerse a una más que merecida jubilación. Pero sí estarán los dos supervivientes, Miguel Herrero de Miñón y Miquel Roca Junyent, ambos de 85 años, en representación de aquel grupo de impecables políticos que liderados por el rey Juan Carlos construyeron el gran regalo de la Constitución Española de 1978.

«Deberemos sobrevivir a esta celebración mezquina, festejada por los rencorosos, que a muchos españoles nos costará entender, olvidar y perdonar»

Ambos, dada su avanzada edad, están obviamente también retirados de actividades institucionales. Con ellos sí se tiene el detalle de generosidad, absolutamente imprescindible y merecido, de llamarles a participar a pesar de su «falta de actividad institucional», pero no con Don Juan Carlos que, se mire por donde se mire, es el máximo protagonista y motor imprescindible de aquella gesta. Y ello es lo que hace doblemente llamativa esta incongruencia protocolaria, esa excusa pueril.

No deberíamos celebrar una muerte, como insiste el Gobierno, sino un nacimiento: el de la gran nación democrática que llegamos a ser bajo el reinado de Don Juan Carlos, la democracia asentada que somos en el reinado de S.M. Felipe VI, y la España de brillante porvenir que sin duda seremos, Dios mediante y en un futuro que deseo lejano, cuando la princesa de Asturias se convierta en la Reina Leonor.  

Mientras tanto deberemos sobrevivir a esta celebración mezquina, festejada por los rencorosos, que a muchos españoles nos costará entender, olvidar y perdonar.