Pedro Sánchez, modelo para armar

Pieza uno. En octubre de 2016, El País publicó un editorial titulado Salvar al PSOE, escrito por el entonces director Antonio Caño. El texto expresaba con claridad la posición del periódico: la negativa de Pedro Sánchez a facilitar la investidura de Mariano Rajoy era una maniobra política suicida que debilitaba al PSOE, tras haber cosechado los dos peores resultados de su historia en elecciones consecutivas. El editorial alertaba sobre el riesgo que suponía su liderazgo para el partido y lo calificaba de «peligroso» e «insensato». La relación entre Sánchez y el diario del grupo Prisa quedó marcada por esta crítica. Apenas unos días después de que prosperara la moción de censura contra Rajoy en junio de 2018, y que Sánchez accediera a la presidencia del Gobierno, la empresa destituyó a Antonio Caño y nombró en su lugar a Soledad Gallego-Díaz, quien, en su primer día como directora, despidió a casi todo el equipo de confianza de Caño: José Manuel Calvo, Luis Prados, David Alandete, Maite Rico, Nacho Torreblanca, Javier Ayuso y a un recién incorporado Álvaro Nieto. La decisión fue una represalia diferida. Este episodio, además de transparentar la forma en que concibe Sánchez la libertad de expresión, refleja el talante vengativo de su personalidad, incapaz de olvidar ningún agravio o crítica, como saben tantos miembros del PSOE defenestrados.  

Pieza dos. En abril de 2019, Albert Rivera advirtió en sede parlamentaria sobre «la banda» que ayudaría a Pedro Sánchez a perpetuarse en el poder. El entonces líder de Ciudadanos explicó la ejecución política de un plan: acceder al Gobierno con un discurso moderado y, una vez allí, ceder todo lo necesario a los partidos nacionalistas y a la extrema izquierda para garantizar una mayoría estable y prolongada. Rivera alertó que la negativa de Sánchez a pactar con Podemos, PNV, Junts, ERC o Bildu no respondía a unas convicciones, sino a una táctica electoral, que ahora podía traicionar sin inmutarse. Esa intervención pionera tuvo dos logros, lexicalizar un modus operandi («la banda») y alertar de los riesgos de un Gobierno unido solo por sus defectos: contra los valores de la Transición, la libertad de mercado y la soberanía popular.

Pieza tres. Ketty Garat, desde estas páginas, llevó a cabo una investigación rigurosa sobre José Luis Ábalos. Sus reportajes documentaron con detalle las circunstancias que motivaron el cese de Ábalos del Ministerio de Fomento, pero también explicaron por qué permaneció en las listas parlamentarias para las siguientes elecciones, lo que le valió críticas y burlas injustas, especialmente crueles las de Risto Mejide, que aún no se ha disculpado. Un punto central de su trabajo fue desmentir la narrativa oficial que atribuía a Pedro Sánchez ignorancia o desconocimiento de las supuestas irregularidades de Ábalos. Lo que Garat revelaba eran los rasgos mafiosos del liderazgo de Sánchez, que puede castigar a los más próximos si así le conviene, pero sin abandonarlos del todo para preservar la omertà política. La labor de Garat y este diario ha sido especialmente valiosa porque realizaron estas investigaciones prácticamente en solitario por años, enfrentando una ola de desinformación y presión mediática que intentaba minimizar, ridiculizar o desvirtuar sus hallazgos. Su trabajo periodístico tuvo otra virtud: demostrar que el discurso feminista de Sánchez era una máscara. 

Pieza cuatro. Álvaro Nieto realizó un trabajo fundamental sobre la conexión venezolana de la corrupción, una estafa mucho más grande y peligrosa que el vulgar amaño de contratos públicos de Ábalos y Cerdán. Su investigación aborda asuntos como el petróleo, la refinación, el flujo de dinero a raudales y las conexiones de figuras políticas, como Zapatero y Bono, con la narcodictadura venezolana. Estos trabajos periodísticos comenzaron antes de su incorporación a THE OBJECTIVE como director y fueron inicialmente publicados en Vozpópuli. Más tarde, Nieto amplió y sistematizó sus hallazgos en el libro Conexión Caracas-Moncloa, referente para entender la magnitud económica y el alcance internacional de esta otra red corrupta.

Pieza cinco. Durante la pandemia de covid-19, el Gobierno de Pedro Sánchez recurrió al estado de alarma en varias ocasiones, que limita los derechos básicos de los ciudadanos, sin preocuparse de su encaje legal, como quedó de manifiesto con la sentencia que declaró inconstitucional el confinamiento domiciliario obligatorio. El uso del estado de alarma fue un ensayo de poder centralizado y absoluto bajo circunstancias excepcionales. 

Pieza seis. La reacción del Gobierno de Pedro Sánchez ante el ataque del 7 de octubre perpetrado por Hamás —organización terrorista respaldada por Irán y declarada como tal por la Unión Europea— ha sido duramente cuestionada por el uso del término «genocidio» para referirse a la respuesta militar de Israel. Esta acusación, además de ser jurídicamente insostenible según el derecho internacional, supone el uso inmoral de un término, pues banaliza su significado y ofende a los judíos, fuera y dentro de Israel, como víctimas del Holocausto. Resulta especialmente grave viniendo de un Estado europeo que conoce bien los riesgos del terrorismo islamista, que ya ha golpeado a España con gran dureza, y que debería estar atento a las alianzas estratégicas que le convienen. Hamás no busca una solución de dos Estados, sino la aniquilación de Israel, objetivo que comparte con Irán. Ante ese escenario, la equidistancia o el alineamiento retórico con quienes promueven el antisemitismo o justifican la violencia tiene consecuencias morales, diplomáticas y de seguridad (España depende en parte del desarrollo tecnológico de Israel en defensa y de la colaboración en inteligencia). Paralelamente, Pedro Sánchez se ha mostrado como un firme defensor de Ucrania ante la invasión rusa, realizando viajes a Kiev y expresando un gran compromiso público con la causa ucraniana. Sin embargo, en la práctica, España ha sido uno de los países europeos que ha prestado menos ayuda efectiva a Ucrania, mientras mantiene compras significativas de energía a Rusia. Hipocresía moral en Gaza, inoperancia política en Ucrania, todo con la mirada puesto en el rédito electoral y no en el papel que debe jugar España en un mundo en vilo. 

Pieza siete. Al principio, la insistencia de Rosa Díez en calificar a Pedro Sánchez con rasgos propios de la psicopatía o el narcisismo patológico me generó dudas, compartiendo su preocupación política. Me parecía un exceso. En el debate público la legitimidad de un líder debe discutirse por sus actos, no por diagnósticos que solo corresponden a los profesionales y que deben regirse por el secreto entre doctor y paciente. Sin embargo, el tiempo me ha obligado a reconsiderar. La reiteración de ciertos comportamientos —desprecio por la verdad, uso instrumental de personas e instituciones, incapacidad de empatía, odio al discrepante, necesidad constante de admiración, voluntad de poder sin límites— encaja con los rasgos propios del trastorno narcisista de la personalidad. A esto se suma la capacidad de sostener contradicciones flagrantes sin costo interno y una tendencia a proyectar la culpa en los demás, todo dentro de una narrativa centrada en sí mismo como salvador o víctima. Lo de Díez no es un diagnóstico clínico, pero sí una hipótesis razonable. 

Pieza ocho. Uno de los aspectos más preocupantes del estilo personal de gobernar de Pedro Sánchez es la forma en que eleva a posiciones por encima de sus capacidades a figuras menores, a cambio de gratitud y lealtad absolutas. Basta cotejar las fichas biográficas del Consejo de Ministros (con excepciones). Esto es particularmente grave en su intento de cooptación del poder judicial, en el que se ha valido de figuras intelectualmente endebles, como el ministro Félix Bolaños, o como el ex fiscal general, ya inhabilitado, Álvaro García Ortiz, cuya obediencia hubiera fascinado a Étienne de La Boétie. Más difícil de explicar, dadas sus indudables capacidades profesionales, es el caso del magistrado Cándido Conde-Pumpido, cuya presidencia del Tribunal Constitucional ha coincidido con fallos clave alineados con el interés del Gobierno. La reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, las presiones institucionales a jueces concretos y la reciente criminalización de decisiones judiciales por parte del Ejecutivo y sus terminales mediáticas han encendido las alertas. Lo que está en juego es la separación de poderes. Es ahí donde se juega, en buena medida, la salud democrática del país, como alerta, también en estas páginas y con gran lucidez, Guadalupe Sánchez. 

Muñeco completo. El recorrido de alertas tempranas y hechos posteriores dibuja a Pedro Sánchez como un político anómalo: dispuesto a cobrarse agravios (Caño), a sostener un núcleo duro de lealtades personales con métodos mafiosos (Garat), tergiversar los principios ideológicos en favor de su permanencia (Rivera), alinear a España con regímenes autoritarios y a mantener vínculos opacos con redes de corrupción internacional (Nieto), dentro de una dinámica personal peligrosa (Díez) que es capaz de usar hechos excepcionales —como la pandemia o el conflicto en Gaza— para ensayar fórmulas de control o sacar rédito electoral, mientras elimina la separación de poderes (Lupe Sánchez). La dinámica en la que la permanencia en el poder legítima todo acaba por desdibujar a la democracia y puede llevar al país al despeñadero del sistema plebiscitario, populista y autoritario. Se lo digo yo, que vengo del futuro: México.