Al tercer mundo se llega poco a poco

En España hay una sensación generalizada que ya no escapa a casi nadie: vivimos en un país que te cobra como si fuera Suiza y te atiende como si estuviera perennemente en obras. No hablo de ideología, sino de esa experiencia diaria para la que no hacen falta discursos. Las ayudas públicas que nunca llegan, la cita médica que se desplaza semanas como quien mueve una reunión, el tren que convierte la puntualidad en un acto de fe, los juzgados con expedientes en carros de supermercado, la llamada que termina en una centralita eterna o el trámite que exige presencia física para aportar, por decimoquinta vez, el mismo papel a la administración. Pequeñas humillaciones repetidas que, sumadas, nos ponen frente a la realidad: pagamos más y cada vez recibimos menos.

Lo más corrosivo de esta historia es que ya ni siquiera funciona la excusa favorita del poder: no hay dinero. Hay. Y mucho. El propio Estado reconoce cifras récord de ingresos tributarios en 2024. Y en 2025, antes de acabar el año, la recaudación acumulada hasta noviembre ya había superado toda la del año anterior. Si el Estado ingresa más que nunca y, aun así, los servicios se degradan, la cuestión fundamental es en qué se gasta, dónde se va el dinero y qué es lo que estamos sacrificando para sostener lo que nadie se atreve a tocar.

La izquierda, cuando se ve ante esta paradoja, responde con un reflejo casi pavloviano. Si algo falla, es porque faltan recursos. Si faltan recursos, hay que subir impuestos. Es un círculo perfecto para quien gobierna. El ciudadano paga más y, cuando protesta, se le reprende por no pagar todavía más. El Estado español se ha ido convirtiendo en un presupuesto con piloto automático, una maquinaria donde una parte cada vez mayor de los ingresos se va a partidas que se incrementan automáticamente y que, por razones políticas, resultan prácticamente intocables. Mientras tanto, lo que no se ve —lo que no da aplauso inmediato ni tiene rédito electoral— se convierte en lo primero que se deja de lado: mantenimientos, inversiones, modernizaciones, sistemas que funcionen…

No hace falta ser economista para entenderlo. Si en un hogar todo el dinero se lo come el gasto corriente, la casa no se pinta, el ascensor no se revisa y la caldera se estira un año más. Las pequeñas averías empiezan a pasar de anécdota a normalidad. En un país ocurre lo mismo. Cuando el presupuesto se llena de compromisos automáticos, la calidad de los servicios no cae de golpe, se va desdibujando. Primero se nota en los plazos. Luego en el trato. Luego en la calidad. Al final, en la confianza. Pero en ese deterioro la administración tiene un aliado, la desidia del ciudadano capaz de acostumbrarse a todo. La decadencia, en pequeñas dosis, se digiere como rutina. Al Tercer Mundo no se llega de repente, se llega poco a poco. Miren la historia reciente de Venezuela.

El elefante en la habitación patria —del que ningún político quiere hablar— son las pensiones. Y conviene abordar el problema sin convertirlo en una pelea generacional, porque no lo es. Ni los pensionistas tienen la culpa de lo que sucede ni esto va de jóvenes contra mayores. Ese enfoque es un relato falaz que produce resentimiento y, sobre todo, permite que el verdadero responsable (el Estado) salga indemne. El problema de las pensiones no es moral. Es de contabilidad. Es el choque entre promesas crecientes y una capacidad de financiación limitada.

«En un sistema de reparto, cotizar no significa guardar tu dinero en una caja para cuando te jubiles»

La política ha perfeccionado el arte de prometer cosas que no puede cumplir. Se promete revalorizar las pensiones y los sueldos públicos con el IPC, se promete ampliar derechos y se promete blindar todo. Prometer sale gratis porque el que promete no es el que paga. La cuenta la pagan los trabajadores a nómina de las empresas privadas y las pymes. La fiesta la pagan los trabajadores presentes y, como no alcanza para pagar, la pagarán también los trabajadores y contribuyentes futuros mediante un endeudamiento cada vez mayor. Desde hace ya años las cotizaciones no alcanzan para cubrir todo lo que se paga. La aritmética es implacable. Cada subida de pensiones o de sueldos públicos es un impuesto diferido que no se presenta como tal, pero opera como tal. Da derechos a unos pocos a costa de que otros paguen en el futuro.

Muchos (casi todos) enarbolan el discurso de «yo coticé en su momento, me he ganado mi pensión». Es falso. En un sistema de reparto, cotizar no significa guardar tu dinero en una caja para cuando te jubiles. Significa pagar a los jubilados actuales a cambio de un derecho condicionado: cobrarás mañana lo que el sistema pueda pagar mañana, con los cotizantes que existan mañana y bajo las reglas que decida la política de mañana. Reparto significa exactamente eso, sin adornos, hoy pagas tú y mañana te pagarán otros a ti… lo que puedan pagar, si pueden pagar. 

Sean sinceros, no hace falta que lo digan en voz alta, piénsenlo para sus adentros: ¿consideran justo que la mayoría de los trabajadores en España estén pagando las pensiones a personas que cobran mucho más que ellos? Cuando el presupuesto se organiza para sostener el presente a cualquier precio, estamos hipotecando el futuro a base de recortes encubiertos. No se anuncia. No se vota. No se debate. Simplemente ocurre. Se consume capital público. Las infraestructuras envejecen. Se tensionan los servicios y se estresa cada vez más a la clase media, que es la que sostiene el sistema y la que menos capacidad tiene para escapar de él. Se trata de una compra de votos. Simple y llanamente.

España no necesita más sermones fiscales ni más moralina televisiva con propaganda del Ministerio de Hacienda, «lo que das vuelve». No se trata de engordar una recaudación récord, sino de exigir que ese dinero se traduzca en capacidad real, en servicios que funcionen y en un horizonte que no sea una factura perpetua. La pregunta que la izquierda evita es la única que merece la pena hacerse: si el Estado está ingresando más que nunca, ¿por qué el ciudadano siente que recibe menos que nunca? Cuando se responde con honestidad, el debate deja de ser sentimental y se vuelve adulto. Hacen falta reformas y tener claras las prioridades. Lo demás —la propaganda, el relato, el enfrentamiento y las promesas incumplidas— ya lo hemos probado y no funciona. La prueba de todo ello está en nuestros colegios, nuestros juzgados, nuestras carreteras, nuestros hospitales… y en un terraplén de Adamuz.