Todos los autónomos no son iguales
«Este colectivo va desde profesionales con ingresos por encima de la mayoría de los empleados públicos hasta aquellos que constituyen una forma de paro encubierto»

Un trabajador cierra su negocio.
Durante el pasado mes de octubre una buena parte de la actualidad se centró en los autónomos. Más concretamente en el proyecto del Gobierno para incrementar sus cotizaciones sociales y en el rechazo que suscitó. En primer lugar, como es lógico, en los propios autónomos, pero también en todos los partidos políticos. Ante la generalidad de la crítica y la imposibilidad de que fuese aprobado por el Congreso, el Gobierno dio marcha atrás y ha presentado otro documento menos lesivo.
La reacción ha sido generalizada. Hasta Albert Rivera, teóricamente retirado hace tiempo de la política, ha creído conveniente protestar. Escribió un artículo en este diario que tituló No es país para autónomos. El artículo ha tenido bastante difusión y aunque se supone que lo ha escrito desde fuera de la política y en su nueva condición de empresario o de autónomo, la prensa ha recordado sus andanzas como líder de Ciudadanos. Incluso ha vuelto a sacar a la luz su discurso de julio de 2019.
Tengo que reconocer que mantengo una postura ambivalente hacia Rivera y hacia el que fue su partido. Distingo dos épocas que posicionan mi opinión de forma antitética. La primera, como partido reducido al ámbito catalán. Pienso que el papel de Ciudadanos y el de sus líderes Rivera y Arrimadas en esta etapa fue inestimable. En un momento en el que el nacionalismo se había tirado al monte y el PSC, como siempre, bailaba entre dos aguas, supieron aglutinar a un buen número de catalanes que se sentían totalmente desorientados y que querían enfrentarse al independentismo, pero no sabían cómo. Por primera vez un partido no nacionalista ganaba las elecciones. No obstante, cometieron una gran equivocación, saltar del ámbito territorial al nacional. No solo dejaron de ser útiles en Cataluña, sino que se convirtieron en un obstáculo en el juego político del Estado.
En estos días se ha recuperado el discurso en el Congreso de Albert Rivera del día 22 de julio de 2019. Se han querido presentar estas palabras como el culmen de la perspicacia, puesto que el líder de Ciudadanos describió lo que consideraba el plan de Sánchez, perpetuarse como sea en el poder. Hoy, esa descripción aparece como una evidencia. De ahí su aparente éxito y que esté de actualidad.
A pesar de los elogios recibidos y de que ahora se quiera ponderar su carácter profético, lo cierto es que esa descripción, aunque totalmente cierta, llegó muy tarde, y que Rivera no había sido siempre tan perspicaz. En esa gira bastarda hacia el poder que desde el primer momento emprendió Sánchez, Ciudadanos le hizo a menudo el juego. Recordemos el pacto de 2016 bajo el cuadro de Genovés denominado El abrazo (por cierto, que se comprometían a financiar las pensiones con impuestos). Pero sobre todo cuando Ciudadanos, ante una sentencia que no decía nada nuevo, rasgándose las vestiduras, rompió el acuerdo con el PP de forma solemne, apoyándose en la supuesta corrupción de este partido. Dio motivo y ocasión para que Sánchez empleando el mismo argumento presentase con 85 diputados, una moción de censura que ganaba, apoyado, en los que Rivera llamaría en el citado discurso, su banda.
«En línea neoliberal, Albert Rivera mantiene una opinión negativa sobre los colectivos que califica de dependientes del Estado»
En el 2019, el exlíder de Ciudadanos quitó la máscara a Sánchez aludiendo a algo evidente, que la moción de censura no se presentó por la corrupción, sino por el afán de Sánchez de llegar como fuese a la Moncloa y los intereses bastardos de los independentistas. Era cierto pero debería haberlo pensado antes y no haberles dado el pretexto para la moción de censura. Ciudadanos a nivel nacional se movió entre el sanchismo y el PP, sin saber a qué carta quedarse, y cuando se acercó a esta última formación política fue para llevar al extremo lo peor de ella, el neoliberalismo económico.
En los momentos actuales, en esta línea del neoliberalismo económico, Albert Rivera comienza su artículo en defensa de los autónomos de una manera peculiar y un tanto simple, menospreciando a cualquier otro ciudadano que no sea autónomo. Mantiene una opinión negativa acerca de los colectivos que califica de dependientes del Estado. Un conglomerado bastante heterogéneo compuesto por empleados públicos, pensionistas, parados, fijos discontinuos y beneficiarios del ingreso mínimo vital y que contrapone a los 17 millones de trabajadores por cuenta ajena y a los 3,4 millones de autónomos.
Poco tienen que ver unos colectivos con otros, excepto que cobran del Gobierno, tal como dice Rivera. En realidad, no es del Gobierno del que reciben recursos, sino del Estado o de las diferentes administraciones públicas. Es más, ni todos los parados ni todos los fijos discontinuos obtienen fondos del Estado, ya que no todos perciben el seguro de desempleo, ni siquiera el subsidio.
No parece que sea demasiado comparable el estado de los empleados públicos con el de los beneficiarios del ingreso mínimo vital. Se quiera o no, a los primeros con los que hay que equipararlos es con los trabajadores por cuenta ajena. No hay por qué trazar diferencia alguna cuando los servicios los presta el Estado o cuando lo hacen empresas privadas, excepto porque en el segundo caso se financian mediante el precio y en el primero a través de impuestos. Tal vez sea esto último lo que molesta. Es más, si el Gobierno actual no termina con las oposiciones, los empleados públicos gozan de mayor libertad e independencia que los trabajadores de las empresas privadas, lo que se comprueba en los cada vez más frecuentes casos de externalización de los servicios.
«En esto consiste la marca del sanchismo. Todo lo mide por el dinero público que gasta, sin considerar los resultados»
Cosa muy diferente es lo que se refiere al ingreso mínimo vital. Curiosamente, el señor Rivera no hace referencia a las otras prestaciones de carácter similar concedidas por las diferentes autonomías a las que la prestación nacional pensaba sustituir y homogenizar, y a las que simplemente se ha añadido. Tanto una como las otras deberían tener un carácter residual, esto es, concederlas tan solo cuando falla la política de empleo y el seguro de paro se hacen inaplicables. El éxito de la acción del Gobierno consistiría, más bien, en minimizar en primer lugar las cifras de paro y garantizar que el seguro de desempleo llega a todos los parados. Solo en casos muy contados y en circunstancias muy especiales sería necesario recurrir a un subsidio como el del ingreso mínimo vital.
Tiene razón el expresidente de Ciudadanos cuando con tono crítico denuncia que este Gobierno se vanagloria como si fuese una conquista política de que haya más de dos millones de españoles cobrando la prestación del ingreso mínimo vital. El verdadero éxito sería que esta prestación no fuese necesaria o que quedase reducida al mínimo. Pero en esto consiste la marca del sanchismo. Todo lo mide por el dinero público que gasta, sin considerar los resultados.
Pero en lo que no tiene razón el señor Rivera es en calificar de insostenible la subida de las pensiones. Hay que suponer que se refiere a la actualización por el IPC, porque la mayoría de los pensionistas no experimentan ningún otro incremento. En el fondo no hay ninguna mejora en términos reales, el alza se produce únicamente en términos nominales. Una vez más hay que repetir algo que es evidente, pero que no se quiere admitir, la regularización de las pensiones por la inflación tampoco representa ninguna carga añadida para el presupuesto o para la Hacienda Pública, ya que la subida de los precios incrementa también automáticamente, en igual o mayor medida, los ingresos públicos.
En lo que Rivera se equivoca radicalmente es en pensar que la dependencia del Estado se reduce a los colectivos por él citados. Todos, de una u otra forma, dependemos del Estado. En la sanidad, en la educación, en el orden público, en la justicia, en las infraestructuras y en otras muchas cosas. Es más, existen muchos ciudadanos cuyas remuneraciones, directa o indirectamente, dependen del Estado en tanta o mayor medida que la de los colectivos que señala Rivera, por ejemplo, todos los trabajadores de las empresas que trabajan para las administraciones públicas o que tienen ayudas o subvenciones del sector público.
«Pocos colectivos serán más heterogéneos que el de los autónomos. Hablar de ellos de manera unívoca es inducir a la confusión»
Todos estos prolegómenos del artículo van dirigidos a presentar un mapa bucólico e idílico del colectivo de autónomos, todos grandes emprendedores sin ninguna atadura y gozando de total independencia. Esa visión propia del neoliberalismo económico es una fantasía, una quimera, una forma de ocultar la realidad. Fuera del Estado, de la sociedad organizada sea cual sea su forma, solo existe la selva.
Para empezar, pocos colectivos serán más heterogéneos que el de los autónomos. Hablar de ellos de manera unívoca es inducir a la confusión. Este colectivo va desde los profesionales de alto standing, abogados, arquitectos, consultores, periodistas, médicos, etc., cuyos ingresos están muy por encima de la mayoría de los trabajadores por cuenta ajena y empleados públicos, hasta aquellos que constituyen una forma de paro encubierto. Muchos desempleados o trabajadores con empleo parcial o discontinuo y en general bastantes de los que tienen empleos o salarios basura contemplan quizás un espejismo, una salida económica y profesional en el establecimiento de su propio negocio. En tales casos el porcentaje de fracasos es muy alto y los que perviven, en su mayoría, lo hacen mediante una productividad muy reducida, con beneficios tan escasos que no pueden soportar ni los mismos impuestos ni las mismas cotizaciones sociales que recaen sobre los trabajadores por cuenta ajena.
Con frecuencia es desde este último segmento del colectivo de autónomos de donde se extraen los datos para las reivindicaciones y al que se pone como ejemplo para reclamar todo tipo de exenciones y privilegios. Es el que también se utiliza para afirmar que los autónomos están al borde de la desesperación y que no pueden subsistir. Es muy posible que la afirmación sea verdad para la gran mayoría de este conjunto de autónomos. Que no puedan asumir ni la presión fiscal ni las cotizaciones sociales (incluyendo las de las empresas) que gravan a los trabajadores por cuenta ajena. Puede ser que en algunos casos ni siquiera esté a su alcance disfrutar de las condiciones laborales y retribuciones (salario mínimo) de las que gozan sus propios empleados.
La cuestión es saber hasta qué punto se pueden mantener y promocionar empresas zombis que solo sobreviven artificialmente con ayudas del Estado, porque ayudas del Estado son el mantenimiento de regímenes especiales en materia fiscal y social que no se les permiten a otros agentes económicos. En realidad es ocultar el problema disfrazar las cifras del paro. Pero el problema mayor lo constituye el hecho de que, apoyándose en las situaciones desfavorables y críticas de estos negocios, se pretende que tales regímenes especiales se extrapolen a todo el colectivo de autónomos, incluso en los que las retribuciones y los beneficios son muchos mayores.
Rivera insinúa que lo que llama ciudadanos dependientes constituyen una plataforma clientelar a la que el Gobierno léase los partidos quiere tener contentos. La experiencia nos indica, sin embargo, que a la hora de influir políticamente son los autónomos los que tienen una gran fuerza y conforman un campo tanto o más abonado para los intereses electorales. Solo hay que mirar cuál ha sido la reacción de todos los partidos políticos, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, colocándose en contra de la medida que el Gobierno quería aprobar, y constatar los pocos días que este ha tardado en dar marcha atrás. A su vez el PP también se ha apuntado a utilizar a los autónomos como masa clientelar prometiendo aprobar determinadas medidas, alguna tan poco afortunadas como perdonar el IVA a aquellos cuyas ventas sean inferiores a 85.000 euros. Parece ignorar que el IVA que el autónomo ingresa en Hacienda no es él quien lo paga sino aquellos a los que factura. Se les pretende autorizar a que se apropien de un gravamen que han soportado sus clientes.