The Objective
Francesc de Carreras

Ni administrar saben

«El Gobierno no puede casi legislar ni sabe administrar, como ha demostrado en las catástrofes. ¿Qué hace mientras? Entre otras perversidades, colocar a los suyos»

Opinión
Ni administrar saben

Ilustración de Alejandra Svriz.

Cuando en un país funcionan mal el Parlamento y el Gobierno —como es nuestro caso— queda una institución, además del control que ejercen los jueces y tribunales, que puede atenuar los destrozos que estos causan: la Administración Pública, los funcionarios. Ahora bien, en estos momentos el deterioro institucional impide que eso funcione, tal es el daño causado por tantos estropicios: la dana, el gran apagón y las recientes catástrofes ferroviarias.

¿Qué hay de común en todos estos accidentes? Que la Administración, en su sentido amplio, ha fallado y que no solo los funcionarios responsables andan desaparecidos, sino que los cargos políticos de quienes dependen ni siquiera los buscan. El tiempo va envolviendo en una nebulosa las causas y los causantes que originaron los estragos hasta que se llega al olvido. Pero quienes no olvidan son los parientes y amigos de los muertos, por eso no han querido asistir al funeral de Estado que organizaban estos días los responsables últimos de la catástrofe de Córdoba y de Tarragona.  

Es evidente que la Administración pública no es plenamente autónoma porque está sometida a las leyes y depende jerárquicamente de los cargos políticos. Pero tiene el deber de «servir con objetividad los intereses generales» y actuar «con sometimiento pleno a la ley y al Derecho», según establece el art. 103.1 de la Constitución.

Por tanto, la Administración no solo es una institución de carácter ejecutivo comprometida con la eficacia sino también de control: apoyándose en las leyes, los funcionarios pueden negarse a cumplir los mandatos de los cargos públicos a los que están sometidos por el principio de jerarquía.

Pues bien, en la dana, el gran apagón y las recientes catástrofes ferroviarias, han fallado las Administraciones y las empresas públicas o agencias diversas vinculadas a las mismas. La dana ya queda lejos y pocas responsabilidades se han exigido (que tenga noticia, solo dos altos cargos autonómicos, el presidente y una consejera); del gran apagón que yo sepa nadie y pronto hará un año; de la reciente catástrofe ferroviaria solo dos responsables de Renfe y ADIF en Cataluña.

«Contradicción tras contradicción Puente sigue impertérrito en su cargo, aunque cuente con la desconfianza general»

El papel del pintoresco ministro Puente es especialmente relevante: contradicción tras contradicción sigue impertérrito en su cargo, aunque ya cuente con la desconfianza general. Quizás si en lugar de tuitear con muy mal estilo se hubiera dedicado a aprender las tareas que le corresponden como ministro, por ejemplo, hacer caso de las advertencias y quejas de los ferroviarios, se hubiera evitado la catástrofe. ¡Qué patético es este personaje!

Pensando en la situación, se me ocurre una razón de fondo: administrar bien no da votos. Destinar fondos públicos a revisar vías, y repararlas si es necesario, para que los viajeros se trasladen de una ciudad a otra con seguridad, no ocupa titulares de periódico. Sí lo ocupa, en cambio, que el ministro anuncie, como anunció hace un par de meses, que los trenes podrían alcanzar los 350 kilómetros por hora. ¡Menos mal que no se cumplió este insensato anuncio!

¿Ha dado explicaciones Puente de en base a qué razones dijo tal barbaridad y si sabía que el envejecimiento de las vías no lo permitía? ¿Cómo este hombre con tan poca vergüenza —ojo: no he dicho sinvergüenza— aún sigue en el cargo? 

La razón de un anuncio tan temerario es muy sencilla: decir que tenemos la mejor red de trenes del mundo y que pronto se podrá alcanzar la velocidad de 350 km/h puede dar votos; pero decir que se gastan cada año muchos millones, seguramente miles, en cuidar y reparar las vías para un transporte seguro no da ni un voto, aunque es la obligación de una buena Administración.

«Las razones de las decisiones políticas solo tienen la finalidad de seguir en el poder, no de procurar el bien de los ciudadanos»

Pero todo ello presupone algo inadmisible: que las razones de las decisiones políticas solo tienen la finalidad de ganar las próximas elecciones y seguir en el poder, no de procurar el bien de los ciudadanos. Este tipo de política, en la que el actual Gobierno es un maestro, conduce a estos desastres, a estos daños en la economía y en las personas, en esta pérdida de vidas humanas. Sumen los de la dana con los de estos días con las catástrofes ferroviarias y verán que hay varios cientos de muertos a consecuencia del mal funcionamiento por el descuido de las Administraciones, las empresas y las agencias públicas.

Estamos en un tipo de política que creíamos superada, decimonónica, la de la oligarquía y caciquismo de Joaquín Costa, la del clientelismo como finalidad de los gobiernos. Es famosa la anécdota del político Natalio Rivas —ministro del Partido Liberal con Alfonso XIII que acabó siendo procurador en Cortes con Franco; así pues, un hombre de principios sólidos— al que durante un mitin electoral alguien del público le pidió a voz en grito: «Natalio, colócanos a todos». Ese era el deseo de los asistentes a los mítines, fueran de uno u otro partido.

A los actuales partidos les deberíamos llamar «partidos de colocados» y los gobernantes podrían definirse como «políticos clientelares», cuyo objetivo principal es colocar a los de su partido y obtener votos. Otro día hablaremos con más detenimiento del anteproyecto de ley de los «agentes de igualdad», igualdad de género, naturalmente. Se trata de hacer funcionarios a unos 41.000 de estos agentes, con un sueldo razonable hasta la jubilación. Es el caso de don Natalio redivivo: todos —y «todas»— los que trabajan en chiringuitos feministas colocados como funcionarios de por vida.

Sin duda es lo que más necesita España. Desde luego, mucho más que agentes que se dediquen a revisar las vías. Este Gobierno no puede casi legislar —estamos con los Presupuestos de la anterior legislatura—, intenta aprobar decretos en materias reservadas a la ley —como el de la legalización de los inmigrantes— y ni administrar sabe cómo ha demostrado en las catástrofes con muertos incluidos. ¿Qué hace ahí mientras no puede hacer nada? Entre otras perversidades, colocar a los suyos mientras pueda.

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