La amnistía y el TJUE

Con frecuencia, nuestros políticos pecan de inocentes, o de simples. También los periodistas. Especialmente cuando se trata de Europa. Piensan que la Unión Europea nos va a solucionar los problemas que se presentan en la política española. Pero, en cada caso, no hay que esperar mucho tiempo para que la frustración aparezca de forma rápida. La ley de la amnistía es buena prueba de ello. Bruselas siempre ha ido a remolque en este tema, y en los últimos tiempos el informe del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha venido a dar la razón a los que continuamente hemos desconfiado. Ante la inminente sentencia conviene recordar los términos en que se pronunció el señor Dean Spielmann. 

Lo malo del informe no es que concluya que la ley no contradice la legislación comunitaria ni los tratados, sino que para justificarlo acude a los mismos razonamientos que dan el Gobierno o el Tribunal Constitucional español, argumentos que constituyen una auténtica farsa y no pueden por menos que causar hilaridad a cualquier observador neutral. Hay quien piensa que la opinión del abogado está sesgada. Primero, por su amistad con López Guerra, secretario de Estado con Zapatero, quien introdujo en la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel la frase de que «el PP ayudó a establecer un sistema genuino y efectivo de corrupción institucional a través de la manipulación de la contratación pública central, autonómica y local», frase que sirvió para argumentar la moción de censura contra Rajoy. Y segundo, y relacionado con lo anterior, porque Spielmann fue el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenó la doctrina Parot.

Yo me inclino más bien por una hipótesis distinta, que además considero aplicable a otros muchos casos: la apatía que domina a las instituciones europeas a la hora de inmiscuirse en los temas políticos internos de los Estados. El informe afirma claramente que la amnistía en Europa es un asunto propio de los países, ya que no está armonizado. La Unión Europea se mueve a todos los niveles a base de consensos, trueques, trapicheos entre los Estados y nadie se quiere enemistar con un gobierno cuya aprobación y beneplácito a lo mejor puede necesitar en un futuro para su vida profesional.

En el informe hay un punto que es difícil de discutir porque es difícil de probar, la no conexión directa entre los recursos desviados al procés y a promocionar la independencia y, por lo tanto, defraudados, y los fondos europeos. Pero el dinero no tiene color y es complicado saber qué es lo que financia qué. En realidad, las aplicaciones de los recursos son intercambiables. Por otra parte, no deja de ser curioso que se considere que la única defraudación que parece ir contra los principios y la legislación de la UE sea la de los fondos comunitarios y no los recursos de los Estados nacionales.

Esta distinción no deja de ser sorprendente y conduce a situaciones un tanto contraproducentes como la creación de la Fiscalía Europea, que en realidad no solo es que no sirva para nada, sino que se convierte en un obstáculo para la justicia nacional. La instrucción de aquellos casos que asume por constituir una presunta defraudación de los recursos europeos se eterniza, sin que los tribunales estatales puedan actuar mientras tanto. No se puede pasar por alto el hecho de los nombramientos de sus integrantes lo realizan con un sesgo muy claro los gobiernos nacionales, tal como lo demuestra el último realizado por el Ejecutivo español.   

La gravedad del informe del abogado general radica en que se adentra a dar respuesta por lo menos a dos temas que no se le habían planteado, quizás para ir en contra de la opinión del abogado de la Comisión que se había pronunciado de forma totalmente distinta. El señor Spielmann en sus razonamientos sigue al milímetro los argumentos del Tribunal Constitucional que, a su vez, ha copiado los del Gobierno, expuestos principalmente en el prólogo de la ley, y que son también los que aducen los golpistas.

Sí, he dicho golpistas, y permítanme hacer un inciso para justificarme y contradecir al mismo tiempo un argumento que repiten con frecuencia algunos opinantes cercanos al sanchismo. Arguyen que después de la sentencia del Supremo no se puede calificar de golpe de Estado lo que ocurrió en Cataluña en el 2017. El argumento es falaz. Porque el concepto de golpe de Estado no corresponde al Código Penal, sino a la teoría política y se adapta perfectamente a lo que ocurrió en Cataluña. El tribunal se debatió entre rebelión o sedición, que son los términos que usa (o al menos usaba) nuestro derecho penal. Se inclinó por el último término. Opino que tan solo para conseguir la unanimidad.

En cualquier caso, nada tienen que ver con que se pueda o no se pueda usar el término golpe de Estado, que no es un concepto jurídico, sino que la teoría política utiliza de forma generalizada a partir del 18 de Brumario de Luis Napoleón y que describe perfectamente lo que cometieron los independentistas catalanes en 2017.

Volviendo al informe, el señor Spielmann discrepa de la posición de la Comisión Europea. Y afirma que no se la puede calificar de autoamnistía porque «de los autos del asunto no se deduce que las personas que se benefician de la amnistía sean miembros o representantes del Gobierno o del poder legislativo que promovieran la aprobación de la Ley de Amnistía, de modo que no existe un vínculo directo entre el ejercicio del poder político y el beneficio de la medida». ¿Se puede ser más ingenuo o más interesado? Es público y notorio que quienes promovieron la amnistía fueron Puigdemont y el resto de golpistas.

Nos preguntamos cómo habrá que llamarla cuando la ley la redacta el principal beneficiado y prófugo en Waterloo. ¿Cómo denominarla cuando se aprueba gracias a los votos de los partidos que dieron el golpe de Estado? ¿Cómo considerarla de otra forma cuando es el precio pagado a los golpistas por sus votos para constituir el gobierno Frankenstein?

Y con esto enlazo con la otra gran mentira que se encuentra detrás tanto de la posición del Gobierno como de la sentencia del Tribunal Constitucional y ahora del informe de Spielmann: que la ley se aprobó en «un contexto real de reconciliación política y social». El abogado general ha asumido la milonga de que la finalidad de la amnistía es la normalización de Cataluña.

A nadie que haya seguido la realidad española de los últimos años le puede caber la menor duda de que si Sánchez no hubiese necesitado los siete votos de Junts no habría habido amnistía. Con anterioridad, todos los prohombres del sanchismo, comenzando por el propio Sánchez, habían mantenido reiteradamente que era incompatible con la Constitución. Solo después de las elecciones del 2023, cuando para mantener el gobierno se hacían imprescindibles los siete votos de Junts, todos pasaron a defenderla y a mantener que era necesaria para alcanzar la normalidad en Cataluña.

De hecho, los independentistas nunca han querido la normalidad. Ellos quieren ser diferentes, defienden lo que llaman hechos diferenciales que, si todos los territorios los tienen, los suyos son más y mejores, porque si no, para qué defenderlos. Hablar de pacificación en Cataluña es un espejismo cuando los partidos que dieron el golpe de Estado continúan afirmando que lo van a repetir en cuanto puedan. 

«Por supuesto, no solo no se ha conseguido la reconciliación en Cataluña, sino que en ningún otro momento Cataluña habrá estado más lejos del resto de España»

La supuesta normalidad en estos momentos no se debe a las mercedes conseguidas por los independentistas y concedidas por Sánchez, incluyendo la amnistía. Por el contrario, obedece a la aplicación de la ley y a la actuación de los tribunales, que han obligado a los golpistas a esperar tiempos mejores y mientras tanto acumular medios y recursos para obtener en el futuro mayores posibilidades de éxito. Todas las concesiones realizadas a los independentistas trabajan en la línea de facilitarles el triunfo en un nuevo golpe de Estado.

La amnistía se orienta en esa dirección. De alguna manera, consiste en reconocer que los golpistas tenían su parte de razón y los que se equivocaron fueron los tribunales españoles. No podemos pretender que en el extranjero se tomen en serio la gravedad del tema si es el mismo Gobierno de la nación el que lava la imagen de los rebeldes, manda una comisión a negociar con un prófugo en Waterloo y se crea una comisión en Ginebra con un mediador internacional, y que sea en ambos sitios en los que se deciden los principales temas gubernamentales.

«Un contexto real de reconciliación política y social». Estas palabras del abogado general del TJUE nos hacen pensar que como mínimo desconoce totalmente lo que ocurre en nuestro país. Hay que remontarse muchos años atrás para encontrar una España más dividida. Por supuesto, no solo no se ha conseguido la reconciliación en Cataluña, sino que en ningún otro momento Cataluña habrá estado más lejos del resto de España, y habrá habido fuera de Cataluña tanta animadversión frente a ella. La ley de amnistía, tal como afirmó la Comisión de Venecia, ha dividido de forma clara a la sociedad española.