Reuniones informales

Me he pronunciado en contra de las denominadas «reuniones informales» que se han puesto de moda tanto en la UE como en España. El Estado de derecho comporta que los poderes públicos actúen dentro de la ley, que sigan los procedimientos de toma de decisión establecidos y que alejen la arbitrariedad de sus cometidos. Porque la ciudadanía tiene derecho a saber a qué atenerse, a conocer cómo se deciden las cosas que les afecten y a poder atribuir a personas o entidades concretas las responsabilidades que, si las hubiera, derivasen del ejercicio inadecuado de sus funciones.

Pero cada vez conocemos más situaciones en las que se toman decisiones fuera de las instituciones, en reuniones informales a las que acuden vaya Vd. a saber quiénes, sin saberse si con competentes para ello, y, además, sin tener claros los efectos de lo hablado y/o acordado en tales citas. A veces, incluso, como cuando se han decidido cuestiones esenciales del funcionamiento del Estado autonómico en el extranjero, participando en la toma de decisión personajes que tienen que rendir cuentas ante la justicia. O en el ámbito de la UE, apartando de la deliberación a quienes van a estar sujetos a lo que en tales reuniones se prefigura, anticipando unos pocos (o unos muchos) lo que tiene que ser debatido y decidido entre todos.

Es curioso ver cómo la UE a veces no quiere regular un órgano, sino que, directamente, crea un mecanismo informal, el cual toma decisiones que son muy relevantes y afectan a los Estados miembros o a la propia Unión. Esos mecanismos informales, para mí, son un riesgo del Estado de derecho porque no se conoce a través de qué procedimientos se funciona, cómo se toman las decisiones, quién hace las propuestas, qué efectos tiene lo que deciden, etc. Al ser mecanismos informales no encuentran una regulación y no quedan claras cuestiones indispensables, y el Estado de derecho es imperio de la ley, es saber qué es exactamente aquello que nos puede pasar. Como dicen que Churchill decía (aunque no se sabe si es cierto, si non è vero è ben trovato) «La democracia es el sistema político en el cual, cuando alguien llama a tu puerta a las seis de la mañana, se sabe que es el lechero», y si no se tiene la certeza de cómo se toman las decisiones, no se sabe si es o no es el lechero.

Ha habido riesgos importantes a este respecto, por ejemplo, en el funcionamiento del llamado Eurogrupo, un mecanismo informal formado por los ministros que se ocupan de economía y finanzas, el comisario europeo del ramo y otros representantes de los órganos europeos. Simplemente porque ellos lo han acordado así, sin que esté regulado explícitamente, eligen a su presidente por mayoría y van tomando decisiones, las cuales son sumamente importantes porque siempre prefiguran lo que después decide el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin), que tiene repercusiones con respecto a las finanzas de la propia UE, los presupuestos de los Estados miembros, etc. Sería necesario regular, incluyéndolo en los Tratados, tanto la composición como el funcionamiento del Eurogrupo. Y así lo propuse en la Conferencia sobre el futuro de Europa, donde se acordó estudiar el tema.

También se ha constatado que, mediante un mecanismo informal, se han tomado decisiones que afectan a la ciudadanía, sin respetar ni tan siquiera la tradición del mecanismo informal concernido por el caso. Me refiero a lo que sucedió en una de las reuniones telemáticas de lo que venimos denominando «la reunión de los cinco presidentes», es decir, la reunión del presidente del Consejo, de la Comisión, del Parlamento Europeo, del Banco Central Europeo y del Eurogrupo. Se orilló la presencia del presidente del Parlamento Europeo, entonces el Sr. Sássoli, por considerar que, como italiano, tenía una posición favorable a la mutualización de la deuda para hacer frente a los problemas económicos derivados de la pandemia. También sería necesario regular de alguna manera estas reuniones para evitar que se realicen sin las debidas garantías en cuanto a la presencia de sus miembros y la toma de decisión de los mismos. También incluí esta propuesta en la Conferencia sobre el futuro de Europa antes mencionada. Pero ya sabemos que las conclusiones de la misma han caído en saco roto en su mayor parte.

O, más recientemente, podemos aludir a lo que ya parece una costumbre del Consejo, consistente en realizar una sesión informal previamente la reunión formal de sus miembros. La excusa es «pulsar» la opinión de los gobiernos de los Estados miembros y no tendría nada que objetar a esta «práctica» si no se hiciera una «convocatoria selectiva» de los participantes. España, como Estado miembro, ha sido excluida en varias ocasiones, quizás por méritos propios, pero ello obedece a otro tipo de análisis. 

Ciertamente, el resto de Gobiernos, y las instituciones de la UE, conocen el escaso espíritu europeo de nuestro jefe del ejecutivo, más pendiente de otros foros y objetivos que de aquellos que tendrían que presidir el funcionamiento de la UE. Lástima que haya quebrado la posición que teníamos en Europa, donde habíamos aportado, desde nuestra integración hace ahora 40 años, la ciudadanía europea, el principio de subsidiariedad con la alerta temprana, la propia elaboración de la Carta de los Derechos Fundamentales, entre otros logros; del mismo modo que hemos sido el único Estado miembro que ha ocupado por tres veces la presidencia del Parlamento Europeo (dos socialistas, Enrique Barón y Josep Borrell y un popular, José María Gil Robles). Hemos sido, y tendríamos que continuar siendo, un gran estado. Lo somos por población y por aportación a la construcción europea. Pero parece que estemos perdiendo tal carácter, por el alejamiento de nuestro Gobierno, que no está presente en ciertas reuniones. Las «informales», claro, porque no se le puede excluir de la toma de decisión formal.

«Tampoco es de recibo que, en temas que es necesario coordinar con la UE, desde el Gobierno español se actúe como si la UE no existiera»

Puedo entender que existan reticencias a la posición española, perdón, del Gobierno de España, en concreto de su presidente, respecto de la política de defensa que tiene que pergeñar la Unión Europea como consecuencia de las variaciones geopolíticas que se vienen observando en las últimas décadas, desde el Brexit a la irrupción de Trump con un segundo mandato totalmente escorado hacia su mayor pompa y gloria, salvo controles de un Tribunal Supremo al que consideraba «manejable» (¡¡¡ay!!!, los jueces…). Dicho esto, oponerse desde España al rearme europeo es de un infantilismo inaceptable en el momento actual. Al respecto tenemos, nunca mejor dicho, que navegar entre dos aguas, o tres, el Atlántico, el Mediterráneo y el Báltico, como escenarios de conflictos reales, que no son ya hipotéticos y que no sabemos cómo van a evolucionar, ni en Ucrania ni en África, puesto que si tenemos a Trump en Estados Unidos, tenemos a un Putin en Rusia presto a descabezar lo que haga falta para ir configurando esa «gran Rusia» de la nostalgia de una URSS perdida y a un Xi Jinping en China a quien ni los faustos del año del caballo de fuego pueden ocultar su agresiva política de penetración económica en América, África y Europa. Tres antidemócratas, a los que el Estado de derecho se la suda, cuyas políticas están condicionando la posición de la UE en este complicado tablero.

Tampoco es de recibo que, en temas que es necesario coordinar con la UE, desde el Gobierno español se actúe como si la UE no existiera. Me refiero, por poner ejemplos recientes, a la decisión de regularización masiva de emigrantes, sin tener en cuenta el impacto que ello puede tener en el resto de Estados miembros, o a la imposición de la baliza de señalización en vehículos sin respetar la normativa europea vigente con clara afectación del derecho a la libre circulación como derecho de ciudadanía europea. La Comisión Europea ha advertido claramente de ello al Gobierno de España.

Sin embargo, pese a esta actuación poco correcta de las autoridades españolas que, insisto, puede comportar desconfianza en nuestros socios europeos, la respuesta de aislar a España en las reuniones informales no es adecuada, ni en el fondo ni en la forma. Por una parte porque la complejidad de los asuntos que se tratan en ellos merece el contraste entre todos, aun sabiendo que se generan posiciones enfrentadas; precisamente por ello es necesario conocerlas en profundidad y poder apreciar si existen posibilidades de acercamiento. Por otra parte, porque, precisamente ahora, cuando empieza a cobrar cuerpo la posibilidad de que la UE funcione «a dos velocidades» y se extiende la idea de que las cooperaciones reforzadas, en los temas controvertidos, se conviertan en un modus operandi más generalizado, no podemos quedarnos en la retaguardia, como ha sucedido en la última reunión informal previa a la del Consejo.

Las políticas que entroncan con la Unión Europea, aunque no solo ellas, son políticas «de Estado». Al menos tendrían que serlo y ello obliga, también, a acuerdos internos que no provoquen desestabilización o desajustes según alternancias gubernamentales. Además, no podemos permitirnos el lujo de quedar desplazados de los grandes temas inherentes a la compleja posición geoestratégica que hemos de abordar, como UE, en los tiempos actuales. Ni es dable que se hurte el debate interno, como se está realizando, prescindiendo del Parlamento y acordando las decisiones con exiguas minorías radicalizadas, ni tampoco lo es que desde la UE lo informal supla lo formal y se prefiguren las grandes decisiones fuera de las instituciones en reuniones informales. Lo que consideramos inadecuado para España también lo es en el marco europeo. La inseguridad jurídica que se provoca con todo ello quiebra directamente lo que ha de ser el Estado de derecho en la UE y sus Estados miembros.

El Gobierno español está obligado a generar confianza interna y externa, actuando dentro del marco legal en toda la extensión del término. Y la Unión Europea está obligada a generar los acuerdos europeos mediante el diálogo con todos los Estados miembros jurídicamente establecido. No valen atajos informales. Tienen los instrumentos legales y políticos necesarios para ello. Lo que les está faltando es voluntad.