Radiografía del juez español

Desde hace años venimos asistiendo a una espiral de ataque y acoso a los jueces, en nuestro país. Se presenta como la lucha legítima contra un supuesto ánimo belicoso de los jueces (lawfare) contra el poder político. 

Algunos pretenden con estos ataques la destrucción de un poder judicial propio de los países con democracias liberales, que se fundan en el Estado de derecho. Esta es la línea seguida por los movimientos populistas de corte comunista de algunos países iberoamericanos: se puso en práctica en Venezuela, y más recientemente en México, donde se ha despedido fulminantemente a todos los jueces del país, sustituyéndolos por personas afectas al poder político gobernante. Otros, más limitadamente, solo pretenden deslegitimar a los jueces que están investigando casos de corrupción política que les afectan.

Una pieza de esa estrategia global pasa por dar una imagen sociológica distorsionada de los jueces, de su sexo, de su ideología, de su origen social, de su edad. Se dice así que la inmensa mayoría de los jueces son de avanzada edad, machistas, hijos de jueces, de clase acomodada, fascistas o muy conservadores. Datos sociológicos reales, extraídos tanto de estudios de la Escuela Judicial como de reputados profesionales como el profesor D. José Juan Toharia, demuestran la falsedad de dichas afirmaciones.

«Los jueces tienen un perfil ideológico no muy distinto del conjunto de la población española»

En lo que se refiere a la edad, se afirma que la carrera judicial está envejecida y por tanto no conecta con la sociedad española, supuestamente más joven. El dato es falso: la media de los jueces y magistrados españoles no alcanza los 48 años, edad muy similar a la media del conjunto de población española comprendida entre los tramos de 28 a 72 años -franja en la que se ejerce la función judicial-, que es de 47,8 años. 

Por otro lado, oímos con frecuencia que la carrera judicial es profundamente machista. Sin embargo, está en su mayoría compuesta por mujeres, concretamente el 53,2%, frente a un 46,8% de hombres. Las mujeres son mayoría desde 2012. Y esta tendencia se sigue incrementando notablemente año tras año: en la última promoción de jueces que accedió a la Escuela Judicial, y en porcentaje muy similar al de los últimos años, nada más y nada menos que el 76,52% fueron mujeres y el 23,48% hombres. Pero es que además todos los jueces, hombres y mujeres, están formados en el valor constitucional de la igualdad y no responden en absoluto al patrón machista que se les pretende imputar.

También se dice que la mayoría de los jueces españoles son hijos de jueces, que la carrera judicial es esencialmente endogámica. También es falso: en la última promoción de jueces, y así viene siendo desde hace varias, tan solo el 7,14% de los alumnos de la escuela judicial son hijos de jueces. Pero es que además la inmensa mayoría, el 74,11%, ni siquiera tienen familiares ejerciendo profesión alguna en el sector jurídico.

Otro de los estereotipos es el de que la mayoría de los jueces son muy conservadores, hasta fascistas. Tampoco es cierto: los jueces tienen un perfil ideológico no muy distinto del conjunto de la población española. Argumentan que la Justicia no hizo la transición a la democracia y que muchos de los jueces vienen del franquismo, afirmación sorprendente, considerando que no hay ni un solo juez en activo que hubiera empezado a ejercer su profesión antes de la aprobación de la Constitución de 1978. Los jueces son plurales, como lo es la sociedad española, y tienen unas profundas convicciones democráticas.

«Quienes promueven estos bulos buscan una Justicia sometida al poder político»

En lo que se refiere a la extracción social, la mayoría de los jueces pertenece a las clases medias, urbanas y rurales: la oposición ha servido en muchos casos de claro ascensor social. Las clases altas raramente preparan oposiciones a judicatura. 

El factor real que preocupa a quienes, desde el poder político, promueven estos falsos estereotipos, es que los propios jueces, a los que mueve un enorme componente vocacional, se perciben independientes, y la sociedad comparte esa percepción. Así, el 95% de los jueces quiere serlo por la independencia e imparcialidad de su función, siendo muy conscientes de que encarnan un poder del estado. El 89% cree que la Administración de Justicia es un servicio público al que deben contribuir y el 94% quiere ejercer la profesión por su función de garante de los derechos fundamentales.

Por otro lado, los estudios del Barómetro de Opinión Ciudadana sobre la Justicia realizados por el CGPJ señalan que los españoles tienen una opinión más que aceptable de la Justicia española, siendo solo criticada por la falta de independencia, que realmente es atribuible al propio CGPJ, dado el sistema de elección partidista del mismo. Casi el 80% de los ciudadanos cree que la Justicia es íntegra, honesta y prácticamente inmune al soborno. Y casi el 75% que la judicatura española es profesional y competente.

Quienes promueven estos bulos buscan una Justicia sometida al poder político. Olvidan que, según nuestra Constitución, la Justicia es impartida por jueces y magistrados integrantes del Poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Y les preocupa que una de sus funciones sea la de hacer que todos los poderes públicos estén sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Su problema, por tanto, no son los jueces españoles, sino el Estado de derecho, sistema en el que gobernantes y gobernados están sometidos al imperio de la ley.