'Nunca mais' tristes destinos

A la memoria de Guillermo Gortázar, a quien primero consideré discípulo y luego admiré como maestro.

A los aficionados a la historia no puede dejar de llamarnos la atención la frecuencia con que en España un cambio revolucionario ha dado lugar a una nueva situación política que se inició con todos los pronunciamientos favorables pero que seguidamente condujo a un progresivo deterioro para abocar a una situación tan grave como la que causó la dicha revolución, lo que a su vez producía una regresión política que nos hacía volver al anterior puesto de salida.

Así ocurrió en 1820 con el pronunciamiento de Riego y el lamentable fracaso del Trienio Liberal, que concluyó con la invasión francesa de los Cien mil hijos de San Luis (casi un paseo militar) y el regreso al absolutismo de Fernando VII; algo parecido ocurrió con la Vicalvarada de 1854, que dio lugar a un bienio progresista que terminó con acrimonia, traición real, y vuelta al autoritarismo de los moderados de Narváez; igualmente, la Gloriosa Revolución de 1868, destronó a la reaccionaria Isabel II, pero dio paso al caótico Sexenio Revolucionario, que concluyó con la inviable Primera República y la restauración de los Borbones en la figura de Alfonso XII, hijo de Isabel, pero, afortunadamente, bajo la tutela de Cánovas; por último, la pacífica proclamación de la Segunda República en abril de 1931, tuvo el apoyo de la gran mayoría de la intelectualidad española y despertó la esperanza de casi toda la población, pero sus errores iniciales pronto pusieron en guardia a muchos (el «no es esto, no es esto» de Ortega en septiembre de 1931) y su creciente discordia acabó desembocando en la terrible Guerra Civil de 1936-39 y la larga dictadura de Franco.

En el decenio 1976-85, tuvo lugar la famosa Transición a la Democracia, cuya relativa suavidad y buen fin admiraron a muchos observadores e historiadores internacionales, y que, sin apenas darnos cuenta, constituyó una verdadera revolución socialdemocrática que modernizó políticamente a una sociedad que acababa de culminar dos décadas de fuerte desarrollo económico; este tránsito llenó de esperanza a todos cuantos lo vivieron y difundió la convicción de que la tan ansiada democracia por fin había echado raíces definitivas en España y que se había consolidado un proceso duradero de convivencia pacífica, con la consabida alternancia y competencia entre partidos, cuya resultante no podía ser sino el gobierno de los mejores y el creciente bienestar de los ciudadanos.

Pero entonces llegó el gran chasco: en junio de 2018 comenzaron ocho inacabables años de un gobierno impopular que se aferra al poder más por las malas que por las buenas, que utiliza todos los resortes de la peor ley para gobernar contra la voluntad de la mayoría; un gobierno que, perdiendo elección tras elección, sobrevive en minoría y, que, para eternizarse en un monopolio ilegítimo del poder, se somete desvergonzadamente a la voluntad aviesa de partidos marginales, separatistas y/o exterroristas, que admiten sin rebozo que lo apoyan porque pueden extraer de él lo que no podrían obtener de gobiernos más legítimos y firmes; toda esta lamentable experiencia nos ha hecho despertar del sueño de la Transición y nos ha enfrentado con la dura realidad: hemos vuelto a las andadas, se está repitiendo la triste experiencia de las pasadas revoluciones de los siglos XIX y XX, que empezaron bien y terminaron mal.

Estamos hoy de nuevo en el «no es esto, no es esto» orteguiano.  No se trata, por supuesto, de amenaza de guerra civil, pero sí se insinúa la posibilidad de un golpe de Estado lento y subrepticio que eternice en el poder a un gobernante dispuesto a hacer lo que sea, literalmente, para no abandonar la Moncloa.

«Nuestra democracia no es lo suficientemente ‘militante’ o, en otras palabras, carece de órganos defensivos suficientes»

Somos numerosos los que en la presente situación nos planteamos tres cuestiones: en primer lugar qué ha fallado en la legislación de la Transición, tan admirada, quizá excesivamente, para que hayamos llegado a una nueva situación de fracaso democrático similar a las anteriormente referidas; en segundo lugar, qué puede hacerse para poner fin a esta peligrosa y dañina situación de degeneración política en que nos encontramos; y, en tercer lugar, qué cambios deben introducirse en nuestro ordenamiento político para impedir que pueda repetirse un asalto al poder por parte de un individuo de la catadura moral del que hoy ocupa precariamente la presidencia del Gobierno.

La segunda cuestión, quizá la más crucial, está en la mente de todos, pero compete realmente a los partidos políticos y en especial a los que mantienen con su voto a este Gobierno espurio, y en particular al Partido Socialista en el Gobierno, cuyo futuro a medio y largo plazo cada día parece más oscuro, pero que carece de la inteligencia y del valor necesarios para tomar medidas difíciles aunque racionales: rebelarse ante su extraordinariamente impopular jefe de filas, y conminarle a convocar elecciones generales, que den la voz al pueblo y le permitan pronunciarse y poner fin a una legislatura vergonzosa e inoperante, pero gravemente dañina para el interés general, sin presupuestos y con el presidente acosado por escándalos de corrupción e incompetencia (apagones, incendios, catástrofes de todo tipo agravadas por la incuria, caos ferroviario con descarrilamientos, y heridos y muertos por decenas, inflación descontrolada, desempleo camuflado pero innegable, delitos sexuales a mansalva, sobre todo en el partido del Gobierno, ilegalidad sistemática y flagrante, hundimiento de los indicadores sociales, latrocinio económico, chalaneo y cainismo político, oscurantismo, secretismo, y un muy largo etcétera).

Pero el ciudadano medio, como quien esto firma, sólo puede protestar individualmente y escribir en la prensa, si ésa es su vocación. Su único recurso es, como suele decirse, el pataleo. Y, por supuesto, el voto cuando llegue su día.

Las otras dos cuestiones están muy relacionadas entre sí: si detectamos los defectos del modelo de la Transición estamos ya señalando los cambios que deben introducirse en nuestro ordenamiento legal y político. El principal defecto que yo veo en nuestro esquema jurídico-político es su tono liberal-garantista, que le hace muy vulnerable ante asaltos como los que está sufriendo desde 2018. Yo diría, en una sola frase, que nuestra democracia no es lo suficientemente «militante» o, en otras palabras, que carece de órganos defensivos suficientes. Por añadidura, tiene otros serios defectos; uno de ellos lo ha puesto de relieve Guillermo Gortázar en su último (casi póstumo) libro, El cesarismo presidencial: la excesiva concentración de poder que en España tiene el presidente que, insiste Gortázar, no debiera llamarse así, sino «primer ministro», al igual que en casi todos los países con democracia parlamentaria como en teoría es la nuestra.

«Los diputados representan a sus respectivos partidos, y en particular a sus directivas, más que a los electores»

Al excesivo poder del presidente se añade el sistema de elección por listas cerradas y bloqueadas, que prácticamente anula la independencia del Poder Legislativo: con este sistema, los diputados representan a sus respectivos partidos, y en particular a sus directivas, más que a los electores. No votan en las Cortes de acuerdo con sus conciencias ni según las preferencias de los votantes, sino según los dictámenes del partido, que a su vez es, o quiere ser, el Poder Ejecutivo. Como consecuencia, la única cortapisa que encuentra el Gobierno, es decir, el Poder Ejecutivo, son los jueces, el Poder Judicial, el tercero de los poderes enumerados por Montesquieu en El espíritu de las leyes, consagrados explícitamente en la Constitución de los Estados Unidos y desde entonces considerados como un componente esencial de la democracia. Se trata de los famosos controles y contrapesos, cuya idea original ya estaba en John Locke. Y que a Sánchez le parecen un estorbo intolerable.

Por esta razón, porque el único freno serio y efectivo a sus desmanes que encuentra el Gobierno sanchista está en una parte considerable de la judicatura, ha desenvainado el confuso concepto del lawfare (la guerra de los jueces díscolos —o fachas, vaya— al gobierno «progresista») y, sobre todo, pugna por la aprobación de las leyes Bolaños y Begoña. La primera cambiaría el sistema de selección de los jueces de modo que aumentara el número de los «progres» y disminuyera correlativamente su nivel de integridad y competencia. La ley Begoña limitaría las posibilidades de acusación judicial (en especial la acusación popular) lo cual permitiría al Gobierno controlar las querellas admitidas, convirtiendo así al Gobierno y sus allegados en inmunes a la aplicación de la ley. Sería la vuelta al poder absoluto. Es decir, sería el fin de la democracia en España; el único problema con que se encuentran Sánchez y su cuadrilla en esta materia es que, como pierden las elecciones, les faltan votos en las Cortes. Por eso quieren también modificar la ley electoral.

Yo me temo que la mayoría de los ciudadanos no son conscientes de lo poco que nos separa en España del régimen chavista. Y el peligro terrible es que, como se ha visto en Venezuela, una vez que el chavismo se hace con el poder, hace falta un Trump para acabar con él. Y éste no es, desde luego, el mejor remedio. Lo mejor es mantener el chavismo a raya. Y para eso, en un país como España, necesitamos una democracia militante. No he podido hacer más que plantear la cuestión de la «democracia militante» en este artículo. Espero poder desarrollar el tema en el próximo.