El fracaso de los fondos europeos

De tanto marear con el franquismo y exhumando al general, a los sanchistas se les han pegado muchos de los tics de esa política. Hace algunas semanas hablaba de la economía recomendada de la dictadura, de su copia por el Frankenstein, y de cómo este estaba utilizando la SEPI del mismo modo que el antiguo régimen usó al INI.

Desde el principio, Sánchez ha empleado los fondos europeos de recuperación como instrumento de propaganda. Nada más aprobarse por la Unión Europea, todo el Gobierno recibió al héroe invicto, en la puerta del Consejo de Ministros, haciendo el paseíllo y aplaudiéndole. Solo faltaba que le hubiesen recibido bajo palio como al caudillo.

En múltiples ocasiones el nuevo autócrata ha montado grandes espectáculos, rodeándose de todos los que eran algo en el mundo empresarial y económico; por supuesto, no faltaron los ministros, a veces con un toque de violín incluido. Como afirmé ya en algún artículo, los empresarios se prestaron de buen grado a las representaciones, adoptando el papel de pajarillos que con el pico abierto esperaban el maná gubernamental. Ellos también estaban dispuestos a jugar a la economía recomendada del antiguo régimen. El desencanto, sin embargo, cundió enseguida cuando percibieron que el rey estaba desnudo.

Sánchez, con la finalidad de manejar como instrumento político los recursos que venían de la Unión Europea, se negó a la constitución de cualquier comisión técnica e imparcial que actuase al margen de todo interés partidista a la hora de decidir el destino y la finalidad a los que había que aplicar los fondos. Mediante el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, se los liberó de todo control político y parlamentario, dejando el poder sobre ellos en un pequeño grupo de asesores de la Moncloa, es decir, en manos de Sánchez. Resultó especialmente extraña la actuación de Vox, ya que gracias a su abstención se aprobó el real decreto-ley citado. La única explicación que cabe es que existiese una fuerte presión de las grandes compañías empresariales, deseosas de acelerar su entrada en vigor, pensando en los beneficios que iban a obtener de tan importante paquete de fondos.

El real decreto-ley iba más allá. No solo libraba a los recursos de Next Generation EU de la intervención del Congreso, sino de casi todo el control administrativo. Es difícil no prorrumpir en una carcajada al recordar ahora que el pretexto usado para eludir en buena medida el derecho administrativo era la urgencia en la concesión; la fiscalización previa, por ejemplo, quedaba reducida a la mínima expresión, esto es, comprobar tan solo la existencia de crédito y la competencia del funcionario o del cargo público que firma el expediente. Como siempre, se pretende supeditar la legalidad a una teórica eficacia.

«La discrecionalidad en su manejo, tanto desde el punto de vista político como administrativo, está creando gran desconfianza»

A cuatro años vista, el argumento no puede por menos que provocar hilaridad. La urgencia era tan grande y han mostrado tanta diligencia a la hora de remover obstáculos en los procedimientos administrativos que somos uno de los países más retrasados en la realización de los fondos. Es precisamente esa discrecionalidad en su manejo, tanto desde el punto de vista político como administrativo, lo que está creando una gran desconfianza. Se percibe que se está gestionando mal, cuando no algo mucho peor. Caben todas las sospechas y ya veremos lo que ocurre cuando se levanten las alfombras.

El hecho de que España se haya situado a la cola del resto de todos países a la hora de ejecutar los distintos programas tiene otra razón de ser, la incompetencia de este Gobierno que a la hora de elaborar con la Comisión de la UE un plan de las condiciones a cumplir lo ha hecho a la buena de Dios, sin saber si se comprometía a obligaciones que o no tenían sentido o le iba a ser imposible acometer. La postura del Gobierno ha sido tanto más estúpida cuanto que la situación actual en la Unión Europea es en extremo relajada y la Comisión se pliega a los deseos de los países.

De manera que las condiciones se las ha impuesto el mismo Gobierno, pero parece ser que sin reflexión o dominado por cierto sectarismo, sin discernir si iban a ser viables o no. Plantearon, por ejemplo, una reforma de pensiones sin tener claro qué es lo que querían y podían reformar. Del mismo modo anunciaron una subida del gravamen sobre el gasóleo totalmente contraproducente, sin contar siquiera con el apoyo parlamentario preciso para llevarla a cabo. La conclusión ha sido un año entero sin recibir fondos y la necesidad de una reelaboración del plan; por supuesto, todo ello sin pasar por el Parlamento.

Se afirma, y es cierto, que gran parte del crecimiento económico de estos años se debe a los fondos Next Generation EU. El problema a plantear, sin embargo, es qué tipo de crecimiento se ha conseguido, cuánto tiene de humo y qué distinto hubiese sido si los recursos europeos se hubiesen gestionado de otra manera. 

«La productividad no depende de que sean públicos o privados, sino fundamentalmente de la manera de gestionarlos»

No es extraño, por tanto, que surja todo tipo de críticas contra la forma en que el Gobierno está gestionando estos recursos y sobre los resultados que se están obteniendo, o más bien de las expectativas negativas que hoy recaen sobre ellos. Las conjeturas y recelos pesimistas se encuentran de sobra justificados.

Aunque alguna vez la crítica se sitúa en el lugar equivocado. Por ejemplo, desde el ala más liberal se coloca el acento en el porcentaje reducido que ha ido a parar al sector privado, a favor del público, denominando una vez más al primero productivo, y se supone que al segundo improductivo, como si el funcionamiento de la sociedad y de toda la economía no dependiese de los bienes y servicios públicos.

La mayoría de estos no solo es que sean muy productivos, sino que la producción de la sociedad y de la economía en su conjunto depende de ellos. La educación, la sanidad, el orden público, la justicia, las infraestructuras, etc., son factores fundamentales a la hora de hablar de producción. Lo que parece que molesta no es que no sean productivos, sino bien su carácter de públicos, es decir, que se financien con impuestos en lugar de a través del precio. La productividad no depende de que sean públicos o privados, sino fundamentalmente de la manera de gestionarlos, bien o mal, de que cacen o no cacen ratones, tal como afirmaba en mi artículo del día 23 de diciembre del año pasado.

Por otra parte, los recursos enviados por la Unión Europea tienen carácter público y provienen de los impuestos pagados y los que pagaremos todos los europeos, también los españoles, para amortizar los créditos sindicados. Sufragaremos no solo aquellos que financian los recursos que van a venir a España, sino también los que van a ir a otros Estados. Cada país miembro en proporción a su PIB. Es lógico, por tanto, que se tenga como primer destino el sector público. Otra cosa es que la gran mayoría de ellos antes o después terminen en el sector privado bien mediante subvenciones, licitaciones de infraestructuras, o asociaciones público-privadas, etc.

«La incompetencia no es privativa ni del sector público ni del sector privado, puede surgir en ambos ámbitos»

Por otra parte, dada la opacidad que está rodeando la distribución de estos fondos y la lentitud con que se ha llevado la ejecución, las cifras que se manejan no son representativas de los destinatarios últimos. El que el dinero aparezca como transferido a las comunidades autónomas, corporaciones locales, organismos autónomos, empresas públicas, etc., no quiere decir que estos sean los destinatarios últimos. En muchos casos serán meros intermediarios. El Estado se vale de todas las administraciones para su distribución y aplicación, canalizándolos hacia el sector privado mediante obras públicas, subvenciones, créditos, asociaciones público privadas, etc.

Además, las licitaciones no pueden coincidir con las ejecuciones. Muchas de las obras o de las operaciones a realizar son de tal envergadura que el desfase puede durar muchos meses e incluso años. Es un error corriente en el que incurren de forma consciente e intencionada los independentistas catalanes cuando acusan al Estado de no cumplir lo prometido, basándose en que no se han ejecutado al cien por cien los créditos presupuestarios asignados a Cataluña. Solo los de dimensiones reducidas pueden aprobarse y ejecutarse en el mismo ejercicio. Algo parecido ocurre con los fondos europeos. Bien es verdad que el periodo de ejecución se incrementa cuando el Gobierno y los gestores son incompetentes, como es el caso.

La incompetencia no es privativa ni del sector público ni del sector privado, puede surgir en ambos ámbitos. Ya tuvimos la experiencia del plan E de Zapatero y resultó un desastre. A pesar de lo que se dice, no es ninguna garantía de eficacia y limpieza que el tamaño económico del beneficiario sea reducido. Ni en el caso de las PYME ni en los pequeños ayuntamientos.

El que en las cifras facilitadas en estos momentos no aparezca en una dimensión importante la presencia del sector privado, no quiere decir que no vaya a darse. Lo veremos al final. Hoy por hoy, donde esta presencia se hace más evidente es en los PERTE, dadas sus características y es en ellos donde se encuentran casi en exclusiva las grandes empresas. No obstante, si tenemos en cuenta la finalidad un tanto etérea y futurible del objetivo de la mayoría de ellos (hidrógeno, automóvil eléctrico, economía social…) yo no sería muy optimista, ni estoy nada seguro de los resultados que al final se consigan. De lo que sí estoy seguro es de que, si se producen pérdidas, serán como siempre para el sector público, tal como ocurrió con las desaladoras o con las autopistas.

«Dado el alto nivel de endeudamiento público, lo que menos necesita nuestro país es incrementarlo»

El Gobierno se ha visto obligado a firmar un nuevo programa con la Comisión Europea. Una vez más sin que las Cortes lo hayan aprobado, ni siquiera que se las haya informado. La necesidad del nuevo plan surge de la imposibilidad de que este Ejecutivo, dada su debilidad parlamentaria, pudiese cumplir con las medidas a las que se había comprometido. Por otra parte, el retraso en la ejecución comporta que tenga que renunciar a recibir una cantidad de recursos proyectados, concretamente 60.000 millones de euros de la parte concedida como créditos.

Esta renuncia ha sido recibida como una mala noticia por comentaristas y prensa. Yo, por el contrario, me he alegrado de ella. Dado el alto nivel de endeudamiento público, lo que menos necesita nuestro país es incrementarlo. No vale argüir que, dadas las condiciones financieras blandas a las que se nos concederían, se trataría de sustituir a parte de la deuda ya contraída. Los nuevos créditos se concederían a proyectos concretos, sin posibilidad de desviarlos a otras finalidades.

Resulta muy sorprendente la postura de algunos empresarios que se han quejado de la supresión, basándose en que la inversión privada va muy floja. Tal tesis parece un poco contradictoria. Pedir por una parte la reducción del endeudamiento público y por otra que se dispare para que aumente la inversión privada.

Hace unos días, tanto Sánchez como el ministro Cuerpo anunciaron la creación de un fondo de inversión soberano con una aportación inicial de 10.500 millones de euros que provienen de remanentes de los fondos de recuperación y que se piensa ampliar a 120.000 millones de euros, con participaciones de inversores privados tanto nacionales como extranjeros. El anuncio es desconcertante porque la economía española no cumple las condiciones normales y lógicas para constituir un fondo de esta clase. Parece más bien una artimaña con la que utilizar el remanente que queda por ejecutar de los fondos de recuperación y aplicarlo fuera de plazo. Quizás algo peor, su pretensión de controlar determinadas empresas privadas al estilo de la economía recomendada del que hemos hablado en algún otro artículo. Desconcertante es también la postura de la Comisión Europea totalmente laxa y permisiva. Tal vez merezca la pena dedicar a este asunto otro artículo en exclusiva.