Sánchez: relación trascendental a la corrupción

Según nos indican las encuestas, la corrupción se encuentra en los primeros puestos de la lista de preocupaciones de los ciudadanos, quizás porque también es uno de los principales temas de información y debate en los medios. Lo cierto es que la corrupción ha estado desde el principio casi siempre presente en nuestro sistema político, y seguramente no sería exagerado afirmar que en el de la práctica totalidad de los países. Lo que tiene de especial la situación actual es que afecta una y otra vez a las capas más elevadas del sistema.

En otros momentos se ha circunscrito a ayuntamientos, a comunidades autónomas, organismos o empresas públicas, incluso a algún ministerio, etcétera, pero sin aproximarse demasiado a la cúspide del poder, excepto en el caso muy específico de los GAL. En la situación presente, por el contrario, es la cima la que de una o de otra manera se encuentra implicada. Todos los indicios apuntan a que estamos ante un estado generalizado de corrupción.

Ante los múltiples casos conocidos, el sanchismo está actuando siempre de la misma manera. Cuenta con un soberbio montaje de propaganda y dispone de potentes medios de comunicación. Niega todo, aun cuando existan pruebas evidentes. Y echa balones fuera hasta que se pronuncien los jueces. Identifican la presunción de inocencia del orden jurídico-penal con la suspensión de todo juicio y de toda opinión sobre el tema, como si de lo único que pudiéramos hablar o tener certeza fuera de aquello sobre lo que se ha dictado ya sentencia judicial.

Los tribunales de justicia y la propia democracia son instrumentos imprescindibles de convivencia, pero en ningún caso fuente de verdad. El hecho de que una conducta no esté tipificada en el Código Penal no quiere decir que no sea reprobable desde la óptica política, ética e incluso jurídica; y que no existan pruebas suficientes para una condena no implica que se carezca de certeza moral.

El sanchismo, al estar en el Gobierno, utiliza cualquier medio e instrumento a su alcance para dificultar la investigación. «No hay pruebas ni las habrá». Para este fin, vale todo. Desvían la atención de la opinión pública de los casos de corrupción, para centrarla en las motivaciones supuestamente bastardas de aquellos que los denuncian o los juzgan. Se instalan en la teoría de la conspiración. Se difama a los jueces y se les acusa de prevaricación. Se trastocan los papeles, los delincuentes se convierten en víctimas de una maquinación infame. En este proceso se producen curiosas paradojas. Los héroes y mártires de ayer acaban en personajes indignos, carentes de todo crédito e instrumentos de la conjura tan pronto como rompen la ley del silencio y reconocen los hechos o les resulta imposible mantener su inocencia. Se coloca el ventilador de manera que la mierda se expanda a los cuatro puntos cardinales, sin importar demasiado la disparidad en las situaciones ni la distancia en los tiempos.

«La gravedad de la situación se traduce en que el ‘estado de corrupción’ acaba siempre en una ‘corrupción del Estado’»

La corrupción es ante todo un estado, una forma de ser social, un parásito de nuestro sistema político, que abarca desde los escándalos altamente llamativos y donde están en juego muchos millones hasta los actos más nimios y anodinos. La gravedad de la situación se traduce en que el estado de corrupción acaba siempre en una corrupción del Estado, de sus instituciones y del juego democrático. No obstante, el proceso no siempre es en ese sentido. A menudo hay que preguntarse qué es antes, si el huevo o la gallina. Desde luego, en las dictaduras se produce el proceso contrario. La corrupción del Estado precede al estado de corrupción.

No es correcto afirmar que la corrupción se da en las dictaduras. Las dictaduras son en sí mismas corrupción. La antigua metafísica definía «la relación trascendental» no como una cualidad del ser, sino como una forma de existencia cuya esencia se especifica y se agota en ser relación a algo; pues bien, retomando, quizás abusivamente, este término, deberíamos decir que la corrupción no es una cualidad de los regímenes dictatoriales, sino, más bien, que estos son relaciones trascendentales a la corrupción.

Esta denominación no es exclusiva de las dictaduras. A veces existen regímenes que, bajo la forma de democracias, son también «relaciones trascendentales a la corrupción». En realidad, los sistemas democráticos han sido siempre una rara avis en el mapa internacional, una minoría, y la tendencia a la involución suele estar presente. Muchos gobiernos, aun habiendo llegado al poder por métodos democráticos y elecciones libres, pretenden perpetuarse en él por mecanismos ilegales, y algunos lo consiguen. Solo hay que echar un vistazo a Latinoamérica.

En otros casos, los gobiernos constreñidos en estructuras formalmente democráticas poseen vocaciones claramente dictatoriales y se esfuerzan en romper el armazón en el que se sienten incómodos, aumentando más y más los mecanismos autocráticos. Trump y Sánchez, aunque aparentemente enfrentados, son un buen ejemplo de ello. En todos estos regímenes, la corrupción del Estado es previa al estado generalizado de corrupción.

«En el sanchismo la corrupción es estructural, consustancial a este Ejecutivo, desde sus orígenes»

La corrupción de Estado no tiene parangón con ninguna otra. En el caso del sanchismo es una corrupción estructural, consustancial a este Ejecutivo, que está en él desde sus orígenes, desde el inicio, desde la misma moción de censura, que mancha a todos los que lo integran o lo han integrado, estigma que se mantendrá en el futuro y que será imposible de borrar. Durante toda su existencia, este Gobierno ha venido incurriendo en un cohecho endémico, una simonía política, mediante la que se compra con fondos públicos o con cesiones políticas la permanencia día a día en el poder. Han conseguido sus cargos y las prebendas alcanzadas posteriormente gracias a estos en Europa, a golpistas y a herederos de terroristas.

El sanchismo no es una dictadura, pero tiene vocación de serlo. Sánchez poco a poco va desembarazándose —todo lo que le es posible— de los componentes democráticos y de control que le estorban. Coloniza progresivamente todas las instituciones que están a su alcance: Fiscalía, Abogacía del Estado, Tribunal de Cuentas, Consejo General del Poder Judicial, Banco de España, Tribunal Constitucional, organismos autónomos, empresas públicas, etc., y trata de destruir o de neutralizar todo aquello que considera obstáculos para su forma autócrata de gobernar, sobre todo jueces y medios de comunicación. En este aspecto, Sánchez ha asumido todo el discurso de los golpistas catalanes. 

Sánchez extiende y dilata hasta lo imposible, hasta el límite, las costuras del sistema democrático. Prescinde del Parlamento, gobierna —como cualquier dictador— por decreto ley y no considera nada vituperable ni fuera de lo normal pasarse año tras año sin presupuestos. No distingue entre la verdad y la mentira. Considera que está por encima del bien y del mal. La ley no es igual para todos. Cree que la elección en las urnas concede a los políticos patente de corso.

Lo que resulta hipócrita es la postura de todos aquellos que hoy se rasgan las vestiduras por los casos concretos de corrupción y ven como algo normal que durante siete años Sánchez haya estado comprando el gobierno de la nación con todo tipo de dádivas y prebendas, a costa del erario público, y se haya garantizado la permanencia en la Moncloa a base de beneficiar a unas autonomías en perjuicio de las demás. Es difícil encontrar un caso mayor de corrupción.

«Deberíamos asombrarnos de la desfachatez de los voceros del sanchismo cuando afirman que tienen tolerancia cero ante la corrupción»

Deberíamos, sí, asombrarnos de la desfachatez de los voceros del sanchismo cuando afirman con total solemnidad que ellos tienen tolerancia cero ante la corrupción. Y lo dicen los que han modificado el Código Penal para rebajar las penas de la malversación y los que han aprobado una ley de amnistía eximiendo de culpa a todos los que se han apropiado de fondos públicos en Cataluña para desviarlos a una finalidad claramente delictiva, un golpe de Estado. Caiga quien caiga, afirman. Deberían añadir: excepto que sean independentistas catalanes.

Ante los múltiples casos de corrupción, Susana Díaz, que está y no está, con voz compungida afirmó, en una de esas tertulias que ahora frecuenta, que «todos los socialistas estaban avergonzados y afligidos», pero parece que no se avergüenzan de amnistiar a golpistas y defraudadores. Yolanda Díaz fue más allá y, cargada de razón, nos dijo que había llegado el momento de sacar adelante una ley que prohíba el indulto a los corruptos; y lo afirmó al tiempo que votaba una amnistía a los malversadores catalanes.

Si se coloca la causa, lo normal es que surja el efecto. No podemos después extrañarnos de ello ni rasgarnos las vestiduras. Este es un gobierno que piensa que el fin justifica los medios. Se ha saltado todas las líneas rojas. Su única finalidad es mantenerse en el poder. No acepta la alternancia. Todo es lícito con tal de que no gobierne la derecha.

El sanchismo desprecia el derecho y vilipendia a los jueces. Cuando se defiende la desjudicialización de la política, todo es posible, todo está permitido. ¿Corrupción?, ¿qué es eso? Después de siete años, ¿de qué nos vamos a sorprender? Relación trascendental a la corrupción.