The Objective
José Rosiñol

No es magia, es decadencia

«El Estado, en su conjunto, opera cada vez más como una confederación de relatos que como una administración capaz de ejecutar políticas»

Opinión
No es magia, es decadencia

Ilustración de Alejandra Svriz.

Cuando en 1787 Catalina II de Rusia emprendió su célebre viaje por Crimea, el mariscal Potemkin levantó a su paso una sucesión de aldeas de cartón piedra: fachadas sin edificio, actores disfrazados de prósperos campesinos, jardines que se desmontaban al paso de la comitiva para volver a instalarse kilómetros más adelante. La zarina, según cuentan, sabía que aquello era un decorado. Los historiadores discuten si el engaño era tal o si constituía una suerte de pacto tácito entre el poder y su representación. Lo que nadie discute es que la expresión «aldea Potemkin» ha pervivido tres siglos para designar exactamente lo que hoy presenciamos en España: una pretensión falsa que es solo fachada con la que se pretende encubrir una realidad desastrosa.

En noviembre de 2025, el ministro de Transportes anunciaba con fanfarrias que España circularía a 350 kilómetros por hora, igualando a China como única potencia ferroviaria del mundo en alcanzar semejante velocidad. «Pasamos de estar a la defensiva a la ofensiva», proclamó. Dos meses después, mientras 45 familias entierran a sus muertos en Adamuz, los trenes de alta velocidad circulan a 80 kilómetros por hora en varios tramos de la línea Madrid-Barcelona por roturas de vía. Ochenta. La velocidad de un automóvil en carretera secundaria. La distancia entre el anuncio triunfal y la realidad trágica no es ya una brecha: es un abismo civilizatorio.

No pretendo aquí determinar las causas concretas del descarrilamiento del Iryo que provocó la colisión más letal en la historia de nuestra alta velocidad. Eso corresponde a los investigadores y, llegado el caso, a los tribunales. Lo que sí me propongo es señalar algo que trasciende el accidente mismo: el patrón que conecta Adamuz con la dana de Valencia, con los incendios forestales de cada verano, con el volcán de La Palma, con el caos crónico de Rodalies. Un patrón de decadencia institucional que ya no puede disimularse con campañas publicitarias.

«No es magia, son tus impuestos», rezaba el eslogan que Hacienda lanzó en 2023 —con un coste de siete millones de euros— mostrando médicos sonrientes, carreteras impecables, infraestructuras relucientes. La campaña se retiró y el Gobierno la relanzó meses después con el mismo mensaje: «pagad, ciudadanos, porque vuestros impuestos producen milagros». El problema es que no producen milagros. Producen fachadas.

Producen un ministro que anuncia velocidades estratosféricas mientras los maquinistas llevan meses reportando vibraciones anómalas en las vías. Producen informes de inspección que certifican que todo está «en perfecto estado» 11 días antes de que un carril se rompa y provoque una tragedia. Producen un pliego de contratación que exige soldaduras contrarias a la normativa de la propia ADIF. Producen, en definitiva, la estructura exacta de una aldea Potemkin: documentos que dicen una cosa mientras la realidad dice otra.

«La respuesta es siempre narrativa, nunca operativa. Se gestiona el relato, no la crisis»

Lo verdaderamente paradójico no es el accidente en sí —toda infraestructura compleja está expuesta a fallos—, sino la respuesta. O, mejor dicho, el tipo de respuesta. Cuando el caos de Rodalies paraliza Cataluña, incluyendo la muerte de un joven maquinista, la explicación oficial oscila entre el cambio climático, los ciberataques y los fallos de software de «última generación». Cuando la dana arrasa el levante valenciano, el problema es meteorológico, no de previsión ni de coordinación. Cuando arden los montes, la culpa es del calentamiento global, nunca de la dejación en política forestal. La respuesta es siempre narrativa, nunca operativa. Se gestiona el relato, no la crisis.

Esta es la arquitectura de lo que podríamos llamar el «Estado Potemkin»: una Administración que ha sustituido la capacidad ejecutiva por la capacidad comunicativa. Que invierte más en explicar por qué las cosas funcionan que en hacer que funcionen. Que confunde gobernar con persuadir. Los sofistas griegos, aquellos maestros de la retórica que Platón despreciaba por hacer del argumento más débil el más fuerte, habrían reconocido en nuestros gobernantes a dignos herederos de su arte. Con una diferencia: los sofistas cobraban por enseñar a argumentar; nuestros gobernantes cobran por administrar un Estado que se desmorona mientras ellos argumentan.

El patrón se repite con precisión inquietante. Primero, el anuncio grandilocuente: «seremos los mejores, los más rápidos, los más modernos». Después, la tragedia: muertos, damnificados, ciudadanos abandonados a su suerte. Finalmente, la explicación exculpatoria: «fue el clima, fue un fallo técnico imprevisible, fue la mala suerte». Y vuelta a empezar. El ciclo se cierra sin que nadie dimita, sin que nadie asuma responsabilidades, sin que nada cambie estructuralmente. Solo cambia el decorado de la aldea Potemkin, que se desmonta y se vuelve a montar unos kilómetros más adelante.

Hay algo profundamente corrosivo en este modo de ejercer el poder. No es solo que se tome el pelo a los ciudadanos —que también—, sino que se erosiona el vínculo básico entre gobernantes y gobernados. Cuando el Estado promete 350 kilómetros por hora y entrega 80, cuando promete protección ante las riadas y entrega cadáveres flotando en garajes, cuando promete la segunda red de alta velocidad del mundo y entrega carriles que se rompen, lo que se quiebra no es solo la confianza en un Gobierno concreto. Lo que se quiebra es la confianza en la democracia como sistema capaz de resolver problemas.

«El Gobierno ha construido un aparato de comunicación formidable que funciona con independencia de lo que ocurra en la realidad»

Los politólogos llevan años alertando sobre la desafección ciudadana, sobre el auge de los populismos, sobre la crisis de legitimidad de las instituciones. Buscan las causas en las redes sociales, en la polarización, en la globalización. Quizá deberían buscarlas más cerca: en la brecha cada vez más obscena entre lo que el Estado dice que hace y lo que efectivamente hace. En la proliferación de aldeas Potemkin que ya ni siquiera engañan a nadie pero que siguen levantándose porque el poder ha olvidado cualquier otra forma de relacionarse con la realidad.

El Gobierno de Pedro Sánchez no inventó este modo de gobernar, pero lo ha perfeccionado hasta convertirlo en sistema. Ha construido un aparato de comunicación formidable que funciona con independencia de lo que ocurra en el mundo real. Un aparato que puede anunciar trenes a 350 por hora mientras los trenes descarrilan, que puede proclamar la España del progreso mientras los ciudadanos mueren en catástrofes evitables, que puede celebrar los impuestos más altos de la historia mientras los servicios públicos colapsan. Un aparato, en suma, que ha autonomizado el relato de la realidad hasta el punto de que ya no necesita que coincidan.

Lo más preocupante es que este modo de operar no es exclusivo del Gobierno central. Se ha extendido como una metástasis por todo el sistema político español. Las autonomías funcionan como pequeños Estados Potemkin, cada uno con sus propias fachadas y sus propios decorados. El Estado, en su conjunto, opera cada vez más como una confederación de relatos que como una administración capaz de ejecutar políticas. Se transfieren competencias, se diluyen responsabilidades, se multiplican los niveles burocráticos, y al final nadie es responsable de nada porque todos son responsables de todo.

Los 45 muertos de Adamuz merecen algo más que un funeral de Estado al que el presidente del Gobierno no acude. Merecen la verdad sobre lo que falló y por qué. Merecen que alguien asuma responsabilidades reales, no retóricas. Merecen, sobre todo, que su muerte sirva para algo más que para alimentar otro ciclo de anuncios grandilocuentes seguidos de tragedias seguidas de explicaciones exculpatorias.

Pero para eso haría falta desmontar las aldeas Potemkin. Haría falta que el poder dejara de confundir gobernar con comunicar. Haría falta, en definitiva, que alguien se atreviera a decir lo obvio: que no es magia lo que falla en España; es el Estado. Y que ninguna campaña publicitaria, por cara que sea, va a arreglarlo.

Publicidad