The Objective
Victoria Carvajal

Incompetencia, desidia, corrupción

«Que el Gobierno, en el poder desde 2019, quiera atribuir a los Ejecutivos anteriores del PP la responsabilidad de su mala gestión es una tomadura de pelo»

Opinión
Incompetencia, desidia, corrupción

Ilustración de Alejandra Svriz.

El ferrocarril, las carreteras, las presas, la red eléctrica… El grave déficit de mantenimiento de las grandes infraestructuras en España, denunciado desde hace años por los expertos, ha quedado al descubierto a raíz del accidente ferroviario de Adamuz en Córdoba y el choque de Rodalies en Barcelona. También por las lluvias persistentes de la última semana, que han disparado las alarmas sobre el estado deficiente de las presas. El deterioro es injustificable. En los últimos cuatro años el Gobierno de Pedro Sánchez ha dispuesto de dos palancas extraordinarias para actuar: los fondos europeos Next Generation, llamados a modernizar el país, y una sucesión de ejercicios con ingresos fiscales récord. ¿Incompetencia? ¿Desidia? ¿Corrupción? Los españoles son víctimas de una combinación de todo ello.

Desde 2021, cuando se activó el mecanismo de financiación europeo, ADIF se ha convertido en su principal beneficiario en España, con 4.350 millones de euros. La entidad pública dependiente del Ministerio de Transportes es responsable de la construcción, la gestión y el mantenimiento de la red ferroviaria de alta velocidad. A pesar de la entrada extraordinaria de fondos europeos, la inversión del organismo en la red ha sido deficitaria. Todo ello en un contexto de escándalos de corrupción ligados a la etapa del exministro José Luis Ábalos, irregularidades en la contratación y denuncias internas por deficiencias en el mantenimiento de la alta velocidad.

Las cifras son reveladoras: en 2016 España destinaba 738 millones de euros al mantenimiento de una red de 2.900 km de alta velocidad utilizada entonces por 20 millones de pasajeros. Diez años después, ese gasto ha descendido a 693 millones, a pesar de que la red se ha ampliado hasta los 4.000 kilómetros y el tráfico de pasajeros se ha duplicado. Más trenes, más viajeros, menos inversión: una combinación que, por desgracia, ha demostrado ser letal. Que el Gobierno, en el poder desde 2019, quiera atribuir a los Ejecutivos anteriores del PP la responsabilidad de esa mala gestión para que su ministro Puente salve el pellejo es una tomadura de pelo. 

Otra infraestructura clave para la seguridad, en este caso hidráulica, como son las presas, presenta también graves carencias de mantenimiento. Así lo ha denunciado la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos desde hace meses. Las intensas lluvias de las últimas semanas asociadas a fenómenos como la borrasca Leonardo han disparado ahora las alarmas. Estos expertos advierten de que una de cada tres de las 375 presas de titularidad estatal necesita refuerzos estructurales urgentes; el 50% requiere rehabilitación de sus desagües y el 75% carece de planes de emergencia. Un diagnóstico demoledor que ojalá no tenga consecuencias en las semanas de lluvias que se avecinan. 

También la red eléctrica está al borde del colapso. Casi un año después del gran apagón, que enfrentó a las grandes compañías energéticas con la empresa pública Red Eléctrica, las primeras acusan ahora a la segunda de retrasar la inversión en infraestructura para ampliar la capacidad del sistema y admitir así las nuevas peticiones de suministro que hagan las empresas industriales, los centros de datos o las nuevas promociones de vivienda. Y advierten de que, si no se toman medidas urgentes, la saturación extrema de las redes impedirá atender a esos nuevos clientes, impidiendo el crecimiento de la demanda industrial y residencial con consecuencias negativas en la actividad económica. La guerra no ha hecho más que empezar y en las próximas semanas veremos sus consecuencias.

«El país se gestiona con unas cuentas aprobadas por las Cortes Generales anteriores sin que haya pasado nada»

Puede que el Gobierno albergue la esperanza de que los ciudadanos se resignen a vivir con esta precariedad e inseguridad. Total, si no ha sido capaz de aprobar (ni tan siquiera ha cumplido con la obligación constitucional de presentarlos) un proyecto de presupuestos generales en sus tres años de mandato. El país se gestiona con unas cuentas aprobadas por las Cortes Generales anteriores sin que haya pasado nada. ¿Qué problema hay en que las inversiones necesarias en infraestructuras se vayan parcheando? Aunque sea, lamentablemente, a golpe de fatales accidentes. 

Pero crece la indignación. La presión fiscal no ha parado de aumentar desde que Sánchez llegó al Gobierno. Representa casi el 37% del PIB cuando hace 10 años era del 34%. Y los fondos europeos recibidos no han provocado la prometida transformación de la economía. A finales de 2025, España había percibido 55.000 millones de euros, el 70% de las ayudas no reembolsables previstas. De los fondos en forma de préstamos blandos aún no ha solicitado nada y es probable que no lo haga antes de que termine el programa este año, renunciando así a casi 80.000 millones de euros. Visto el precario estado de nuestras infraestructuras, ¿se lo puede permitir?

Es un síntoma más de la desidia e incompetencia del Gobierno. Como lo es el hecho de que lleve cinco ejercicios consecutivos obteniendo ingresos fiscales récord sin que esos recursos hayan servido para frenar el deterioro de los servicios públicos o las infraestructuras. Tras la fuerte caída de los ingresos en 2020 por culpa de la pandemia, la recaudación tributaria no ha cesado de crecer. En 2021 aumentó un 15% hasta los 223.390 millones de euros. En 2022 se elevó hasta los 255.463 millones. En 2023, a 271.935 millones. En 2024, a 294.734 millones. Y los datos preliminares de 2025 la elevan hasta casi los 302.000 millones. En total, un aumento del 35% en tan solo cinco años. 

¿En qué se los ha gastado? Porque el déficit público apenas se ha reducido. En 2024 representaba el 3,15% del PIB, aún por encima del límite del 3% establecido por Bruselas. Y es que los gastos han tenido un crecimiento medio anual del 11% desde 2021, según el INE. Sin unos presupuestos generales que sirvan para fiscalizar la gestión de los ingresos y gastos del Estado, difícilmente lo sabremos. Es otra forma de ocultar a los ciudadanos la ineptitud del Gobierno que los administra. ¿Cuánto más puede sostenerse esta deriva?

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