Esperando al buen tirano

Se atribuye a Albert Camus la frase: «No se puede dar al Estado el poder de hacer el bien sin darle también el poder de hacer el mal; en realidad, de hacer cualquier cosa». No está claro que sea literalmente suya, pero quien la haya formulado merece un aplauso por su concreción. Cuando solemos necesitar tres comisiones, cien expertos y una cumbre europea para no decir nada, no es poco mérito condensar en tan pocas palabras uno de los mayores autoengaños de la política contemporánea: la creencia de que el problema no es el poder, sino quién lo ejerce.

En España, desde hace décadas, los abusos institucionales, la colonización partidista y la erosión progresiva del Estado de derecho han generado una reacción social que va de menos a más. Pero esa reacción es, en lo esencial, fulanista. Apunta a nombres propios (Zapatero ayer, Sánchez hoy) o como mucho a unas siglas, mientras los fallos del modelo y la cultura del poder permanecen prácticamente intactos.

Este enfoque personalista tiene una ventaja psicológica: permite creer que basta con sustituir a los protagonistas para que podamos recuperar la tranquilidad. Se descabalga al villano de turno, se salvan las estructuras y todos podemos dormir a pierna suelta… hasta que llega el siguiente villano. Pero las democracias no se degradan solo por la maldad excepcional de algunos personajes, sino por la normalización de prácticas, incentivos y hábitos que terminan convirtiendo el abuso en rutina… en normalidad.

Un grave problema de origen

El problema es en buena medida estructural. La Transición resolvió con éxito una urgencia del momento histórico: evitar el conflicto y asegurar el cambio de la dictadura a la democracia. Pero lo hizo al precio de dejar sin cerrar cuestiones clave: separación efectiva de poderes, despolitización de los órganos de control, límites reales al Ejecutivo, fiscalización práctica de los partidos políticos, responsabilidad personal de los cargos públicos. Lograr el consenso era imprescindible, pero tuvo un coste: una debilidad de origen que ha sido explotada por quienes aspiran a concentrar el poder, que en España nunca han sido precisamente una minoría exótica.

Pero este pecado original por sí solo no explica todo. Hay también un factor cultural: la persistencia de una cultura que reverencia el poder. El franquismo dejó una herencia sociológica profunda, no solo en forma de instituciones, sino de actitudes: la idea de que el poder está para dirigir, proteger, corregir y, llegado el caso, imponer por «nuestro bien». La democracia consensuada en la Transición sustituyó al anterior régimen, pero no erradicó esa relación de dependencia entre gobernantes y gobernados. Se envolvió en el lenguaje de los derechos, el progreso y la liturgia del voto.

«Por haber sido presidente del Gobierno, la obligación de que Zapatero rinda cuentas debería ser mayor, no menor»

El resultado es una democracia en la que ciertamente se vota, pero en la que los principios de igualdad ante la ley, separación de poderes y control del Ejecutivo se han ido volviendo inoperantes. No mediante golpes radicales, sino a través de un goteo de acciones e interpretaciones interesadas, y una colonización de las instituciones que debería alarmarnos mucho más de lo que lo hace.

Respeto al poder, no a la institución

Un ejemplo reciente evidencia esta mentalidad invertida. El líder del principal partido de la oposición anunciaba que retrasaría la citación de José Luis Rodríguez Zapatero en la comisión del Senado que investiga determinadas actuaciones internacionales, apelando al «respeto» debido a un expresidente del Gobierno. El argumento puede sonar cortés, incluso noble. De esos que quedan muy bien en una rueda de prensa. Pero es profundamente equivocado.

El respeto no se le debe a un personaje concreto por haber ocupado la institución de la Presidencia, sino a la institución misma y, por extensión, a los ciudadanos. Precisamente por haber sido presidente del Gobierno, la obligación de que Zapatero rinda cuentas debería ser mayor, no menor. Y, por supuesto, urgente. Tratar con deferencia política a quien ha ejercido el máximo poder ejecutivo no es una muestra de respeto, sino una señal de reverencia al poder. Justo lo contrario de una cultura democrática madura.

Este acto reflejo es revelador porque no es una rareza, sino la norma. En España se respeta más al cargo que a la función, más al político que a la institución, más al poder que a su control. Mientras esa jerarquía mental no se dé la vuelta, pocas cosas cambiarán más allá de algunos nombres propios.

«Poco se discute sobre límites, diseño institucional o separación efectiva de poderes. Y mucho sobre quién debe pilotar la nave»

Todo esto recuerda bastante a la excusa habitual de esos comunistas inasequibles al desaliento, cuando ven a su ideología fracasar por enésima vez: no es que el poder del Estado haya fracasado, es que no se ha usado correctamente para hacer el bien.

El espejismo de la «buena utilización» del Estado

La cita apócrifa del comienzo de este artículo resulta muy oportuna cuando se analiza el discurso de buena parte de la oposición, incluida la llamada derecha alternativa, que no cuestiona la magnitud del poder estatal en lo fundamental, en su propia naturaleza, más allá de prometer cerrar chiringuitos o devolver competencias al Estado central, en detrimento de las autonomías… en vez de devolverlas a los ciudadanos. Lo que se propone, más bien, es emplearlo «correctamente»: para resolver el grave problema de la vivienda, ordenar la inmigración, garantizar la seguridad, reindustrializar el país, proteger sectores estratégicos y redistribuir recursos.

Los objetivos pueden ser legítimos. No niego que lo sean. El problema es el planteamiento. En casi todos los casos, la solución consiste en mantener o incluso ampliar las capacidades de intervención, discrecionalidad administrativa y control político. Esto es, reforzar el mismo aparato que ya ha demostrado ser peligrosamente vulnerable a la captura partidista, al clientelismo y a la arbitrariedad.

Poco se discute sobre límites, incentivos, diseño institucional o separación efectiva de poderes. Y mucho sobre quién debe pilotar la nave. Como si el problema fuera la ideología del capitán y no el hecho de que las dimensiones e inercias del buque lo convierten en peligroso.

«El poder no cambia de naturaleza según quién gane las elecciones. Cambia de manos»

Cuando depositamos en el Estado el poder de «hacer el bien», lo que estamos haciendo es concederle el poder de imponer, discriminar, sancionar y moldear la sociedad conforme a criterios políticos. Y ese poder no cambia de naturaleza según quién gane las elecciones. Cambia de manos.

Más allá de los nombres propios

Por supuesto, nada de esto descarga de responsabilidad a los nombres propios. Zapatero y Sánchez han sido una calamidad, han tomado decisiones que han llevado la degradación institucional hasta sus últimas consecuencias. Sin embargo, limitar el problema a dos personajes puede resultar intelectualmente confortable, pero políticamente es estéril. Cuando ellos desaparezcan, las estructuras, los incentivos y la cultura del poder seguirán ahí, esperando al siguiente inquilino.

El problema de España no es solo quién gobierna, sino qué consideramos legítimo que el poder haga. Mientras sigamos concibiendo el Estado como un instrumento para realizar proyectos morales, sociales o económicos a gran escala, sin controles ni límites efectivos, lo único que variará será el signo de las decisiones, no la lógica perversa que las hace posibles.

Después, cuando ese poder sin contrapesos eficaces y sin una cultura que lo cuestione, se use contra unos u otros, cuando la ley deje definitivamente de ser igual para todos y las instituciones actúen como simples satélites del Ejecutivo, y suframos las consecuencias de la arbitrariedad, nos preguntaremos cómo ha sido posible. La respuesta será, igual que ahora, bastante sencilla: porque aceptamos e incluso exigimos que el Estado tuviera el poder de hacer cualquier cosa, siempre que creyéramos que era «para hacer el bien».

Pero el poder, como la historia se ha encargado de demostrarnos una y otra vez, nunca se conforma con hacer solo el bien. Entre otras cosas, porque nadie en el poder reconocerá jamás estar haciendo el mal.