Como una moto
«El PIB no es el mejor indicador para medir el bienestar de una población, sobre todo si, como la española, tiene tasas de paro de las más altas de la Unión Europea»
Ilustración de Alejandra Svriz.
Hace unos días, leí una larga entrevista que le hicieron a Pedro Sánchez en la cual este afirmaba una vez más que la economía española iba «como una moto». Seguramente se basaba en el nivel de crecimiento del PIB, pero este indicador no es, ni de lejos, el mejor para medir el bienestar de una población, sobre todo si, como la española, tiene tasas de paro de las más altas de la UE.
Un viejo compañero del INE, Estadístico Superior como yo y además catedrático de Teoría Económica en la Universidad Complutense, sostenía que el PIB era «el resultado de especulaciones múltiples ligadas».
Según la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2023, el 56,2% de la población activa no había llegado a la educación universitaria. Durante los años sesenta y setenta del siglo XX, la producción española descansaba sobre la agricultura y la industria, pero ya en la segunda mitad de los noventa el sector que concentraba mayor ocupación era el de servicios, y el mayor dinamismo en la creación de nuevos puestos de trabajo eran los servicios y la construcción, y por ahí seguimos navegando. Atrás había quedado la crisis de la industria y la fuerte reconversión experimentada durante la década de los ochenta, que trajeron el declive de la industria, la minería, la siderurgia o el sector textil.
Cuando se compara la estructura ocupacional española con la de la media de la UE, existen diferencias importantes derivadas del poco peso de las actividades técnicas y administrativas y un mayor peso de las actividades manuales. De ahí, el desarrollo de una estructura ocupacional más polarizada, con crecientes empleos manuales con bajos sueldos.
La suma de categorías precarias seleccionadas con datos de la EPA (primer trimestre de 2024) muestra que algo menos de la mitad (47,5%) del mercado laboral en España estaría en situaciones de precariedad. Esa precariedad laboral afectaría a 11,5 millones de personas, de las cuales 7,6 millones tendrían la condición de asalariadas (el 42,1% de las personas asalariadas y el 66,1% de los ocupados están en situación de precariedad laboral), 1,2 millones serían trabajadores autónomos sin asalariados a su cargo y 2,7 millones desempleados que han trabajado previamente.
«Las políticas públicas en el ámbito urbanístico y de la vivienda no han frenado en España la especulación»
En cuanto a la vivienda, la lectura del artículo 47 de la Constitución española es una buena muestra de la distancia entre los deseos y la realidad: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos», así reza la Constitución.
Lamentablemente, las políticas públicas en el ámbito urbanístico y de la vivienda no han frenado en España la especulación. Durante décadas han estado más guiadas por el afán de lucro de los promotores inmobiliarios que por el interés general de vertebrar el territorio y crear ciudades sanas, habitables y justas para el conjunto de la población.
Recomiendo a mis lectores que se hagan con el último informe de la Fundación Foessa sobre exclusión y desarrollo social en España y, tras su lectura, piensen si merece la pena escuchar a Sánchez y luego votarle.