La responsabilidad política en el sanchismo

Pedir dimisiones al sanchismo —nombre con el que se viene designando la forma de ejercer el poder que caracteriza a los Ejecutivos liderados por el epónimo líder madrileño— es como pedir peras al olmo: un esfuerzo perfectamente inútil. Solo en su breve aurora se permitió Sánchez aceptar unas cuantas dimisiones ejemplarizantes: Carmen Montón, Màxim Huerta. Y lo hizo por entender que al mensaje regeneracionista que emitía por aquel entonces podía sentarle bien —dándole votos— el sacrificio de algunas piezas menores en su organigrama. Pero eso acabó hace mucho tiempo: lo que tocaba entonces, ya no toca. De hecho, la precariedad parlamentaria de la actual legislatura ha radicalizado los presupuestos sobre los que opera el Ejecutivo: en ausencia de una mayoría parlamentaria estable, asediados el presidente y su partido por las causas judiciales en curso, el principio de responsabilidad política ha quedado relegado a la condición de pamema para incautos.

Y casi se diría que Sánchez se ríe de todo el mundo cuando dice, como ha dicho en algún momento después del fatídico accidente de Adamuz, que «asume la responsabilidad» del mismo. Ya que de sus palabras no se sigue consecuencia alguna, pese a que asumir la responsabilidad no es un acto performativo a la manera de perdonar a alguien o prometer algo; se requiere de una decisión ulterior que materialice la susodicha asunción de responsabilidades o todo quedará en pirotecnia verbal. Pero Sánchez ha afirmado con léxico mejorable que «las tragedias suceden» y ha respaldado a su ministro de Transportes, ese Óscar Puente que tras pasarse los años haciendo el troll en las redes pide ahora respeto a sus palabras, negándose a dimitir por juzgar que lo sucedido nada tiene que ver con su desempeño en el cargo.

«Quien asume un cargo ha de estar dispuesto a abandonarlo si abandonarlo sirve para preservar su dignidad»

Se nos está diciendo así que el responsable último de la seguridad de las vías férreas en España debe seguir en su cargo pese a que 45 personas murieron a consecuencia de la falta de mantenimiento de una red viaria sobre cuya creciente fragilidad venían advirtiendo profesionales y usuarios en los últimos años; quienes dicen tal cosa sostienen al mismo tiempo que Carlos Mazón debía irse a casa por pasar en el reservado de un restaurante la tarde de la catástrofe levantina. Contradicciones partidistas al margen, este razonamiento pasa por alto que el mandato representativo posee una fuerte dimensión simbólica que está vinculada a la dignidad misma de la democracia como régimen de autogobierno: el privilegio que supone tomar decisiones en nombre de los ciudadanos está vinculado a la asunción de la consiguiente responsabilidad política cuando los acontecimientos así lo exigen.

Nótese que la representatividad del cargo político implica el automatismo de la dimisión. No es necesario que lo sucedido —el catálogo de posibilidades es amplísimo— sea culpa del ministro; basta con que lo sucedido, si tiene la gravedad requerida, caiga dentro de su ámbito de competencia. La dimisión equivale a una purga simbólica del cuerpo político y demuestra por sí sola que el establishment se mantiene en contacto con la realidad: quien asume un cargo ha de estar dispuesto a abandonarlo si abandonarlo sirve para preservar su dignidad; la dignidad del cargo y la dignidad de quien lo ocupa. Pero si la dimisión se convierte en una mera posibilidad teórica que jamás llega a actualizarse por miedo a reforzar a la oposición, ¿en qué consiste entonces la responsabilidad política?

Por lo demás, nadie puede esperar que un Gobierno atravesado por la corrupción e incapaz de aprobar las cuentas públicas —evidencia más que suficiente de sus pulsiones iliberales— pueda comportarse de manera responsable. A muchos votantes, huelga decirlo, eso les parece muy bien. Y por eso pasa lo que pasa.