La UCO y la IA mala

Hablaba Emilio Gayo, consejero delegado de Telefónica, en las jornadas de Metafuturo que está celebrando Atresmedia, sobre el brutal impacto que supone ya la inteligencia artificial en todos los órdenes de la tecnología. Y no se resistía a la tentación apocalíptica, en línea con el historiador y escritor israelí Yuval Noah Harari, cuando avanzaba que no le extrañaría un futuro en el que las medidas de ciberseguridad fueran una guerra «entre la IA buena y la IA mala». El bien contra el mal, también en la IA. ¿Distopía o realidad? En esta frase de «una IA buena contra una IA mala» se encuentra una de las claves de nuestra vida política de los últimos años. Una tecnología como la IA va a suponer para el hombre un cambio mayor que el que trajo la Revolución Industrial e incluso en su acepción generativa debe suponer una mejora para el ser humano. 

Lo mismo se puede decir de un Estado democrático y de derecho. Se trata de la búsqueda del mejor sistema político que garantice los derechos y libertades de todos los ciudadanos, donde gobierne la mayoría y se respete a las minorías. Es simple, pero a veces no se consigue ese bien «para todos» y otras veces ni se busca. Llevamos años de polarización política marcada por un presidente que alardeó de construir un muro que suponía que no iba a gobernar para todos. Probablemente, es la única vez que nos dijo la verdad, porque es cierto que no ha gobernado para todos, solo ha gobernado para él mismo. Y para los que le garantizan votos con los que seguir en el poder, aunque no pueda gobernar.

Durante la investigación y juicio al fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de datos hemos visto como esta dicotomía de «los buenos contra los malos» se ha extendido desgraciadamente como una mancha de aceites. Esa fiscalía «buena» para Moncloa y sus acólitos que han defendido por encima de cualquier exigencia de responsabilidad ética a su procesado fiscal general del Estado. Y enfrente esa otra fiscalía que mayoritariamente exigió y pidió la dimisión de García Ortiz antes de que empezara el juicio para no deteriorar la institución. No era una cuestión de responsabilidad legal, que esa la tendrán que decidir los magistrados del Tribunal Supremo.

Era ver cómo preferían arrastrar a la institución de la Fiscalía al banquillo antes de renunciar a la perversión del mal uso de ese propio Estado. No sirvió de nada y el surrealismo se disparó cuando los fiscales del juicio ejercieron de abogados defensores del FGE. O, en el colmo del deterioro institucional, cuando la abogacía del estado cuestionaba y atacaba las investigaciones de la propia UCO de la Guardia Civil. El estado contra el estado. La apropiación particular del estado para un beneficio propio.

Nada extraña ya en este ambiente de desconfianza creado desde el poder contra la justicia, contra la UCO, contra la prensa crítica independiente y contra cualquiera que se atreva a investigar, denunciar y juzgar los casos de corrupción que rodean a Pedro Sánchez. Tenemos un gobierno donde el presidente y sus ministros más palmeros han atacado con insistencia la independencia de algunos jueces. Han querido crear también un muro al hablar de jueces malos que les investigan y abren procesos por sus casos de corrupción. 

Y qué decir de esa prensa, para ellos mala, que ha levantado todos los escándalos de corrupción y a la que insultan llamándola máquina de fango, bulera o «fachoesfera» frente a esa prensa a la que consideran buena, rigurosa y siempre cuidada por el poder porque no investigan sobre la corrupción y sí sobre cómo buscar debilidades a esas denuncias para desacreditarlas. Ese equipo sincronizado de opinión que se lanza como un bloque siempre impermeable a la gravedad de lo que se descubra, para atacar cualquier información de un medio libre que denuncie la corrupción del gobierno. Y no solo contra sus compañeros, si hay que atacar a los jueces, se les ataca. Y si hay que cuestionar a la UCO, pues también se la cuestiona. 

Más de uno de ellos debe de haber entrado en cortocircuito al enterarse por la mañana de que la UCO detenía al presidente de la Diputación de Almería, del PP, por contratos irregulares de las mascarillas. Confianza al 100% en la UCO. Luego, a las pocas horas, bajón con el nuevo informe de la UCO sobre la trama Cerdán que revela que efectivamente exigían un 2% de los contratos en presuntos sobornos y que sitúa a Santos Cerdán como el enlace entre el gobierno y la empresa Acciona para los presuntos amaños de algunos contratos de las obras públicas. A la espera del argumentario, lo que sí tienen claro es que la UCO puede ser buena o menos buena.

Es una perversión calificar las acciones de las instituciones del Estado en función de si perjudican o benefician a uno o a otro. Da lo mismo que las críticas vayan contra los jueces, fiscales o la UCO. Todas las opiniones son libres, pero no cuando se realizan desde altos cargos del Estado. Ya sean en el Gobierno o en el Parlamento.

España, afortunadamente, todavía sigue siendo un Estado de derecho a pesar de los ataques legislativos y dialécticos que ha sufrido desde el poder ejecutivo sin precedentes en ninguna otra democracia occidental. El daño a la imagen ha sido importante, pero el Estado de derecho resiste. La maquinaria de la justicia es lenta, nunca tiene los recursos suficientes y tiene que luchar contra las continuas interferencias que, en mayor o menor grado, intentan desde todos los gobiernos controlarla. Y es humana. Pese a todo funciona. No estamos ante un «estado bueno contra un estado malo».

El Estado democrático, social y de derecho que nos dimos con la Constitución del 78, esa Carta Magna que tantos quieren cambiar, sigue siendo la auténtica y máxima garantía de que la justicia funcione y la corrupción no quede impune. Inteligencia democrática y buena contra fontanería artificial y mala. Esa es la batalla.