Por qué debemos apoyar el acuerdo UE-Mercosur

En las últimas semanas, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur está siendo presentado como una amenaza para el campo europeo. Decenas de manifestaciones y comunicados de las organizaciones agrarias están dibujando un escenario en el que, si el tratado se ratifica, el sector primario estaría abocado al colapso. Mezclan los términos del debate para que el discurso más radical y populista sea el que se superponga a una discusión racional y con papeles serios delante.

Llevamos muchos años de análisis de las posibles repercusiones de este tratado comercial sobre los diferentes sectores y, en particular, sobre el sector agroalimentario, en paralelo a las negociaciones oficiales entre los países, las cuales acabaron en diciembre de 2024 con un texto detallado y protocolizado en dos partes: por un lado, un acuerdo interino en materia estrictamente comercial que se somete a la aprobación por parte de los colegisladores europeos (Consejo y Parlamento) y un tratado definitivo con muchos más aspectos que deberá ser ratificado o no por cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea.

Por tanto, desde hace un año lo que tenemos es un texto cerrado. Sobre esta base terminada, a lo largo de los últimos meses, hemos tenido tiempo suficiente para estimar diferentes escenarios más ajustados de impactos económicos globales y sectoriales. En este sentido, cuando se analizan los datos, las magnitudes reales y, sobre todo, la estructura productiva española, la conclusión es muy distinta a la preconizada en las tractoradas: para el sector agroalimentario español, el acuerdo UE-Mercosur es una oportunidad que conviene no desperdiciar.

La oposición frontal de las organizaciones agrarias responde más a una lógica defensiva —y en algunos casos corporativa— que a un análisis económico riguroso. Mezcla problemas reales de la política agraria europea con un acuerdo comercial que, lejos de agravarlos, puede contribuir a mitigarlos como ha ocurrido con pactos anteriores tipo México, Chile, Japón o Canadá. El primer gran argumento contra el acuerdo es el del «aluvión» de importaciones procedentes de Mercosur, donde la carne de vacuno, de pollo, el azúcar, el arroz y todos sus derivados inundarían el mercado europeo, hundiendo precios y expulsando a los productores locales. 

Es una narrativa eficaz desde el punto de vista movilizador, pero profundamente engañosa. Las cifras muestran otra realidad. El contingente de carne de vacuno autorizado —99.000 toneladas— representa apenas el 1,6% de la producción total de la Unión Europea. En aves de corral, las 180.000 toneladas previstas suponen alrededor del 1,4% del consumo comunitario. El arroz, con 60.000 toneladas, equivale aproximadamente al 2%. Con lo cual, no hay «inundación» posible. Menos aún teniendo en cuenta algo que opera tanto en el lado iberoamericano como el europeo como es el período de transición que se alargará durante varios años.

«España es una potencia en aquellos segmentos que el acuerdo beneficia como son el aceite de oliva, el vino y el porcino»

Precisamente, estos contingentes están escalonados en el tiempo, sujetos a cláusulas de salvaguardia y acompañados de un fondo de compensación de 1.000 millones de euros para actuar en caso de perturbaciones de mercado. A ello se sumarán las medidas específicas que pueden adoptar los Estados miembros en la materia que les compete, tal como ya anunció Francia hace unos días.

El segundo error del debate es tratar el impacto del acuerdo como si fuera homogéneo para todos los Estados miembros. Por ejemplo, en España, los sectores más sensibles al acuerdo —vacuno, azúcar o la producción de biocombustibles asociada a cereales o residuos agrícolas— tienen un peso limitado en su estructura productiva y carecen de una ventaja competitiva clara a escala global. En cambio, España es una potencia agroalimentaria en aquellos segmentos que el acuerdo beneficia de forma directa como son el aceite de oliva, el vino, el porcino, los productos transformados y algunas otras especialidades de alto valor añadido.

El acuerdo elimina progresivamente aranceles que hoy penalizan severamente estas exportaciones. Concretamente, en la actualidad, un 10% en el aceite de oliva, hasta un 35% en vinos y bebidas alcohólicas, un 20% en chocolates y otros transformados. En mercados como Brasil o Argentina, donde existe una clase media urbana creciente y una demanda cada vez mayor de productos europeos, estos aranceles no son un detalle técnico, sino la diferencia entre competir o no. Específicamente, para el vino o el cava que están pasando una crisis de demanda en la UE, el acuerdo con Mercosur es la oportunidad (en singular) de aumentar y diversificar clientes, más aún viendo la evolución de los flujos de comercio con Estados Unidos.

Tercero, el problema estructural del agroalimentario español no es la capacidad de producción, sino la dificultad para capturar valor. Algunos productos tienen severos problemas de organización de mercado interno, lo cual facilita que entren producciones de países extracomunitarios que no cumplen con los mismos estándares europeos, con los que no hay ningún acuerdo comercial reglado vigente y que provocan según la época del año bajadas en los precios en origen hasta el punto de que los empresarios agrícolas dejen la cosecha sin recoger por ir a pérdidas. Durante décadas, buena parte de los productos agro ha competido en precio, no en diferenciación. El acuerdo UE–Mercosur empuja exactamente en la dirección contraria porque incentiva al productor que exporta calidad, origen y transformación.

«La protección de más de 350 denominaciones de origen en los países de Mercosur es uno de los grandes activos del tratado»

Así, la protección de más de 350 denominaciones de origen e indicaciones geográficas europeas en los países de Mercosur es uno de los grandes activos del tratado y, paradójicamente, uno de los menos mencionados en el debate público. Para un país como España, cuyo modelo competitivo se apoya crecientemente en figuras de calidad, esta protección es fundamental. 

Cuarto, una parte central de la oposición al acuerdo se apoya en la diferencia de costes laborales y medioambientales entre la UE y Mercosur. Es cierto que producir en Europa es más caro en términos relativos. Pero conviene hacerse una pregunta incómoda: ¿de verdad alguien cree que Europa puede (o debe) competir igualando costes con economías emergentes? La UE ha optado deliberadamente por estándares más elevados en bienestar animal, medio ambiente y derechos laborales. Eso no es una desventaja accidental. Es una decisión política. Pretender corregir esa diferencia mediante el proteccionismo comercial es confundir estrategia con nostalgia.

Las llamadas «cláusulas espejo» completas, además, plantean enormes problemas jurídicos y prácticos. Exigir a terceros países la adopción íntegra del acervo normativo europeo no solo es irrealista, sino que pondría en riesgo todo el sistema de acuerdos comerciales de la UE. El acuerdo con Mercosur hace lo que razonablemente puede hacer: garantiza el cumplimiento de las normas sanitarias y fitosanitarias europeas, incorpora compromisos medioambientales y sociales y abre espacios de cooperación para elevar estándares de forma progresiva. Buena parte del malestar del sector agrario tiene poco que ver con Mercosur y mucho con decisiones internas de la UE. El desarrollo del Pacto Verde europeo ha elevado costes, reducido márgenes y aumentado la sensación de asfixia regulatoria, sin un acompañamiento financiero suficiente.

En definitiva, cargar sobre un acuerdo comercial la responsabilidad de estos problemas es políticamente cómodo, pero analíticamente incorrecto. Bloquear Mercosur no aliviaría las tensiones que sufren los agricultores europeos; simplemente les privaría de nuevas oportunidades de mercado. Para Europa, y para España en particular, reforzar alianzas con regiones afines, diversificar mercados y reducir dependencias no es una opción ideológica, sino una necesidad económica. Rechazar Mercosur en nombre de una protección mal entendida equivale a aceptar un mayor aislamiento en un entorno internacional crecientemente hostil. Los riesgos están acotados, cuantificados y son mitigables. Las oportunidades, en cambio, son estructurales y de largo plazo.