Más ingenieros y menos abogados

España es un país de abogados. Lo es, al menos, su clase política. Da igual si no todos lo son de formación; lo son de espíritu. El 35% de los diputados (120) estudiaron Derecho. Por comparación, solo un 6% de ellos (21) estudiaron alguna ingeniería. Si hago esta comparación es porque desde que se produjo el accidente de Adamuz, no dejo de pensar en esto que escribían Ezra Klein y Derek Thompson en su libro Abundancia, basándose en las teorías del economista Mancur Olson: «Una sociedad compleja recompensa a aquellos que mejor saben desenvolverse en la complejidad. Esto crea un incentivo para que los miembros más brillantes de esa sociedad se vuelvan expertos en navegar esa complejidad y, quizás, en crear aún más complejidad. ‘Todas las sociedades, independientemente de sus instituciones y de la ideología que las gobierna, recompensan más a los más aptos, los más aptos para esa sociedad’, escribe Olson. Un país joven que aún se encuentra en fase de construcción crea oportunidades para ingenieros y arquitectos. Un país maduro que ha entrado en fase de negociaciones crea oportunidades para abogados y consultores». 

Los dos países que Klein y Thompson contraponen son Estados Unidos y China, pero en el fondo vale cualquier país occidental. Por simplificar, China es un país de ingenieros (como dice el politólogo Dan Wang en su libro Breakneck) y el Occidente liberal es de abogados y consultores. España encaja en esta segunda descripción. Aunque somos una democracia joven, en el fondo ya hemos superado la «fase de construcción» de la que hablan Klein y Thompson: fue la época de expansión de los ochenta y noventa. Ahora estamos en la época de mediación y negociación, pero nos acercamos peligrosamente a la parálisis y la decadencia. 

«El sector ferroviario era la joya de la corona, por eso su decadencia resulta más dolorosa»

Tal y como han demostrado las crisis de la dana, el apagón y Adamuz, en España tenemos mediadores y no gestores. Nuestra política contemporánea está perfectamente preparada para el control de daños comunicativo y resulta perfectamente inútil para el control de daños real. Si ocurre una tragedia, el Estado manda un mensaje de resignación, e inmediatamente mueve sus engranajes para evitar una rendición de cuentas real. Todavía el Gobierno no ha dado razones para el apagón, y en el caso de Adamuz está más preocupado por los bulos que por el futuro y la seguridad del sector ferroviario. 

Es normal, entonces, que haya quienes hablen de «tercermundización». Es claramente una hipérbole y quizá sería más acertado hablar de decadencia. Es una decadencia que todavía no está distribuida equitativamente: hay cosas que funcionan muy bien y otras que empiezan a fallar.

El sector ferroviario era la joya de la corona, el «emblema de la modernización y la cohesión del país», como escribía recientemente Ramón González Férriz. Por eso su decadencia resulta más dolorosa. En un artículo reciente, la periodista Estefanía Molina decía que la idea de la «tercermundización» se explica con «la ruptura del contrato psicológico entre el Estado y quienes ya no esperan que funcione según sus expectativas o con la rendición de cuentas necesaria». Para que la decadencia no se convierta en colapso, España necesita más ingenieros y menos abogados, más constructores y menos mediadores.