España: un país en vía muerta

Nunca antes tres generaciones consecutivas en España fueron testigos de una promesa de prosperidad material tan rotunda y, sin embargo, tan incapaces de sostenerla sin que el andamiaje se pudriera bajo sus pies. Desde la euforia de las autovías interminables y el AVE como emblema de modernidad hasta la resignación ante incendios en convoyes, apagones sistémicos y descarrilamientos mortales, hemos acabado en la vía muerta de una terrible paradoja: pagamos impuestos de potencia mundial mientras el país se desliza hacia estándares tercermundistas.

Dos accidentes ferroviarios con apenas 48 horas de diferencia, Adamuz en el sur, Gélida en el noreste, han puesto en evidencia el desmoronamiento estructural que durante años se ha tratado de presentar como anécdotas aisladas. En uno, la fatiga del metal, que no entiende de órdenes políticas; en el otro, un muro que se derrumba no por la lluvia, sino por falta de mantenimiento.

Por más empeño que ponga el Gobierno y sus voceros, la ingeniería no se subordina a los relatos. El metal sufre fatiga con el uso y los muros se degradan con el tiempo. Y cuando ese desgaste se ignora de forma sistemática, el accidente deja de ser una contingencia improbable para convertirse en un desenlace previsible.

Adamuz ha destapado esta dinámica. Hace apenas un año, ADIF autorizó por escrito, en el Diario Oficial de la Unión Europea, reutilizar material estructural viejo en lugar de sustituirlo por otro nuevo. El motivo: ahorrarse dinero. Ocurre que la física de materiales es inasequible a la cicatería. Lo viejo se rompe, no por caprichos del destino, sino porque la fatiga es una ley inexorable.

En Gélida, las lluvias, que no son excepcionales, sino que llegan todos los inviernos, se derramaron sobre un muro debilitado por falta de mantenimiento. Resultado: un maquinista muerto, decenas de heridos, y la misma pregunta flotando en el aire: ¿por qué lo que debería resistir ya no resiste? La respuesta es bien sencilla: porque la provisionalidad se ha vuelto crónica, la excepción se ha normalizado y el deterioro se ha convertido en rutina.

«El mismo patrón de irresponsabilidad seguida de pánico autoritario también lo vimos durante la gestión de la pandemia»

Basta recorrer las autovías para confirmarlo: señales «provisionales» que advierten de firme en mal estado a lo largo de kilómetros y kilómetros, durante meses que se convierten en años. No desaparecen solo porque el problema no se resuelve; permanecen porque se ha interiorizado que así son las cosas ahora. El ministro que nos pidió acostumbrarnos a las incidencias ferroviarias, incendios incluidos, no hizo más que verbalizar lo que lleva tiempo imponiéndose: la resignación como mecanismo de supervivencia política.

Si alguien cree que todo esto se limita a raíles y asfaltos, conviene recordar el caso quizá más demoledor de todos: las inundaciones de Valencia. Un ejemplo paradigmático de dejadez no ya en grandes obras de infraestructura que desde hace décadas se saben necesarias, sino incluso en las labores más elementales de mantenimiento de barrancos y cauces naturales, convertidos por pura desidia en auténticas bombas de relojería que, si nadie lo remedia, volverán a estallar. Sin embargo, el debate público se concentró diligentemente en el minuto exacto de la alerta y en el protocolo activado, como si el problema fuera el mensajero y no el polvorín acumulado durante años.

Ese mismo patrón de irresponsabilidad seguida de pánico autoritario también lo vimos, con consecuencias infinitamente más graves, durante la gestión de la pandemia de la covid. Primero se minimizó el riesgo, presentándolo poco menos que como una gripe sin mayor trascendencia; después, se pasó en cuestión de días al confinamiento más severo de Europa. A ello siguieron imposiciones arbitrarias, prolongaciones sin justificación de la reclusión forzosa, el uso obligatorio de mascarillas cuando la fase aguda ya había pasado y, como colofón, la incapacidad del propio Gobierno para ofrecer siquiera un recuento fiable de víctimas. Aquello no fue solo una crisis sanitaria: fue el apoteósico preámbulo de un descenso a los infiernos.

La resignación que ha precedido al desmoronamiento de España no cayó del cielo: tiene una clara genealogía. Desde la crisis de 2008 se aplicó el bisturí sobre aquello que sostiene el funcionamiento material del país: inversión en infraestructuras, y muy especialmente en el mantenimiento y renovación de lo esencial. Otras partidas, sin embargo, no solo se libraron de los recortes; crecieron sin tasa como si los días de vino y rosas no hubieran concluido con el crack de 2008. El gasto en empleados públicos ha aumentado en términos reales; las pensiones, de forma mucho más drástica, han pasado a consumir una porción cada vez mayor de la riqueza nacional. Entre 2008 y 2025, mientras el gasto en lo que se ve y se toca (raíles, asfalto, muros y drenajes) se regatea o aplaza, el gasto intocable ha escalado hasta devorar seis de cada diez euros recaudados.

«Cambiar raíles no se presta a la épica propagandística. Pero no hacerlo desemboca en tragedias»

No es que falte dinero, al menos en lo que a recaudación se refiere. Es que el dinero se destina, cada vez más, a lo políticamente sensible y estructuralmente insostenible, además de derramarse por los mil recovecos de la corrupción, mientras se abandona lo esencial porque no genera titulares ni votos inmediatos. Cambiar raíles no se presta a la épica propagandística. Reforzar un muro no alcanza para un photocall. Revisar drenajes no inspira discursos grandilocuentes. Pero no hacerlo desemboca en tragedias. Cuando por fin el desastre se produce, se nos habla de complejidad, de prudencia, de investigaciones interminables. Como si el tiempo y la acumulación de evidencias no gritaran lo suficiente.

Sobre Adamuz, una periodista afirmaba en la Cadena SER: «Estamos ante un asunto muy complejo, que se nos escapa a todos… Quizá nunca se sepa qué ha pasado, como en el apagón». Y tiene razón en una cosa: lo más probable es que no lo sepamos nunca por vía oficial. Como tampoco sabremos por vía oficial qué ocurrió en el apagón del 28 de abril de 2025, ni por qué el presidente del Gobierno decidió cambiar sin debate público la histórica posición de España respecto al Sáhara. Pero que no exista una verdad con sello administrativo no significa que esa verdad pueda permanecer indefinidamente entre tinieblas.

En el caso del apagón, los análisis de expertos independientes y de operadores del propio mercado han ido trazando un cuadro bastante claro: exceso de generación renovable sin suficiente respaldo de la generación alternativa que puede estabilizar el sistema. Un problema de diseño estructural supeditado a intereses propagandísticos, y quién sabe si a otros más turbios, no un capricho meteorológico.

Con las infraestructuras sucede lo mismo. Contratos modificados, adjudicaciones amañadas, presupuestos insuficientes, mantenimientos aplazados, soluciones provisionales que se vuelven permanentes. Indicios en apariencia dispersos que, al conectarse, dibujan un patrón tan escalofriante como nítido.

«Los países primero se empobrecen por desgaste lento. Hasta que un día la gente despierta en un lugar que ya no reconoce»

Ernest Hemingway resumió con su habitual sorna cómo se llega a la ruina: «Poco a poco… y luego de golpe». Del mismo modo, los países primero se empobrecen por desgaste lento, por la suma de decisiones que siempre protegen lo visible y desprecian lo invisible. Hasta que un día la gente despierta de golpe en un lugar que ya no reconoce: atrasado y decadente, donde la aspiración ya no es prosperar, sino sobrevivir de cualquier forma.

Tal vez nunca conozcamos el detalle técnico exacto de cada fallo. Pero lo que ya se puede apreciar con claridad es algo mucho más grave: España se ha acostumbrado a funcionar con infraestructuras de país en declive mientras mantiene el discurso y la fiscalidad de potencia desarrollada. Esa disonancia, como todas las disonancias profundas, termina resolviéndose siempre en la misma dirección: no a favor del relato interesado, sino a favor de la realidad que nos aplasta.