Trocear el ómnibus

Distinguir la verdad de la mentira ha sido siempre una cuestión de capital importancia por una razón fundamental: el objetivo fundamental del oficio que practico es la búsqueda de la verdad y su antónimo, la mentira, es el sacrilegio de la actividad que desarrollamos algunos profesionales, como los periodistas y los políticos.

Hace años tuve una discusión con mi antiguo y añorado amigo, José María Calleja, por una afirmación que a mí me parecía errada, que era algo así como «Yo siempre voy a creer antes a un Gobierno democrático que a una organización terrorista», durante los tiempos en que Zapatero embarcó a la nación en su proceso de paz. Recuerdo haber argumentado que siempre es preferible creer a quien te diga la verdad. Es preciso tener en cuenta que tanto un Gobierno democrático como la más sanguinaria de las bandas terroristas pueden tener excelentes motivos para mentir. O para decir la verdad. Reprochar a un terrorista que mienta sería tan incongruente como afear a Hannibal Lecter que se muerda las uñas. Pero ese reproche a un gobernante o a un periodista sí sería una tacha.

Los más viejos del lugar recordarán la tregua declarada por ETA en 1998, tras el pacto de Lizarra y la firma de un pacto a tres bandas entre la organización terrorista, el PNV y Eusko Alkartasuna en aquel verano del 98. Jaime Mayor Oreja calificó el alto el fuego etarra como una tregua-trampa y le cayó la del pulpo por ello. Sin embargo, dos años más tarde, el diario abertzale ‘Gara’ publicó el 30 de abril de 2000 un comunicado de la banda en el que daba la razón al ministro del Interior de manera inequívoca: «ETA entiende que el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, sí efectuó una lectura correcta de la misma (la tregua) al acuñar el concepto de ‘tregua-trampa’. ¡Por supuesto! ¡Era un instrumento dirigido contra los gobiernos francés y español!» y, en la misma medida, «una trampa para la estrategia de sumisión a España que habían desarrollado hasta entonces PNV y EA». No era un proceso de paz, sino de soberanía. A pesar del comunicado, evidentemente veraz, el nacionalismo todavía reprocha hoy a Mayor Oreja haber acuñado el concepto de la tregua-trampa.

Ya hemos desarrollado suficientemente aquí la idea de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, ha desarrollado su actividad política a lomos de mentiras, que prodiga con una característica notable: no teme en absoluto el desmentido de la realidad, que los hechos vengan a poner en solfa sus hipótesis. Esta semana pasada hemos asistido a uno de sus embustes más espectaculares con el que coronó un artificio infame: la presentación de un Real Decreto Ley para revalorizar las pensiones en un ómnibus que contemplaba 21 medidas más como la moratoria de los desahucios a los inquiokupas y otras que imposibilitaran votarlo a partidos claves de la oposición. Recordarán, pasó hace unos días, que Sánchez aprovechó la seguridad de que el Congreso iba a tumbar su propuesta para grabar un vídeo acusando al PP de perjudicar a los pensionistas y el video fue grabado casi tres horas antes de que tuviese lugar la votación. Por otra parte, hubo más diputados adversos, de Vox y de Junts, por ejemplo, pero el presidente solo se lo recriminó al PP.

Desmentía a Sánchez el hecho de que el PP se manifestara siempre dispuesto a votar la revalorización si se presentara por separado y el Consejo de Ministros le daba la razón ayer al trocear el decreto ómnibus y dividirlo en dos: uno con la revalorización de las pensiones y otro con el llamado escudo social, la moratoria y otros asuntos.

¿No les dará vergüenza? Se pregunta uno y resulta que no, que no les da, pero tampoco se la da a sus socios (o cómplices) de Gobierno. Sumar no quería que el Gobierno separara la moratoria de los desahucios del resto de medidas del escudo social, pero finalmente lo hicieron y ayer expresaron su satisfacción por el resultado. ¿Arrepentidos por su error? Quia, ayer mismo entregaban a EFE un comunicado en el que advierten al PP que «ya no tiene excusas para aprobar las pensiones y el resto del Congreso deberá decidir si apoya medidas sociales que protegen a los más vulnerables y que ya están en vigor desde la pandemia».

Rectificará esa improbable vicepresidenta primera, María Jesús Montero, su opinión de que «hay partidos irresponsables que por motivos espurios, sectarios, que no tienen ninguna argumentación lógica, están votando en contra». Y eso era porque, en el caso de las pensiones, refleja lo que el Partido Popular «piensa íntimamente, y es que no es sostenible una revalorización de las pensiones para ellos».  

A uno le preocupa la actitud de los votantes y la de los periodistas de opiniones sincopadas, como la Bella Otero con una brillante opinión de la que dimos cuenta aquí: «hemos visto a las derechas dar una patada al Gobierno en el culo de los jubilados». ¿Reculará, por usar un verbo apropiado? ¿Lo harán Nacho Escolar, Silvia Intxaurrondo, Javier Ruiz, Rosa Villacastín, Max Pradera y demás purria opinante? No lo creo.