Enfadar a EEUU; agasajar a China

El viaje de los reyes a China, que arranca este domingo, pone el broche a la estrategia de seducción con la que el Gobierno de Pedro Sánchez busca afianzar sus lazos con el gigante asiático. Una estrategia que choca con las recomendaciones de la Unión Europea, que aspira a reducir la dependencia estratégica del bloque con China, y que irrita a unos Estados Unidos ya molestos por la negativa de Madrid a elevar al 5% de su PIB el gasto en defensa exigido por la OTAN y que ven cómo ahora España se está convirtiendo en un interlocutor privilegiado de Pekín en la Unión Europea. No solo los contratos con la tecnológica Huawei lo confirman. El incremento de la inversión y del comercio entre ambos en los últimos años también. 

El viaje real llega después de que el pasado mes la Generalitat adjudicara un contrato de 127 millones de euros para conectar todos los servicios públicos de Cataluña a una UTE liderada por la empresa Sirt, con equipamientos de Huawei. Lo hizo descartando la propuesta presentada por la también finalista Telefónica, participada por el Estado español en un 10% desde mayo de 2024 por decisión del propio Sánchez, y que utilizaba tecnología de la finlandesa Nokia. Pero ni por esas. 

De forma que el Gobierno de Salvador Illa ha preferido hacer oídos sordos a la recomendación de la Comisión Europea en contra de que proyectos estratégicos como este se dejen en manos de empresas chinas por el riesgo de injerencia extranjera que ello conlleva. Una recomendación ignorada también por el Gobierno central en lo referido al polémico contrato del Ministerio de Interior con la tecnológica china para el almacenamiento de las escuchas policiales por valor de 12,3 millones de euros. Y ello a pesar de las presiones de Bruselas y de Washington para cancelarlo. Pero Sánchez parece querer ir por libre. En tres años ha visitado China en tres ocasiones.

La Administración estadounidense ha advertido a España del peligro que supone para la seguridad nacional e internacional cualquier contrato con la firma china, a la que EEUU ha vetado desde 2019, entonces con la primera Administración Trump pero sostenido en la posterior del demócrata Joe Biden, por usar equipos para presuntas operaciones de espionaje. A este respecto, y bajo una fuerte presión, España solo ha dado marcha atrás en el contrato del Ministerio de Transformación Digital con la tecnológica china para potenciar la fibra óptica de diversas instituciones públicas, entre ellas el Ministerio de Defensa. Lo ha hecho, dijo en septiembre el Gobierno, por motivos de «estrategia digital» y «autonomía tecnológica». Dos conceptos que, como se ve, se prestan a una interpretación arbitraria e interesada. 

Porque a pesar de los recelos que despiertan las relaciones de España con China en sus socios europeos y americano, el Gobierno parece decidido a estrecharlas. Pasando de paso por alto el lamentable historial de violación de derechos humanos por parte del Gobierno chino y su apoyo incondicional a la Rusia de Putin en la guerra de Ucrania. El reciente Foro de inversiones y comercio España-China, en el que participaron casi un centenar de empresarios y autoridades chinas del más alto nivel en Madrid, es una muestra más del interés del Gobierno de Sánchez en cortejar al gigante chino y a sus empresas. Como lo es la joint venture de la empresa automovilística china Chery con Ebro para fabricar coches eléctricos de tecnología en la antigua fábrica Nissan en la Zona Franca de Barcelona y sortear así los aranceles de entre el 15% y el 45% impuestos por la UE a estos vehículos procedentes de China. 

España se ha convertido en uno de los mejores clientes del gigante asiático hasta el punto de haber superado a Alemania como el primer proveedor de mercancías de nuestro país. Pero esa relación está muy desequilibrada: en 2024, España importó de China bienes por valor de 45.174 millones de euros y España exportó a China 7.465 millones. El déficit comercial no ha parado de crecer en los últimos años, de forma que los 37.709 millones de diferencia entre las exportaciones y las importaciones es la cifra más elevada de la serie histórica y representan el 94% del desequilibrio total exterior. 

Que los países europeos deben diversificar sus relaciones comerciales es evidente. La UE es el bloque comercial más expuesto a los choques externos. El 22,4% de su comercio depende de países terceros (extracomunitarios). En el caso de Estados Unidos, solo el 12% de su economía depende del sector exterior. La agresiva política arancelaria de Trump, la crisis energética desatada por la invasión rusa de Ucrania y la traumática interrupción de las cadenas mundiales de suministro tras la pandemia han servido para poner en evidencia la elevada vulnerabilidad de Europa. La solución, repiten las autoridades comunitarias y los expertos una y otra vez, pasa por quitar las trabas al mercado común impulsando la unión bancaria y de los mercados financieros y eliminando regulaciones intracomunitarias, hacer las reformas necesarias para mejorar la autonomía estratégica en sectores claves como la tecnología, la energía y la defensa y promover acuerdos comerciales bilaterales con otros socios como por ejemplo Mercosur. 

¿Están las cada vez más estrechas relaciones de España con China alineadas con esa estrategia? No lo parece. Más bien al contrario. Porque si la dependencia exterior en esos sectores clave se ha convertido en la principal razón del declive económico europeo, ¿qué hace España reforzándola? Es una pregunta cuya respuesta tal vez conozca uno de los principales impulsores de estas relaciones, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que hace 20 años firmó junto con el presidente chino de entonces, Hu Jintao, la creación de la Asociación Estratégica Integral China-España y que sigue manteniendo una magnífica relación con la gran potencia asiática. Todas las noticias apuntan a un claro conflicto de intereses. Cuando se demuestren, ¿será tarde para dar marcha atrás a la creciente y arriesgada dependencia de España respecto a China?