Hombre rico, hombre pobre

Recuerdo de mi infancia la célebre serie de televisión que da título a esta columna y que lanzó al estrellato a Nick Nolte. Aquella historia sobre dos hermanos, dos destinos y dos formas de entender la vida vuelve hoy a mi memoria al escuchar, una y otra vez, que «España va como un cohete» y que somos la «cuarta economía de la Unión Europea». Bajo esa premisa, se nos insiste en que somos ricos y, por tanto, podemos permitirnos gastar, subvencionar y regular sin medida.

La realidad, sin embargo, es muy distinta. Somos el hermano pobre.

Empecemos por un dato básico y poco discutible: la renta per cápita, es decir, la riqueza nacional dividida entre los ciudadanos. En este indicador, España se sitúa en torno al puesto 15 o 16 de los 27 países de la UE, claramente fuera de la mitad alta de la tabla. Además, nuestra renta per cápita apenas alcanza el 85% de la media europea. Solo Madrid y el País Vasco superan —y de forma ajustada— dicha media. El resto del territorio nacional es, en términos relativos, más pobre que la Europa con la que se nos compara constantemente.

Si profundizamos un poco más, el panorama se oscurece. Según Eurostat, aproximadamente el 22% de la población española se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que nos sitúa entre los países con peores cifras de la Unión. A ello se añade un problema estructural aún más preocupante: cerca de un 12% de los jóvenes no estudian ni trabajan, por encima de la media europea. Un país que desperdicia de esta forma su capital humano está hipotecando su futuro.

Pese a este contexto, el Gobierno más intervencionista de nuestra historia reciente persevera en una agenda regulatoria cada vez más intensa. Un estudio reciente del Banco de España muestra que el exceso de regulación reduce el crecimiento económico, ahoga a las pequeñas y medianas empresas, penaliza a los autónomos y dificulta el emprendimiento, un problema agravado por la fragmentación del mercado derivada del modelo autonómico. El propio informe concluye que un aumento del 10% en la carga regulatoria reduce el empleo en las empresas de menor tamaño un 0,5%, precisamente en un país donde las pymes constituyen el núcleo de la economía.

A este entorno se suman la pérdida de fuerza demográfica, la insuficiente inversión productiva y el escaso desarrollo tecnológico. Pero quizá el mayor tabú sea el sistema público de pensiones, un esquema de reparto que funciona, en la práctica, como un sistema piramidal: las cotizaciones de los trabajadores actuales se utilizan inmediatamente para pagar a los pensionistas actuales. El problema es que los ingresos ya no cubren los gastos, y el sistema está estructuralmente desequilibrado.

Ante esta realidad, la respuesta del Gobierno ha sido agrandar el problema: revalorizar las pensiones muy por encima del crecimiento de los salarios que las financian y cubrir el déficit recurriendo a más deuda pública. Endeudarse para gastar —y no para invertir— es la vía más rápida hacia la quiebra. En la práctica, se está cargando sobre los trabajadores actuales una deuda creciente para financiar un sistema que ya sostienen, mientras sus salarios crecen menos que las prestaciones. La explicación es tan sencilla como incómoda: los pensionistas son muchos y votan en masa.

Existe un viejo dicho que resume bien esta lógica: los pobres se endeudan para gastar; los ricos, para invertir. Desgraciadamente, este Gobierno solo sabe gastar. Aunque la ratio deuda/PIB apenas ha variado desde la llegada de Pedro Sánchez al poder, la deuda real que deberán pagar los españoles ha aumentado en casi medio billón de euros. Ni siquiera en un contexto excepcionalmente favorable el gobierno ha sido capaz de reducirla, ni siquiera con la inestimable ayuda de la inflación que hemos sufrido (en el denominador).

Ahora es más urgente que nunca invertir a largo plazo, y la renuncia a aproximadamente 60.000 millones de euros en préstamos del programa Next Generation de la UE no es un buen síntoma. Aunque la explicación real sea que el estado puede financiarse más barato acudiendo a los mercados de deuda pública normales, la clave aquí es la falta de compromiso de gestión de estos fondos y la ausencia de voluntad y capacidad de invertir. Claramente, el Gobierno no va a acudir a estos mercados para llevar a cabo grandes proyectos innovadores de inversión porque su único objetivo es sobrevivir.

«El anuncio del Gobierno de la creación de un fondo soberano suena a excusa para utilizar el dinero público con el objetivo de comprarse mayor influencia y control»

Cualquier inversor mínimamente competente entiende que financiarse a tipos muy bajos para invertir en proyectos con una rentabilidad mayor es una oportunidad extraordinaria. Esos fondos podrían utilizarse para crear un gran vehículo de inversión de capital riesgo, gestionado por terceras partes profesiones (gestión externalizada), destinado a invertir por ejemplo en aquellos sectores en los que tenemos una desventaja competitiva como tecnología e inteligencia artificial, impulsando empresas españolas, dinamizando el ecosistema emprendedor y generando retornos económicos sostenidos, captando el diferencial entre el coste de la deuda y el retorno esperado a largo plazo.

Pero el reciente anuncio del Gobierno de la creación de un fondo soberano (nombre presuntuoso para la mísera cantidad asignada para ese encargo), sin un objetivo claro de asignación y gestionado por el ICO (una entidad pública), suena a una excusa más para utilizar el dinero público con el único objetivo político de comprarse mayor influencia y control sobre la economía.

Pensar duele mucho más que gastar pólvora del rey.