La economía española se está desacelerando intensamente
«Se prevé una ralentización del crecimiento con requerimientos estructurales por abordar que el Gobierno no quiere ni puede parlamentariamente implementar»
Ilustración de Alejandra Svriz.
La economía española experimentó un sorprendente crecimiento del 2,8% en 2025, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Esta cifra superó incluso las expectativas del propio Gobierno español; si bien desde mediados del año pasado se está produciendo una clara desaceleración, aunque en el último trimestre se produjo un extraño crecimiento intertrimestral del 0,8%, inconsistente, con algunos indicadores adelantados como el empleo o las ventas en la campaña de Navidad. El aumento del PIB el pasado año estuvo impulsado principalmente por la demanda interna, con contribuciones destacadas del consumo privado apoyado por el fuerte incremento de la población, más de 625.000 personas solo el pasado año, y el gasto e inversión pública financiada con fondos europeos que se detraen a las empresas privadas y con un fuerte aumento de la deuda pública.
Asimismo, el turismo siguió siendo el motor del crecimiento con más de 97 millones de visitantes extranjeros que gastaron la cifra récord de 132.000 millones de euros. Además, los datos del INE pueden ser revisados a la baja, por su falta de coherencia con otras variables laborales. La demanda nacional aportó 3,8 puntos porcentuales al crecimiento interanual, aunque la contribución del sector exterior fue negativa con -1,0 puntos; lo que pone de manifiesto una pérdida de competitividad, en unos mercados internacionales penalizados por los aranceles.
La inflación cerró el año 2025 con un aumento del IPC del 2,9% en términos interanuales, según el Instituto Nacional de Estadística, un punto por encima del incremento de precios en la Zona Euro; lo que representará una pérdida futura de competitividad. La media anual del Índice de Precios de Consumo se situó en el 2,7%, una décima por debajo de la registrada en 2024. La inflación subyacente se mantuvo en el 2,6% en diciembre. La ligera moderación en los últimos meses del año obedeció principalmente al abaratamiento de los carburantes y la menor subida de los paquetes turísticos, que permitió una reducción del IPC al 2,4% en enero de este año, aunque la subyacente se mantiene; lo que pone de manifiesto la rigidez a la baja del núcleo duro de los precios. La política fiscal muy expansiva del Gobierno, a pesar de carecer de unos presupuestos actualizados, alimenta las tensiones inflacionistas agravadas además por la falta de las necesarias reformas estructurales que favorezcan la competencia y la eficiencia.
Aparentemente, el mercado laboral español mostró fortaleza el pasado año. El paro registrado cerró el ejercicio en 2.408.670 desempleados, representando la cifra más alta al final de año desde 2007; y la tasa de paro oficial se situó en el 9,9%; aunque sigue siendo la más elevada de la Unión Europea, seguida de cerca por la de Finlandia. Además, si se tuviesen en cuenta las 900.000 personas con contrato fijo discontinuo, sin actividad y que no computan oficialmente como parados, la tasa real de paro superaría el 13%. Los servicios lideraron la reducción del desempleo con 94.634 parados menos, debido a la hostelería fundamentalmente, seguidos por la construcción y la industria. Sin embargo, en enero de este año, los cotizantes a la seguridad social se redujeron en más de 270.782 personas, la mayor caída en este mes desde el 2012 en plena crisis, lo que ratifica la clara desaceleración de la economía española y pone en entredicho los datos de crecimiento del INE.
Según los datos oficiales adelantados, el déficit público consolidado de las Administraciones Públicas pudo situarse el pasado año entre el 2,5 y el 2,8% del PIB, mejorando oficialmente al 3,2% registrado en 2024. Esta reducción fue impulsada por el crecimiento económico, que generó mayores ingresos tributarios por la reversión de los descuentos fiscales en electricidad, gas y alimentos,y por «la fiscalidad en frío» provocada por no haber deflactado la tarifa del IRPF durante todo el mandato de Pedro Sánchez y por los Fondos Europeos; si bien el gasto público creció descontroladamente y la Seguridad Social registró un déficit superior al previsto, por lo que el déficit público real en 2025 puede haber superado el 3% del PIB.
«La deuda pública alcanzó un nuevo máximo histórico absoluto de aproximadamente 1,7 billones de euros el pasado año»
La deuda pública española alcanzó un nuevo máximo histórico absoluto de aproximadamente 1,7 billones de euros el pasado año, con un incremento neto de alrededor de 70.000 millones de euros durante el ejercicio. No obstante, la relación de deuda sobre PIB mejoró gracias al crecimiento nominal, es decir, incluyendo una alta inflación. El crecimiento de la deuda en términos absolutos obedece principalmente a la financiación del Estado, mientras que las Comunidades Autónomas mostraron una importante moderación.
El Fondo Monetario Internacional actualizó sus previsiones para la economía española el 19 de enero de 2026, mejorando significativamente sus estimaciones anteriores; estimando un crecimiento del 2,3% para 2026, tres décimas por encima de su estimación de octubre de 2025. A pesar de representar una clara desaceleración respecto al 2,8% de 2025.
La economía española afronta 2026 en un claro proceso de desaceleración, que según el FMI se acentuaría en el año 2027. Los pilares de crecimiento permanecen, pero con menor fortaleza; el consumo privado seguiría sustentado en un aumento de la población inmigrante; la inversión continuaría beneficiándose de los fondos europeos, aunque en su fase final de ejecución, y el turismo mantendría su fortaleza, aunque posiblemente menor a la mostrada en 2025, incluso por la pérdida de reputación que están provocando las deficientes infraestructuras ferroviarias y de carreteras, por falta de mantenimiento. Asimismo, las inversiones, sobre todo en centros de inteligencia artificial y de datos, unos 100.000 millones, se pueden ver limitadas por la saturación de la red eléctrica de distribución y por el posible cierre de las centrales nucleares.
Además, existen riesgos significativos que pueden convertirse en «cisnes negros» para la economía española; la incertidumbre geopolítica, el posible endurecimiento de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea, la persistencia de déficits públicos estructurales, y el crecimiento acelerado de la deuda pública en términos absolutos, configuran un panorama que requiere prudencia y la necesidad de reforzar los fundamentos económicos ortodoxos. En definitiva, se prevé una ralentización del crecimiento, con márgenes más estrechos de actuación y con requerimientos estructurales por abordar que el Gobierno actual no quiere ni puede parlamentariamente implementar, por lo que el crecimiento en el año 2027 será modesto.