Venezuela y la 'realpolitik': ¿a qué jugamos?

En estos primeros días tras la captura de Nicolás Maduro y la toma de posesión, bajo la aquiescencia vigilante del Gobierno de Estados Unidos, como «presidenta encargada» de su vicepresidenta Delcy Rodríguez, se han leído o escuchado básicamente dos tipos de justificaciones de una intervención tan militarmente eficaz como controvertible jurídica y moralmente (solo hacemos el esfuerzo de justificar lo que moral, política o jurídicamente resulta cuestionable: nadie se afanaría en discutir las razones a favor o en contra de que Trump alargue algunas sílabas cuando habla).

En su mejor y más sofisticada versión, la justificación de la operación militar estadounidense apela a la primacía y salvaguarda de los derechos humanos y la democracia sobre la soberanía territorial venezolana. De hecho, en una variante más drástica y agustina no habría siquiera conflicto entre ambos principios pues Venezuela sería, desde las elecciones fraudulentas, una «banda de ladrones» y Nicolás Maduro su «pirata» al mando. Algunos, aún más arrojados, llegan a decir que «Venezuela no existe». Si es que este es un argumento que nos debamos tomar en serio, supongo que todos los países que no cuentan con democracia representativa —aquellos donde, no es que se hayan «robado» unas elecciones sino que ni siquiera se celebran— tampoco se encuentran bajo el amparo de la Carta de Naciones Unidas en cuyo artículo 2.4. se consagra el principio de integridad territorial. Hagan ustedes la cuenta y les saldrán varias decenas.

La ilegitimidad en origen y en ejercicio, que no así legitimación por la vía de hecho, del régimen de Maduro me parece innegable (así lo afirma también el indictment que sustancia la corte de distrito de Nueva York): tanto como la de Franco frente al Gobierno republicano en el exilio. Y la violación masiva de derechos humanos de los ciudadanos venezolanos también resulta incuestionable y detestable. Y también me parece que en ese choque entre la soberanía territorial y el respeto a los derechos humanos más básicos una intervención militar con la que salvaguardarlos puede estar moralmente justificada, aunque no esté jurídicamente cubierta por un Derecho internacional que, lo sabemos desde sus primeros pasos, establece mecanismos de casi imposible observancia en lo relativo al uso de la fuerza en las relaciones internacionales: o bien el Estado actúa en legítima defensa o bien se autoriza la intervención por parte de un Consejo de Seguridad en el que sus miembros permanentes (China, Estados Unidos, Rusia, Francia e Inglaterra) cuentan con derecho de veto.

Y es que, como ha señalado oportunamente Juan Antonio García Amado, a la espera de un efectivo «primus inter pares global» hay una tensión irresoluble entre el carácter universal de los derechos humanos y el respeto a la soberanía de los Estados, una tensión que solo se puede manejar minimizando el uso de la fuerza y las ocasiones en las que estaremos dispuestos a usarla contra un Estado, siempre que el objetivo sea «salvar a su población» y de esa forma hacer efectivo nuestro compromiso con la universalidad de ciertos derechos básicos que solo tienen como condición de su titularidad la de «ser humano».

¿Es esto lo que se perseguía o se persigue con la intervención del 3 de enero? Cuando escribo estas páginas, a la designación controlada por Estados Unidos de quien, hasta hoy mismo, no puede entrar en la UE por su implicación en gravísimos crímenes, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, se ha sumado la «liberación» —que no amnistía— de un número de presos políticos, una indudablemente feliz noticia. Ni quien es el legítimo presidente de Venezuela ni la líder de la oposición María Corina Machado, orillada desde la primera hora pero esperanzada y dispuesta ella misma a compartir su Nobel de la Paz con Trump si ello coadyuva a la restauración de un régimen democrático en Venezuela, parecen contar de momento. El Helicoide sigue abierto y del asesinato, sí, asesinato o ejecución extrajudicial si lo quieren más fino de quienes navegaban en supuestas narcolanchas en aguas internacionales ni hablamos (ni hemos hablado suficiente).

«Trump no ha dejado de insistir en que, con respecto a Venezuela, solo le interesa controlar la venta del petróleo venezolano»

Lo que sí es explícito y trasparente —más allá de las especulaciones caritativas sobre lo que diga o calle Marco Rubio o J. D. Vance— son las acusaciones que figuran en el indictment de la corte del distrito de Nueva York que daría cobertura a una operación policial con la que sortear la autorización previa del Senado para poder intervenir militarmente, pero que incluyó lo mejor de la Armada estadounidense y más de un centenar de aviones de guerra y lo más granado de sus fuerzas terrestres (en ese escrito judicial los cargos son por tráfico de drogas a gran escala y corrupción masiva, y casualmente no figura como imputada Delcy Rodríguez); y, por supuesto, lo que también son cristalinas son las intenciones y objetivos de Trump que dejan poco margen para las dudas.

Al menos si no despreciamos completamente un método interpretativo de sus palabras, el textualismo, que implica darles el significado que tienen en el lenguaje natural. Desde la primera rueda de prensa y en posteriores declaraciones, Trump no ha dejado de insistir en que, con respecto a Venezuela, solo le interesa controlar la venta del petróleo venezolano, y ayer, 8 de enero, en una larga entrevista con The New York Times, y a propósito de las restricciones que pueda haber a su Poder Ejecutivo en el ámbito internacional, ha afirmado que las únicas son: «Mi propia moralidad, mi conciencia. Es lo único que me puede parar. No necesito el derecho internacional». Si bien añadía: «No es mi intención dañar a la gente». Gracias y que tomen nota los ciudadanos daneses que residen en Groenlandia, los socios de la OTAN y los gobiernos de la UE.

Como apuntaba, algunos miembros de la Administración Trump aluden a que se dispone de una suerte de plan transicional a la democracia; en fases, pero sin plazos. Se pide dar tiempo al tiempo, pero con ello crece la sospecha de que un subproducto consistente en que finalmente se restaura la democracia en el país y se respetan los derechos humanos, podrá ser siempre una pura racionalización ex post, como pertinentemente ha advertido Félix Ovejero.

¿Y la «justicia universal», es decir, la posibilidad de que, puesto que pudiéramos estar ante la comisión de uno de los crímenes internacionales más graves, el genocidio, el crimen de guerra o de lesa humanidad, torturas, etc., un juez nacional puede ordenar la captura de sus presuntos autores para ser juzgados en el territorio de ese Estado?

«¿Se imaginan que Delta Force argentinos arrestaran a Martín Villa y se lo llevaran para juzgarlo por los crímenes del franquismo?»

Existe esa posibilidad de aplicar extraterritorialmente la ley penal, como también se ha recordado, y así lo hizo célebremente el entonces juez Baltasar Garzón cuando ordenó la detención de Pinochet en Londres. Pero más allá del hecho de que, al menos para el caso de España, desde aquel momento se han impuesto restricciones notables a esa perseguibilidad, y de que, tratándose de jefes de Estado o de gobierno en ejercicio, su inmunidad es absoluta, del hecho de que un juez nacional pueda dictar una orden de entrega a un no nacional fuera de sus fronteras, no se sigue que pueda ordenar a la policía o al Ejército que lo detengan en ese país.

¿Se imaginan unos Delta Force argentinos que, actuando bajo la orden de la juez Servini de Cubría, arrestaran al exministro Martín Villa y se lo llevaran para ser juzgado en Buenos Aires por los crímenes del franquismo, como por cierto hizo Israel para que Eichmann pudiera ser juzgado en Jerusalén? ¿O, alternativamente, que un juez, no sé, pongamos belga, hubiera ordenado lo mismo con Santiago Carrillo en 1977 por su responsabilidad en los fusilamientos de Paracuellos? ¿O que, ante lo tiquismiquis de jueces alemanes y belgas con respecto a la euroorden, hubiéramos decidido mandar a la Guardia Civil a Waterloo y traernos a Puigdemont? Y suma y sigue.

Si, como también se ha dicho, el derecho internacional «ya no existe» —así, a puerta gayola— o incluso «no ha existido nunca» (¿tampoco el derecho de los tratados, el derecho del mar, las reglas del comercio internacional, etc.?), imagino que si ahora en una operación militar rusa se detiene a Delcy Rodríguez en Caracas, se la lleva a Moscú para ser juzgada y toma el poder Diosdado Cabello, nada habría que decir, más allá de constatar que Rusia, y no así Surinam o España mismo, puede.

Esta forma de apelación, no se sabe si celebratoria, a la realpolitik es la que ha proliferado en estas primeras horas en muchos pagos, de manera, para mí, sorprendentemente abundante, poco matizada y por momentos muy interesada y tramposa; en este mismo medio sin ir más lejos, así como en otros muchos caracterizados en los últimos tiempos por la defensa a ultranza de la democracia liberal frente a los excesos del populismo, el nacionalismo identitario, y, claro que sí, de eso que a falta de un nombre mejor llamamos sanchismo.

«El Derecho perimetra el terreno de la política, que no está por encima de las garantías, los derechos y los procedimientos»

Sería ocioso hacer un repaso exhaustivo de las tropelías que a nivel interno, en España, se han producido desde los años del procés y a cuenta de éste, pero sí parece necesario recordar que todas esas denuncias, muchas de las cuales se han sustanciado ante instancias judiciales, incluyendo el Tribunal Constitucional, tienen como mínimo común múltiplo, como premisa básica, la creencia en que el Derecho perimetra el terreno de la política, que ésta no está por encima de las garantías, los derechos, los procedimientos (¿se acuerdan del Fiscal General del Estado?).

Y además, que lejos de producir admiración, el «puto amo» capaz, «porque él lo vale», de prometer que hará A y al minuto hace no A; que obvia a la oposición que representa a la mayoría de los españoles para reconfigurar la relación con Marruecos; que pacta con delincuentes fugados o condenados y no arrepentidos en el extranjero para ser presidente; que retuerce hasta el estrangulamiento las exigencias constitucionales del decreto-ley; que obvia al Parlamento para lo que haga falta y también para lo constitucionalmente debido; lejos de justificar que ponderemos su astucia y resiliencia, ha de concitar censura y reprobación.

A lo largo de los últimos años, no faltaron las lecturas de los corifeos que, sincronizados o no, pedían calma frente a los obvios desafueros o que los interpretáramos en claves cada vez más imposibles; invocaban la confianza como los voluntaristas medievales frente al sacrificio de Isaac, o recurrían a la gracieta («España se rompe», jijiji) ante quienes nos alarmábamos por la deriva de los nacionalistas y de los que pensábamos que no lo eran. A ver si va a resultar que el trumpismo pata negra, con denominación de origen, también cuenta en aguas patrias con una legión de liberales que, con carácter fijo discontinuo, están igualmente dispuestos a la pirueta acuática que sea menester.