Del dolor a la indignación
«Del dolor a la indignación no hay un salto brusco. Hay una pendiente lenta. Y el Gobierno, con su silencio y sus rectificaciones, nos está empujando cuesta abajo»

Vista del tren Iryo descarrilado en Adamuz. | EFE
El duelo tiene fases. Y el cuarto día nunca se parece al primero. El primer día es el impacto seco, el silencio instintivo, casi físico, ese respeto que no se negocia porque nace solo. El segundo y el tercero son todavía territorio del estupor, del nudo en el estómago, de la sensación de que cualquier palabra sobra. Pero el cuarto día nunca se parece al primero. En el cuarto día el dolor sigue ahí, intacto, pero deja de estar mudo. Empieza a preguntar.
En Adamuz ya estamos ahí.
Nadie con dos dedos de frente ignora la dificultad técnica del rescate. El talud imposible, el terreno traicionero, los vagones convertidos en una escultura grotesca de hierro y muerte, las grúas que no bastan y las que llegan tarde. Nadie pide milagros. Pero en este cuarto día hay dos personas desaparecidas y más de un centenar de familiares atrapados en una espera que no entiende de protocolos. Personas que no saben si llorar, si esperar o si resignarse a no saber. Y eso, en un país civilizado, debería encender todas las alarmas.
Sin embargo, lo que se escucha no es una explicación clara. Es silencio. Y el silencio, cuando dura demasiado, deja de ser prudencia y empieza a oler a abandono.
Sorprende —o quizá ya no— que el ministro de Transportes, Óscar Puente, haya tardado 72 horas en ofrecer una rueda de prensa en condiciones. Hasta ahora no se había puesto delante de los periodistas. No se había sometido a preguntas incómodas. Y seguimos sabiendo más del estado de la vía que del destino de nuestros vecinos. Más del hierro que de la carne. Más del raíl que de la vida.
«Si hoy se reduce la velocidad en un 25% del trayecto Madrid–Barcelona ‘por seguridad’, ¿por qué no se hizo antes?»
Como si Adamuz no fuera suficiente, Cataluña ha añadido otra escena al mismo decorado de descomposición. Otro maquinista muerto en Gelida. Rodalies suspendido sin fecha. Regionales y media distancia paralizados. Cuatrocientos mil usuarios abandonados en estaciones convertidas en salas de espera sin información ni plan alternativo. Improvisación absoluta. Desinformación total. Confusión generalizada. La Administración apunta al temporal, al cambio climático, a los muros, a las piedras. A todo menos a lo evidente: el deterioro estructural de una red ferroviaria llevada al límite durante años.
Y aquí entra la pregunta incómoda, la que nadie parece querer formular en voz alta. Si hoy se reduce la velocidad en un 25% del trayecto Madrid–Barcelona «por seguridad», ¿por qué no se hizo antes? ¿Ha empeorado mágicamente el estado de las vías tras el accidente? ¿O es que llevábamos tiempo circulando al límite, confiando en que no pasara nada?
La respuesta inquieta. Porque si las vías eran igual de seguras —o de inseguras— la semana pasada que hoy, entonces el Gobierno ha actuado tarde. Y actuar tarde, cuando está en juego la vida de miles de personas, no es mala suerte. Es imprudencia. De la seria. De la que no se arregla con excusas.
A todo esto se suma un dato que ya parece anecdótico por repetido, pero que lo explica casi todo: llevamos tres años sin Presupuestos Generales del Estado. Tres. Sin planificación estable. Sin inversión sostenida. Sin mantenimiento acorde a una red cada vez más exigida. Y ahora descubrimos que la seguridad siempre llega después del desastre, nunca antes. Como si la prevención fuera un lujo y no una obligación básica del Estado.
En este cuarto día, España sigue llorando. Pero ya no lo hace en silencio. Aprieta los dientes.
Del dolor a la indignación no hay un salto brusco. Hay una pendiente lenta, resbaladiza, inevitable. Y el Gobierno, con su silencio, sus ausencias y sus rectificaciones a destiempo, nos está empujando cuesta abajo.
Porque lo verdaderamente insoportable no es solo la tragedia. Es la espera eterna sin explicaciones.