El sanchismo como experimento natural

Estamos ya en condiciones de afirmar que los sucesivos gobiernos de Pedro Sánchez han constituido algo parecido a eso que los científicos sociales denominan un experimento natural, o sea, un suceso cuya ocurrencia no depende de la voluntad de los observadores y sirve no obstante a sus fines al ofrecerles una realidad peculiar digna de estudio. Porque lo sucedido desde la moción de censura de 2018 en adelante ha sido —aunque algunos se empeñen en trazar inverosímiles comparaciones con el felipismo— muy singular. No en vano, tanto Sánchez como sus exégetas han hecho de la audacia del líder socialista uno de sus rasgos definitorios.

De la moción de censura con 85 diputados a la ley de amnistía, pasando por los célebres cinco días de abril en los que dijo retirarse a meditar su dimisión, la incesante deslegitimación de jueces y medios críticos o el uso instrumental de un Fiscal General del Estado que ha sido inhabilitado por el Tribunal Supremo: Sánchez ha convertido la excepción en norma, sirviéndose de la complicidad de un sector de la opinión para fingir que nada de anómalo había en ello. A medida que la realidad se ha cobrado su venganza, sin embargo, ha aumentado sin remedio la disonancia cognitiva entre lo que se dice y lo que es.

No hace falta recordar que un gran mentiroso como él se ha presentado ante los votantes como un paladín de la verdad, ni que el propio Sánchez dice que merece la pena gobernar pese a que su ejecutivo es incapaz de aprobar las cuentas públicas. Ya hemos pasado a la siguiente pantalla: el gobierno más limpio de la democracia presenta indicios de corrupción desde sus orígenes; el más feminista de la historia ha eludido investigar a los señalados por acoso sexual dentro de sus filas. Y es de conocimiento público que una fontanera del partido, Leire Díaz, se dedicaba a investigar a los enemigos del partido con el propósito de extorsionarlos. Pero el gobierno sigue donde estaba.

Y por eso nos encontramos ante una suerte de experimento natural: durante casi una década hemos podido observar cómo se conducían los distintos actores de la sociedad española bajo las condiciones novedosas creadas por el PSOE de Sánchez. Hablamos de sindicatos, organizaciones cívicas, académicos, periodistas, intelectuales públicos, usuarios de redes sociales, asociaciones judiciales, partidos políticos y, desde luego, unos ciudadanos que también son votantes. A estas alturas, tenemos una imagen clara del conjunto: sabemos de la hipocresía, servidumbre e incongruencia de muchos; también de la valentía y lucidez de algunos. Ha sido divertido ver las cabriolas argumentales de quienes no deseaban perder su prestigio y, sin embargo, guardaban silencio a fin de no perjudicar sus intereses: la comedia humana en todo su esplendor.

El resultado del experimento, en fin, ha sido poco edificante: la democracia española ha premiado a los tramposos y millones de ciudadanos han puesto su beneficio inmediato —pensiones, salarios públicos, trato de favor a su comunidad autónoma— por delante de la fiscalización del poder público. O sea: el faccionalismo ha primado sobre la defensa de los valores democráticos y son legión quienes han aceptado los marcos comunicativos ideados por Moncloa pese a su obvia mendacidad. Los resortes del poder se han demostrado eficaces para quien no tiene escrúpulos; los contrapesos institucionales han aguantado a duras penas. Y esto, de hecho, aún no ha terminado.

¿Sacaremos las debidas conclusiones? ¿Haremos las reformas necesarias? Baste un ejemplo: la norma constitucional debería contemplar la celebración automática de elecciones anticipadas cuando un gobierno es incapaz de aprobar sus presupuestos y ha prorrogado ya una vez las últimas cuentas públicas que sacó adelante. ¡No contaría yo con ello!