¿Ciudadanos o siervos?

Hagámosle consejero de alguna empresa pública para garantizarle un ingreso y evitar que se vaya de la lengua. ¿Que no sabe nada del negocio? ¡Qué importa eso! Asegurémonos de que a mi entorno más cercano le caen unos contratos como parte del acuerdo de paz que estamos negociando. Contratemos a la acompañante profesional de la que se ha encaprichado el ministro en la empresa que más fondos Next Generation ha recibido. Negociemos una rebaja de los aranceles con quienes compren mis criptomonedas. No es tan grave comprar piedra no homologada para el firme de las vías si a cambio de mordidas compramos lealtades. ¿Por qué escandalizarse si mis hijos o yerno se llevan algún contrato relacionado con la Administración? No lo hice en mi anterior presidencia y nadie me reconoció esa renuncia. Démosle la subvención a la empresa candidata a patrocinar la cátedra de mi mujer para asegurarnos de que lo hace. Y, de paso, invéntense un puesto para colocar a mi hermano músico y a ver si el Ministerio de Cultura le patrocina. ¿Conflicto de intereses? ¡Bah!, eso es de pringaos, no de quienes somos los putos amos.

Sin principios, sin escrúpulos, con impunidad: ese es el estilo de liderazgo que comparten Donald Trump y Pedro Sánchez. Como buenos aspirantes a autócratas, les une el desprecio por los jueces que les ponen en apuros o que cuestionan sus decisiones políticas, la animadversión hacia la prensa no afín y el afán por negar legitimidad democrática al adversario político. Pero no solo eso. Comparten también una idea patrimonialista del Estado. Una forma de dominio donde los recursos y los cargos públicos son considerados como bienes privados del gobernante. Esa falta de distinción entre lo público y lo privado, tan frecuente en los regímenes autoritarios o las democracias más frágiles, se ha extendido por Estados Unidos con la Administración Trump, pero también por España con los Gobiernos de Sánchez.

No hay más que escuchar los testimonios de los implicados en algunos casos de corrupción a quienes se les ofrecía algún consejo en una empresa de participación pública como si de un premio de consolación se tratara. Sin importar sus conocimientos o capacidades. Es una prueba del gran respeto por lo público del que tanto presume el Gobierno de Sánchez. La politización en los altos cargos de las entidades públicas se ha disparado en los últimos años, como recoge la Fundación Hay Derecho en su edición 2024 del Dedómetro. La menor independencia de los máximos directivos de empresas públicas tiene consecuencias en los resultados, como demuestran las pérdidas de 501 millones en 2024 de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con participaciones mayoritarias en las deficitarias Adif, Renfe, Navantia o Correos, entre otras, gestionadas por afines al presidente sin apenas experiencia en la gran empresa.

Por no hablar de la financiación conseguida por Begoña Gómez para su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid. Con un intercambio de favores insólito entre la esposa del presidente del Gobierno y las empresas patrocinadoras, entre las que se encuentran Reale Seguros, Fundación La Caixa o la asociación empresarial Conpymes. Globalia, propietaria de Air Europa, rescatada durante la pandemia con 475 millones de euros de dinero público, contribuyó con 40.000 euros al Africa Center que promovía Gómez desde el Instituto de Empresa.

Por razones obvias, la capacidad de Trump de sacar tajada del poder que ostenta es infinitamente mayor. Su uso de la Presidencia en beneficio propio ha sido mucho más descarado y los beneficios, incomparablemente más cuantiosos. Pero la manera de actuar con prepotencia e impunidad es similar. Una investigación del consejo editorial del The New York Times, apoyada en análisis de diversos medios de comunicación, concluye que Trump ha utilizado la presidencia para obtener al menos 1.400 millones de dólares. En el mismo artículo se indicaba que la familia Trump ha ganado 867 millones de dólares en sus propias criptomonedas tan solo en 2025 gracias a la agresiva política de desregulación del mercado de estos activos que aprobó nada más llegar al poder. También que han ingresado al menos 23 millones de dólares por usar el nombre del patriarca en proyectos en el extranjero, desde un hotel en Omán hasta un campo de golf en las afueras de Riad. El documental sobre Melania supone un beneficio adicional de 28 millones de dólares.

Han criticado duramente a Felipe González por comparar hace pocos días a Sánchez con Trump. «La definición de puto amo de Óscar Puente sirve también para Trump», dijo el expresidente del Gobierno. «¿Quieren tener ciudadanos o prefieren tener siervos?». Para poder continuar con sus fechorías, está por desgracia bastante clara la respuesta. ¿Hasta cuándo?